Acuse de recibo
El pasado 2 de agosto Carlos Daniel Debs, de Niquero, Granma, censuraba la morosidad en el pago por la Empresa Pesquera de ese territorio a los pescadores privados que, como él, tienen contrato con esa entidad. Y hoy responde Jorge Arias, director general de la Empresa Pesquera Industrial de Granma (Epigran), que la Empresa Pesquera Industrial de Niquero (Epiniq), a la cual se vinculaba Carlos Daniel, expiró en julio de 2016 y se integró a la Epigran, la que asume sus derechos y obligaciones.
En 2007, añade, Cuba autorizó la pesca comercial privada, para ordenarla y eliminar violaciones, lo que permitió que esos pescadores vendieran sus capturas a las empresas pesqueras con precios competitivos. Se hizo un proceso de discusión con los propietarios de embarcaciones, que, en Granma, la mayoría de estas se habían construido ilegalmente. Se promovió su legalización, y los propietarios se comprometieron a realizar las pesquerías y vender su captura a las empresas.
Se firmaron contratos de venta, con derechos y deberes de Empresa y propietarios, incluidos mecanismos de reclamación por incumplimiento. El contrato estipula un término de pago de 30 días, la venta de petróleo a cinco pesos el litro, a razón de 180 litros por cada tonelada de pescado vendida, y la de hielo siempre que haya disponibilidad.
El impago a dichos pescadores, señala, lo causó la crítica situación financiera de la Epiniq, que al cierre de junio acumulaba deudas de más de cinco millones de pesos, por atrasos en el pago de créditos e intereses bancarios, de obligaciones tributarias, y a suministradores, entre otras razones.
Desde la fusión, Epigran inició gestiones para saldar deudas, incluida la contraída con los pescadores. Primero debía lograr el financiamiento, por crédito bancario o con acciones internas como mover hacia Niquero parte de los fondos que tenía para pagar la pesca comercial privada en Manzanillo. Se requería tiempo para tramitar y aprobar el crédito bancario y la nueva cuenta en Niquero. Ya en estos momentos, se liquidó la deuda con esos pescadores, asegura, y se cumple lo contratado, y se garantiza la venta de combustible a pescadores privados a cinco CUP el litro, precio que ellos ven excesivo, pero es el aprobado por el Ministerio de Finanzas y Precios; precio del que las empresas pesqueras no logran ganancia, pues pagan a Cupet a 0,80 CUC el litro, lo venden al pescador a cinco CUP, retienen 0,80 CUP y aportan la diferencia al presupuesto del Estado. Se les vende el hielo acorde con la disponibilidad, pues la producción no cubre las necesidades; y se priorizan las embarcaciones de mayor resultado, como la de Marino Vargas Anaya, con quien labora Carlos Daniel.
Con la pesca comercial privada, acota, la CTC creó secciones sindicales en las bases de pesca. Un especialista de la Empresa atiende la pesca comercial privada; con él puede tratarse cualquier queja. Los propietarios de embarcaciones y tripulantes tienen el derecho a exponer inquietudes a la entidad y recibir respuestas.
De por qué la pesca comercial privada no forma parte del grupo de actividades listadas para el trabajo por cuenta propia, señala que corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pronunciarse al respecto.
Refiere que en entrevista, Carlos ratificó la demora en el pago y entendió las causas, pero «con toda razón» alegó falta de información oportuna. Solo se le había comunicado que no había dinero. Ratificó sentirse desatendido en el municipio. Marino calificó de buena la atención municipal, y de la mora del pago adujo falta de información.
Sobre el «desaliento» de pescadores comerciales de Niquero, Arias dice que respeta ese criterio personal, consciente de que la morosidad en el pago causa malestar; pero «a la vez estamos convencidos de que los pescadores que siempre cumplen con las entregas, como el patrón de la embarcación donde labora Carlos Daniel, mantendrán la decisión de continuar contratados y entregar la producción a la empresa».
Otros seguirán en la ilegalidad, añade, con artes de pesca no autorizadas, dañinas al medio ambiente, violando períodos de veda, de pesquerías en zonas protegidas, capturando especies en peligro de extinción; pescando y comercializando especies tóxicas, como la picúa, y especies no autorizadas, como el camarón y la langosta; así como en la compraventa ilegal de productos del mar a pescadores estatales y el robo de artes de pesca estatales.
A pesar de las medidas asumidas, ya se han decomisado en el país en lo que va de año 24 toneladas de langosta, 37 de pescado, seis de quelonios y seis de camarón, así como 32 kilómetros de redes, concluye.
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