Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Magyoren Iglesias Borges (Edif. 39, Apto. 14, Reparto Caribe, Moa) no podía creerlo cuando el pasado 5 de enero, en la terminal de ómnibus de esa localidad holguinera, intentó reservar dos pasajes con destino a Jagüey Grande, provincia de Matanzas, para el mes de marzo.

Entonces, la empleada le dijo que no podía venderle hasta Jagüey Grande, que debía pagar el pasaje ¡hasta La Habana! Magyoren, que siempre había comprado su pasaje hasta Jagüey Grande, le preguntó cuándo se modificó lo que estaba establecido y qué instancia lo había hecho. Solicitó también cuál era el documento que validaba la nueva regulación. Y la respuesta fue que lo viera con la administradora, que esa era la indicación.

La pasajera se personó ante la administradora y le expuso su inconformidad, sobre todo cuando en la taquilla no aparecía, a manera de aviso, documento alguno ni ningún otro elemento que permitiera entender tal decisión. Solo supo algo tan vago como que la agencia no recaudó lo que debía en el año anterior o algo similar.

La lectora intentó en un primer momento explicar que la población no es responsable de ello. Si existiera una salida para Matanzas, no necesitaría viajar en el ómnibus de La Habana, lo mismo que las personas que viajan a Santa Clara, Ciego de Ávila u otra provincia distinta de la capital.

Y la administradora le explicó que la Agencia Moa no recaudó en 2015 el monto que debía, ya que esas dos salidas se contemplan para la capital del país y en realidad todas las personas no viajan para La Habana. Por tanto, el sábado anterior había recibido una llamada de la provincia donde le indicaban que no podía vender «tramos», sino hasta La Habana, fuera donde fuera el pasajero.

Magyoren le preguntó sobre el documento legal que establece esa normativa, y la administradora respondió que en ese momento no lo tenía, pues le dijeron que ya lo tenían en formato digital en una memoria y lo enviarían.

«¿Por qué tengo que pagar lo que no voy a utilizar?», cuestionó la pasajera, y solicitó el nombre de la persona y el teléfono de donde había venido la indicación. Se los dieron: María de los Ángeles y Luis Enrique, y el número telefónico.

Molesta salió de allí y se presentó en las oficinas de Atención a la Población del Poder Popular, donde explicó su queja, y llenaron una planilla que ella nunca firmó. A propósito, Magyoren preguntó si tenía que firmar, y le dijeron que no.

La funcionaria que le atendió le explicó que haría las gestiones vía telefónica para darle una respuesta, pero el tiempo de la denunciante se terminaba y tuvo que retirarse.

Más tarde llamó por teléfono, y la respuesta fue que se presentara con la administradora, que le venderían los pasajes para el destino solicitado. «Nunca se me preguntó, afirma, si estaba conforme o no con la respuesta. Indiscutiblemente, no estaba de acuerdo, porque sin una consulta, sin previo aviso, sin una explicación medianamente razonable… Así, porque un dinero no fue recaudado, hay que pagar el pasaje hasta La Habana y punto.

«No, yo, ciudadana cubana, con los derechos que la ley de este país ha establecido, digo que no lo puedo aceptar. (...). Puedo estar incluso equivocada en algún punto, pero en el momento en que sucedieron estos hechos, fue una falta de respeto a las personas que concurrimos allí.

«Desafortunadamente este es un mero grano dentro del granero, y conductas como estas desalientan. El granero lo llenan cada uno de los meros granos, y los meros granos diseminados por el país pueden revelar conductas negativas que dañan la Revolución», afirma Magyoren.

Uno se pregunta al final de esta historia: ¿por qué pagar hasta La Habana? ¿Qué hay detrás de ello? Esperemos que el Ministerio de Transporte dilucide el enigma.