Acuse de recibo
Abilio Darias León (Marcial Gómez No. 198, Morón, Ciego de Ávila) es un productor de tomate, afiliado a la cooperativa de crédito y servicios fortalecida (CCSF) Ignacio Agramonte. En las dos hectáreas que trabaja con denuedo junto a su familia tiene depositada la esperanza de una mejoría para el hogar, y para el país.
Pero si algo se interpone…
Relata Abilio que habitualmente sobrecumple sus propósitos productivos, y colabora con la alimentación del Hogar Materno Norte, por lo cual recibe cada año un reconocimiento. La finca está sembrada de frutales que aún están pequeños, pero mientras tanto tiene sembrado el terreno de tomate de noviembre hasta marzo.
Hizo el plan de entrega del tomate bajo contrato de 4,6 toneladas con Acopio, y con simiente adquirida en la Empresa de Semilla, variedad 30-19, el llamado de ensalada. Pero del plan a la realidad… La semilla que se le facturó no es la 30-19 que se había conveniado con la referida empresa. Explica Abilio que resultó ser un tomate de mal aspecto, casi del tipo cimarrón, cuyo tamaño, peso y otros atributos no coinciden con el de ensalada. «Resultado: acopio no lo recibió, prosigue Abilio. Donde debieron recolectarse 4,6 toneladas, solo se acopiaron 2,5». Y finalmente la CCSF vendió el producto a la industria local.
Al final, Abilio ha perdido 2,1 toneladas de tomate. El de primera calidad —más apetecido por sus dimensiones, lozanía y otras características— se paga a más de 150 pesos el quintal, y el que va a la industria a 55 pesos.
«Ahora, casi tres meses después de que la cooperativa entregó el tomate, no nos pagan lo recibido. La respuesta es que el Banco se niega, porque la industria no puede comprarle a la CCSF. Y de esto tienen conocimiento todas las instancias en el municipio.
«¿Quién nos va a pagar nuestro sudor? ¿Quién responde por la pérdida de dinero y producción? El agricultor vive de lo que produce. ¿De qué vamos a vivir? ¿Será posible a estas alturas, con la necesidad de estos productos, que aún se bloquee el pago a los que están sudando la frente y la ropa contra mil dificultades?», se pregunta el campesino, a quien asiste el prestigio ganado tras años de haber honrado ejemplarmente sus compromisos, actitud que no puede corresponderse con la negativa a pagar.
«Esperamos que no vengan a responder a esta sección los embajadores de la justificación, sino los que justamente van a subsanar estos errores», sentencia Abilio.
Esperemos, para bien del campesinado y del país, que el contrato económico desempeñe su rol, y penalice a quien incumpla con sus obligaciones.
Rolando Hernández Castillo (Coralia, municipio de Chambas, Ciego de Ávila) tenía un punto de venta como trabajador por cuenta propia, abastecido con productos alimenticios provenientes de la cooperativa de crédito y servicios (CCS) Camilo Cienfuegos, allí en Chambas.
Todo lo hacía con la debida autorización comercial y la correspondiente licencia, junto a la autorización de Planificación Física y el Consejo de la Administración Municipal (CAM).
Desde el 2010, confiesa, presentaba las ofertas a la población con calidad y precios aceptables para los consumidores. Pero al año, el CAM de Chambas le cerró el punto por problemas de imagen. Rolando accedió a sus requerimientos y remodeló el establecimiento. Posteriormente se dirigió al CAM, con el fin de reinscribir el punto después de los arreglos.
Pero lo que se cierra rápidamente, por lo general cuesta mucho abrirlo luego. Rolando lleva más de siete meses esperando por la respuesta de las autoridades territoriales.
«Tras los obstáculos burocráticos que he encontrado para resolver mi sustento familiar después de quedar disponible en mi antiguo centro laboral, ¿cuál respuesta dará a este afectado el CAM de Chambas? ¿Quién me pagará las pérdidas durante estos meses?».
Tanto este caso como el anterior revelan que, para solucionar el estratégico problema de la alimentación del pueblo, hay que andar con apuros y voluntad, e ir erradicando los impedimentos y resistencias burocráticos en el camino, sin otro compromiso que con el país.
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