Acuse de recibo
La política agrícola del país es una sola, y nadie puede desentenderse de ella ni obstaculizarla. Mas, para que eso no suceda, las autoridades pertinentes no pueden flaquear y están obligadas a hacerla cumplir frente a los que pretenden desconocerla.
Nelson Otero Chamizo cuenta que fue beneficiado en mayo de 2014, por el Decreto-Ley 300, con la entrega de 13,42 hectáreas de tierra ociosa en calidad de usufructo para hacerlas producir, en Antigua Gansera, del Consejo Popular Australia, municipio matancero de Jagüey Grande.
Pero desde entonces no ha podido hacer fructificar las tierras, porque la granja agropecuaria de la Uneca en Varadero las mantiene ocupadas ilegalmente con crianza de ganado mayor, en medio del marabú.
Nelson reclamó a la Delegación de la Agricultura de Jagüey Grande. En respuesta, el Delegado municipal y la Jefa de la Oficina de Registro de la Tierra le informaron que le daban un plazo a la granja agropecuaria de la Uneca, hasta el 15 de marzo de 2015, para desocupar esas tierras. Pero los de la granja se han negado a cumplir el mandato y no extraen el ganado, alegando que durante años han venido haciendo esas labores.
«La actitud asumida por la granja agropecuaria, refiere, es totalmente ilegal. Y el hecho de ser una entidad estatal con personalidad jurídica no le da derecho a adoptar decisiones fuera de su jurisdicción».
Nelson no ha podido cumplir con su plan de producción y acopio. Ni siquiera preparar el terreno, porque la existencia de ganado mayor en esas aéreas imposibilita el crecimiento y desarrollo de las plantaciones de cultivos varios que planificó.
El demandante también reclamó ante la Delegación Provincial de la Agricultura, pero han transcurrido cuatro meses y no ha recibido respuesta, a pesar de que se ha dirigido a la Delegación Provincial en cinco ocasiones, y a la municipal en ocho.
«La provincia, dice, tiene un término de 60 días para dar respuesta, y posteriormente tengo diez días para reclamar nuevamente. Estos plazos se han incumplido. Ya no sé a quién dirigirme. Ha transcurrido un año y tres meses, y la Delegación Provincial no me informa nada, tampoco el municipio. ¿Será que esta granja se dedica a hacer lo que quiera, sin respeto a las leyes?».
Osbel Rodríguez González (Iris No. 71 ,entre Unión y Calixto García, Guáimaro), trabajador de la UEB de Servicios de Acueducto y Alcantarillado en ese municipio camagüeyano, denuncia lo que considera una injusta medida.
Cuenta que labora como operador en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Enrique Hart Dávalos de ese territorio, donde se manipulan productos químicos de alto riesgo para la salud como cloro gas y sulfato de alúmina. Y laboran por turnos de 12 horas, día y noche.
Desde inicios de año, refiere, se comenzó a aplicar en esa entidad la Resolución 17 de pago por resultados. Y cuando no se cumple el plan técnico económico, perciben el salario mínimo de 225 pesos, «pero no se nos ha tenido en cuenta el pago por concepto de nocturnidad, condiciones anormales, días feriados y dobles turnos».
Esa inquietud la ha expresado en asambleas sindicales, en la Dirección Municipal de Trabajo y en las direcciones Municipal y Provincial de Acueducto. «Solo nos plantean que la 17 no recoge nada acerca de esto, que se ha llamado al Grupo, en la nacional, y que la respuesta ha sido que son 225 y nada más».
Osbel entiende que una cosa es el salario mínimo por el no cumplimiento del plan, y otra es algo sustentado en la realidad, como los pagos por concepto de nocturnidad, doble turno, condiciones anormales y días feriados.
Además, alerta sobre la inexistencia en esa planta de medios de protección adecuados para realizar sin riesgos su labor: caretas antigás, botas de goma, capas y nasobucos.
«La respuesta a esta preocupación es que “no hay”. Sabemos la situación por la que atraviesa nuestro país, pero se trata de la protección de la vida a trabajadores y a la población que rodea nuestra planta, incluido un centro de estudios», concluye.
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