Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

El pasado 7 de abril, los vecinos del edificio con el número 11619 de la avenida 35, en el municipio capitalino de Marianao, denunciaron aquí las pésimas condiciones constructivas de ese inmueble desde hace años, y los desprendimientos de fragmentos de concreto que amenazan la vida de sus ocupantes.

Contaban que en 2013, tras plantear el asunto reiteradamente en las asambleas de rendición de cuenta, les dijeron que se había aprobado un presupuesto para la reparación del edificio, la cual comprendería las áreas externas a las viviendas que más ofrecen peligro. El arreglo interno (solo dos de los 25 apartamentos tienen problemas serios en su interior) lo asumirían los vecinos, por esfuerzo propio.

Y en octubre de 2015 fue que llegó la brigada constructora para hacer los primeros trabajos. Pero a fines de diciembre de ese año plantearon que tomarían un receso para continuar en 2016, pues el presupuesto ya estaba aprobado. Pasaron tres meses y la brigada ya había recogido sus andamios y herramientas. Dijeron que no sabían cuándo regresarían, pues la ejecutora de la obra a la que se subordinan, la UEB Marianao, de la Empresa Provincial Constructora de Administración Local 3 (ECAL 3), no daba una respuesta clara.

El delegado del Poder Popular fue al Gobierno Municipal, a la UEB ECAL, a la UMIV y a todos los factores involucrados. Pero hasta entonces no se había podido desenmarañar el nudo burocrático que aplazaba la obra.

Los vecinos fueron a la UEB ECAL (no era la primera vez que lo hacían) el pasado 31 de marzo, para conversar sobre el asunto con el directivo Pavel, quien los había citado a las 8:30 a.m. Pero no pudo atenderlos.

«No entendemos cómo en medio del llamado hecho por la administración de nuestro Gobierno para alcanzar una empresa socialista eficaz y eficiente, algunos incumplan con la responsabilidad que tienen de prestigiar la misma y ponerla al servicio de nuestro pueblo», concluían.

Al respecto, el pasado 3 de junio recibimos respuesta de Joan Hernández Howe, director de la ECAL 3, fechada el 19 de abril. Y en la misma se consigna que la queja se refería al Bloque 2 del citado edificio, pues en el 1 y el 3 habían sido realizado los trabajos, «de los cuales tenemos evidencias de la calidad de los mismos».

Y precisa que las obras del Bloque 2 se encuentran dentro el Plan nominalizado del programa de Rehabilitación Integral de Edificios para el año en curso. En tal sentido, informa que «el presupuesto de dicha obra fue entregado el 7 de abril de 2016 a la compañera Yanet Peralta Díaz, jefa del Departamento de Conservación de la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda; y nuestra entidad no puede acometer los trabajos constructivos hasta tanto sean discutidas por esta entidad la cuantía y forma de pago con los vecinos, que según la UMIV, se realizará del 18 al 23 de abril».

La respuesta anexa también resultados de una encuesta realizada con vecinos del Bloque 1 del edificio, los cuales valoran que se había realizado un buen trabajo allí.

Agradezco la respuesta, pero varios aspectos elusivos de la misma merecen algunos comentarios: ¿Por qué no se esclarecen las razones por las cuales la brigada había abandonado la obra sin concluirla, y sin informarles a los vecinos? ¿Por qué no se transparentan las causas de que tantas gestiones de los vecinos afectados recibieran la callada por respuesta? ¿Qué hubiera sucedido si los vecinos no hubieran escrito y esta columna no hubiera revelado su denuncia?

Las encuestas con los inquilinos del Bloque 1, que sí se había concluido, con todas las buenas opiniones que recogen, no compensan los estados de opinión negativos de los del Bloque 2, que vieron irse la brigada sin concluir las labores.

No se esclarecen los asuntos solo con anunciar que el mismo 7 de abril —día por cierto, en que se publicó la queja— se entregó a la UMIV el Presupuesto de la obra, que está incluida en el Plan de 2016. Una respuesta pública debe transparentar con claridad, incluso hasta en lo que se falló o en los imponderables que concurren, para aclarar los cuestionamientos de los afectados.