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Otra investigación por el intento de golpe de Estado se encuentra en una etapa más avanzada. Autor: Tomada de Terra Publicado: 17/06/2025 | 01:34 pm
BRASILIA, jun 17.- La Policía Federal de Brasil acusó al expresidente Jair Bolsonaro de espionaje ilegal durante su mandato de gobierno. La imputación, que forma parte de una investigación más amplia sobre la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), también involucra a otras 34 personas.
La sentencia por el caso de espionaje ilegal podría conocerse en los próximos meses, mientras que la investigación por el intento de golpe de Estado se encuentra en una etapa más avanzada.
Entre las personas acusadas formalmente se encuentran también su hijo Carlos Bolsonaro, el exdiputado y exdirector de la ABIN, Alexandre Ramagem, entre otros. Según el informe policial de la investigación por el caso conocido como ABIN Paralela, los acusados conformaron una organización criminal que utilizó métodos ilegales para vigilar a políticos, periodistas, abogados y críticos del gobierno de Bolsonaro (2019-2022).
Estos datos policiales, indican que el espionaje se llevó a cabo mediante el acceso no autorizado a dispositivos electrónicos, como celulares y computadoras, con el fin de recopilar información sensible. De acuerdo con este informe concluido y enviado al Supremo Tribunal Federal (STF), esta organización criminal habría utilizado el sistema de geolocalización israelí FirstMile, herramienta que permite rastrear los movimientos de las personas mediante su teléfono celular.
El software fue adquirido por Abin, la Agencia Brasileña de Inteligencia en 2018, durante el gobierno del entonces presidente Michel Temer (MDB), en dos contratos por un total de 8,1 millones de reales brasileños, reporta Telesur.
Una de las pruebas recabadas por la Policía Federal (PF) es la grabación de una reunión celebrada el 25 de agosto de 2020, a la que asistieron Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, el general Augusto Heleno, y las abogadas del senador Flávio Bolsonaro, Luciana Pires y Juliana Bierrenbach.
La reunión se celebró para discutir estrategias de seguimiento a los auditores de la Hacienda Federal responsables de una investigación contra el hijo del expresidente.
La reunión fue grabada en audio, el cual fue localizado por la PF en uno de los seis teléfonos celulares y cuatro cuadernos incautados en Ramagem durante la operación de Vigilancia Estrecha. En julio del 2024, el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), levantó la confidencialidad de la grabación.
Esta práctica ilegal permitió al entorno de Bolsonaro obtener información que luego era utilizada para atacar públicamente a sus opositores. Los investigadores señalan que Bolsonaro no solo tenía conocimiento del esquema, sino que también se beneficiaba de él.
Mientras tanto, su hijo Carlos Bolsonaro, conocido por liderar las redes sociales de su padre, habría utilizado la información obtenida de forma ilegal para lanzar campañas de desprestigio en contra de las personas espiadas.
Entre los objetivos del espionaje se encontraban figuras prominentes del ámbito político y judicial, como el juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes, el senador Renan Calheiros y los expresidentes de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia y Arthur Lira.
