Acuse de recibo
«¿Por qué dejar en el limbo de la legalidad a un ciudadano?», pregunta Maritsa Rodríguez Gómez, residente en Avenida 1ra. No. 2, entre 13 y 14, Santa Marta, en el municipio matancero de Cárdenas. Y relata una historia absurda, de imposibles burocráticos.
La señora es jubilada, después de haber trabajado 38 años en el sector de la Construcción. Y desde 1996 reside en esa vivienda, que fue un medio básico de la ECOA 36. En 2009 fue autorizada por el Director de esa empresa y por la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) de Cárdenas a ejecutar una ampliación de la casa con esfuerzo propio y licencia de construcción, que concluyó en 2014.
En 2016, Maritsa recibió la Resolución 423 del propio año del Ministro de la Construcción, para pasar a propietaria de la vivienda, pero en la misma no se describía la ampliación ejecutada. Ella indagó, hasta que supo que en 2015 la ECOA 36 envió al Ministerio de la Construcción (Micons) el expediente de la casa para su desvinculación con una tasación de 2010 ya vencida, la cual, lógicamente, no incluía la ampliación autorizada.
En tres años de reclamaciones para que se describa correctamente la vivienda y se subsane el título de propiedad, esta es la secuencia de los fracasos: la ECOA 36, al entregarle la Resolución con la omisión en 2016, le orientó obtener el habitable, gestión que le negaron en la Dirección de Planificación Física de Cárdenas. Y ahora la ECOA 36 refiere no ser responsable, porque ya la vivienda es propia.
La Dirección Municipal de la Vivienda de Cárdenas no subsana el título de propiedad, a pesar de reconocer en la Resolución 1589 de 2016 que «no existen acciones constructivas de carácter ilegal», y suscribir que «la promovente realizó acciones constructivas amparadas en licencia». Y la remitió a la Dirección Municipal de Planificación Física, donde refieren que el problema es de la Vivienda, pues no tiene solución, porque la licencia fue estatal, y ella construyó entonces en un medio básico con esfuerzo propio.
El Micons concluyó «que existen irregularidades en todo el proceso… y que esa irregularidad califica como ilegalidad». Precisa que «según lo establecido, la Licencia de Obra y habitable le corresponden a Planificación Física».
El Instituto de Planificación Física (IPF) señala que «no hay procedimiento para solucionar el caso». Se le remitió al Micons, y este la envió a la OSDE de Construcción y Montaje. Llamó a Atención a la Población de esta última y le respondieron que debe esperar que le avisen, pues se está analizando el caso.
En Fiscalía General de la República la remiten a Fiscalía en Matanzas, y en esta a Fiscalía en Cárdenas. Esta, en primera instancia se acoge a la respuesta del IPF y ante la inconformidad de Maritsa, la remite a Fiscalía provincial. Al reclamar, la remiten de nuevo a Fiscalía en Cárdenas.
En esta última, la citan y le responden, verbalmente, no por escrito, que su queja fue archivada. Y ante la insistencia de Maritsa, remiten el caso a la Comisión de Enfrentamiento a ilegalidades del Poder Popular en el municipio.
«Ahora debo esperar que se reúna dicha comisión; pero, ¿qué van a analizar por ilegalidad? ¿A mí, por estar reclamando, o a las instituciones que me autorizaron y ahora no tienen un procedimiento para legalizar mi situación?
«Este asunto no lo provoqué yo, y estoy pidiendo ayuda para encontrar una solución legal. Teniendo presente que fui autorizada por el máximo responsable de aquella vivienda a efectuar los trabajos, y con pleno conocimiento permitió la ejecución y conclusión de la misma».
Además, construí estrictamente lo autorizado y en el lugar indicado, según la licencia de construcción. Si técnica, legal o administrativamente se violó o erró en algo, no fui yo. Y ahora soy la afectada. Debo agregar que desde octubre de 2017 contraté en el Bufete Colectivo de Matanzas a una abogada que me representa, pero hasta la fecha no ha logrado solucionar el problema.
«En entrevista en el IPF con el funcionario que atendió mi queja, este me dijo: “Como usted hay miles de personas en este país… No hay un procedimiento para solucionar el caso”. Y sentenció: “Tu empresa, el Micons, la Vivienda, la UMIV y cuantas personas y entidades están involucradas en el caso, te pusieron en el limbo”».
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