Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

El pasado 1ro. de febrero, el campesino Orestes Rodríguez Vega, socio de la cooperativa de créditos y servicios (CCS) Benilde Orozco, en Veguitas, municipio granmense de Yara, declaró aquí sentirse engañado y dañado por las autoridades de ese territorio que no habían cumplido con él.

Contaba Orestes que en 2012 esa CCS, y él como su representante, solicitaron al Gobierno municipal de Yara y a Planificación Física un permiso para instalar un punto de venta de productos agropecuarios en Veguitas, lo cual fue aprobado. Todo funcionó bien, hasta que comenzaron los robos de personas que aprovechaban la vulnerabilidad del quiosco. Y los daños económicos fueron elevados.

Se construyó entonces un local más seguro, de mampostería, autorizado por el Gobierno local y Planificación Física. Según Orestes, el valor de la obra, 60 000 pesos, fue costeado íntegramente por él.

Pero en 2014 llegó una orden del Gobierno municipal de que no se podía seguir vendiendo allí, porque el local se iba a utilizar como un consultorio médico. Entonces Orestes, como inversionista de la CCS, reclamó al Gobierno municipal, argumentando que si era necesario el local aquel debía indemnizarle los gastos en que había él incurrido. Y mantenía esta demanda todavía en su carta a esta sección.

Responde Fernando Enrique Baliño, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Yara, que el 16 de mayo de 2012 el Consejo de la Administración Municipal (CAM) le aprobó a dicha CCS la ubicación de un punto de venta en el citado lugar, previa solicitud de la Dirección de Planificación Física (DPF), la cual emitió el Acuerdo 82 de ese año, autorizando el uso temporal del suelo.

Y en 2013, la DPF emitió la Resolución 131 de 19 de julio, autorizando la reconstrucción del punto de venta. Y el documento de Planificación Física autorizaba el uso temporal del suelo hasta tanto una de las partes demandara su cese. En él se precisaba que, si se tomaba la decisión por Planificación Física, no había responsabilidad de resarcir los gastos del inversionista. Y la dirección de la CCS quedó conforme con ello.

Asegura Baliño que la CCS presentó un documento a la DPF con la decisión de no continuar haciendo uso del local. No obstante, añade, se creó una comisión para verificar tal paso, el cual fue ratificado por la Asamblea de la CCS, una vez comprobado que tal decisión de dejación fue motivada, entre varias causas, por haber pagado unos 2 500 pesos por multa impuesta por la ONAT el 9 de mayo de 2014, como consecuencia de la evasión fiscal. Fue cuando el CAM emitió el Acuerdo 1027 de 2015, entregando el local a la Dirección Municipal de Salud para adaptarlo como consultorio médico.

Explica Baliño que es la CCS, como persona jurídica y representada por su presidente, la que realiza los trámites jurídicos, y no una persona natural. A Orestes no le corresponde la reclamación, se le ha explicado varias veces, aparte de las respuestas escritas del presidente de la Asamblea Municipal de Yara, las direcciones municipal y provincial de Planificación Física y la Fiscalía Municipal, entre otras instancias. «No le asiste la razón», afirma.

Añade que en marzo de 2016, el nuevo presidente de la CCS, incitado por Orestes, solicitó el uso del local o la indemnización por este. «Y se le explicó en varias ocasiones los procedimientos realizados por ellos mismos, recordándole que el cese del uso del local también fue aprobado en su Asamblea. En esta ocasión, también se realizaron investigaciones por Planificación Física Provincial y otras instancias, declarándose una vez más sin lugar esta petición».

En cuanto a que Orestes financió la obra, plantea, que de ser real fue una violación legal, pues la CCS es la única autorizada a incurrir en gastos financieros y materiales. Y acerca de lo planteado por el reclamante, de que hubo que rehacer lo edificado con materiales duraderos, por los robos, señala que «nuestro municipio es uno de los de Granma que tiene más bajos índices de manifestaciones delictivas en cuatro años consecutivos, y mantenemos una aceptable tranquilidad ciudadana».