Acuse de recibo
Desde Morón, Ciego de Ávila, Tonys Yero denunció el pasado 15 de mayo lo sufrido con la Empresa Eléctrica por presunción de fraude en su contador: el 14 de noviembre de 2013, un inspector revisó el metro de su casa, y le impuso una multa por valor de 500 pesos, al detectar un cable flojo a la entrada del mismo. Debía también pagar retroactivamente la energía consumida y dejada de facturar en un año.
Pagó la multa primero, y el 18 de ese mes reclamó a la Organización Básica Eléctrica (OBE) municipal. El 20 fueron a revisar el metro, y concluyeron que había fraude: debía reembolsar 8 762 pesos en tres meses.
El 5 de diciembre recibió la resolución que declaró sin lugar la reclamación. Habló con la Directora de la OBE, pues el contador no fue manipulado. Tenía el sello que le colocaron al instalarlo, nueve años atrás. Durante diciembre se analizó el caso. Le dijeron que podía modificarse el expediente y reducir el monto a pagar, pues se había indicado la cifra máxima. El 19 de ese mes reclamó ante la OBE a nivel provincial.
Mientras esperaba la respuesta de esa instancia, el 22 de enero le retiraron el servicio eléctrico por no haber pagado los 8 762 pesos. A los dos días, él fue a la sucursal Sur del municipio, y allí le dijeron que no sabían de la reclamación hecha en la provincia.
El 29 de enero los comerciales de la provincia y el municipio respondieron: el proceso estaba correcto. Debía pagar el monto. La esposa de Tonys firmó la comunicación, redactó acta de inconformidad y pidió un despacho con el Director de la Empresa a nivel provincial.
El 10 de febrero, en reunión con el Director y el Jefe de Inspectores provinciales, acordaron que visitarían su casa el 18 de ese mes, para revisar el contador. Fueron y lo sustituyeron por uno nuevo, llevando el viejo a Ciego de Ávila para revisarlo en el laboratorio.
El 25 de marzo, tras 36 días sin respuesta, Tonys llamó al jefe de Inspectores, quien le comunicó que fuera a la OBE municipal. Allí le dijeron que con el documento del dictamen final no podían modificar el expediente. El 28 de marzo, Tonys fue a la empresa provincial y le dijeron que se comunicarían con Morón. El 14 de abril un inspector de la OBE le informó que debía ir a pagar el retroactivo, modificado al fin: 362 pesos.
«Comparado con la cifra anterior —refería el cliente— es una modificación considerable. Pero si analizamos los días de agonía, utilizar vacaciones para las gestiones, pedirles a todos que revisaran para no ser injustos, y tener que pagar por algo que uno no hizo… para mí es una falta de profesionalidad».
Responde Diosdado Hernández, director general de la Empresa Eléctrica Ciego de Ávila, que el 14 de noviembre, a Zoika de la Paz, esposa de Tonys Yero, «le fue demostrado por el inspector actuante, y después por la comisión que investigó su reclamación en los términos establecidos, que una fase se encontraba desconectada, lo cual impedía que el metrocontador registrara correctamente los kilowatt hora consumidos».
Apunta que, ante la insatisfacción del cliente, se le recibió en las oficinas de Atención a la Población de la Empresa provincial, donde le ofrecieron la misma respuesta. Solicitó ver al Director General, quien lo recibió junto al Jefe de Inspección, y se orienta retirar el contador para revisarlo en el Laboratorio.
En la entrevista, el reclamante manifestó no haber cometido ilegalidad alguna intencionalmente. Y alegó que en su casa, por mucho tiempo, había fluctuaciones de voltaje que no le permitían el uso correcto de los equipos. Ante ello, refiere Diosdado, se le aclaró que no había en la base de datos del despacho provincial reporte de queja alguna en el período manifestado por el cliente.
No obstante las pruebas ya mencionadas —añade—, se decidió disminuir el cobro retroactivo, por quedar evidenciado, en los días que se muestrearon, que la fase desconectada no permitía el uso continuo del equipo de climatización, aspecto que no se había tenido en cuenta en el cálculo inicial de la energía facturada de forma retroactiva. Por ello, se le ofrecieron disculpas al cliente, quien pagó lo correspondiente al expediente de fraude.
Finalmente, informa que «en ese municipio fueron aplicadas medidas disciplinarias —no especifica cuáles ni a quienes—, en correspondencia con las dificultades analizadas y la demora en la solución del caso».
23
