Acuse de recibo
Leonel Consuegra Veitía (El Aserrío 24, reparto 72, Manicaragua, Villa Clara), trabajador por cuenta propia en reparación de bicicletas, no se conforma con lo que considera una injusticia y aún alberga esperanzas.
El 1ro. de abril pasado, precisa, dos inspectoras de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) en su municipio, junto a un agente de la Policía, fueron a su hogar y le pidieron la documentación establecida. Y aunque todo estaba en orden, le informaron que lo multaban con 1 500 pesos —según inciso j del artículo 5 del Decreto Ley 315, de 2013— por tener personal ajeno trabajando en el taller.
Él les explicó que trabajaba solo, y apuntaron hacia su hijo, quien estaba en el patio de la casa arreglando su propia bicicleta. Señaló que era su hijo, y el agente le respondió que entonces buscara otro sitio para hacerlo.
«Mi hijo, afirma, tiene 16 años, y desde pequeño arregla su bicicleta, mucho antes de yo tener licencia. ¿Cada vez que tenga problemas con su bicicleta debe abandonar su hogar porque el padre es cuentapropista?».
El 4 de abril Leonel reclamó al director de la DIS Municipal, quien respondió el 11 que era sin lugar. Mostró su desacuerdo, y aquel le dijo que la reclamación llegaba hasta ese nivel. Ese mismo día fue a Fiscalía Municipal, entidad que le respondió, el 11 de mayo, que la reclamación no tenía lugar. Allí, preguntó si habían entrevistado a los testigos de él, y le respondieron que no tenían que investigar con nadie, que con la respuesta del jefe de la DIS bastaba.
Y le sugirieron que si estaba en desacuerdo se dirigiera a la Fiscalía Provincial. Lo hizo, y el 29 de junio le respondieron para confirmar la decisión de la instancia municipal: que no podían quitar la multa, pues era competencia del Gobierno municipal, adonde debió ir desde el inicio. Habló con un funcionario de la Asamblea Municipal del Poder Popular, quien le explicó que, por diferentes causas, en julio y agosto el presidente de ese órgano no atendería a la población. Que le avisaría...
El 2 de septiembre se dirigió al vicepresidente de la Asamblea que atiende a los cuentapropistas, quien le dijo que era muy tarde y nada podía hacerse. El 6 de septiembre fue a la Asamblea Provincial del Poder Popular, con la funcionaria de Atención a la Población, quien se comunicó con su homóloga municipal y le hizo saber a él que eso era competencia del municipio.
«Cuando fueron a la casa, acota, el agente de la Policía tomó fotos y videos. Quiero que en una investigación seria lo muestren para ver quién dice la verdad, y podrán comprobar dónde estaba mi hijo y qué hacía. Solo pedí al jefe de la DIS, a la Fiscalía y al vicepresidente que fueran a la casa con los que impusieron la multa y comprobaran con los testigos. Que investiguen con los factores de la comunidad y comprobarán que conmigo, categóricamente, no trabaja nadie.
«Todas las partes consultadas plantean que la reclamación muere con la respuesta del director de la DIS Municipal. Pienso que mientras haya directivos y funcionarios sensibles, mi caso sigue vivo.
«Cuando comprueben con los testigos en el lugar de los hechos, aunque el dinero no regrese, estaré satisfecho, porque al fin se habrá hecho lo que no hicieron quienes dan respuestas con un bolígrafo apoyado en un buró», concluye.
En abril de 2015, de vacaciones de su misión como colaborador en Venezuela, Luis Mario Claro Quintana (Plaza Roja 219, Banes, Holguín) compró un televisor marca LG de 32 pulgadas en la TRD Nuevo Siglo, de esa localidad, el cual puso a nombre de su esposa, Tania Rodríguez.
El 7 de abril de 2016 hubo que reportar el equipo por avería. Fueron los técnicos de Copextel, el 12 de ese mes, y diagnosticaron rotura de la pantalla Led, sin arreglo ni cambio por no haber equipos para reponer. Recogieron el equipo y se acordó el reintegro del dinero a la tarjeta de colaborador de Luis Mario.
Tales casos, precisa, son atendidos en Banes por la compañera Milena, que radica en la TRD Las Novedades de ese municipio y con quien se ha contactado en varias ocasiones desde entonces, sin que haya habido una respuesta convincente, ni se le haya reintegrado el dinero.
Para Luis Mario es una falta de respeto y un soberano maltrato, pues en todo este tiempo su esposa contactó, además, con las instancias provinciales correspondientes, sin que haya respuesta efectiva alguna.
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