Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Desde Banes, provincia de Holguín, Francisco Castillo planteaba aquí el pasado 25 de abril su preocupación, con respecto a un crédito bancario de 10 000 pesos que tramitaba para reparar y ampliar el cuarto donde vive bastante hacinado con su familia.

El problema es que Francisco labora en la ciudad de Holguín, y su salario sale por una sucursal bancaria de la cabecera provincial; pero va a ejecutar la obra en su sitio de residencia: Banes. Teniendo en cuenta la distancia, los problemas de transporte, y que los dos requeridos fiadores solidarios deben presentarse en la sucursal bancaria para que se emita el crédito, el beneficiario intentó con toda lógica realizar ese trámite en la sucursal del Banco Popular de Ahorro de Banes, localidad donde de hecho se acometería la obra. Pero allí le plantearon que era imposible. Tenía que hacerlo en la ciudad de Holguín, con las consiguientes molestias…

Al respecto, responde José L. Alari, presidente del Banco Popular de Ahorro (BPA). Y afirma que en febrero, cuando atendieron a Francisco en Banes, los procedimientos internos indicaban entonces que los trabajadores estatales solicitaban sus créditos por la sucursal bancaria donde opera su centro laboral, para facilitar que, una vez otorgado el mismo, las mensualidades a pagar se descontaran por nómina, y no fuera necesario que el beneficiario acudiera cada mes al Banco.

Aun cuando ha sido lo establecido internamente en el BPA, manifiesta, la red de oficinas del mismo traslada diariamente a la Oficina Central las particularidades de los casos que se presentan, no previstos en esos procedimientos. Y se pide la localización al cliente para, con los resultados de las consultas, dar respuesta definitiva. «Al atender a Francisco —precisa Alari—, no se actuó así, que es lo correcto; lo cual, además de ser criticado, ha servido de alerta para el resto de las oficinas».

Afirma Alari que, producto del intercambio y análisis de lo que ocurre en las 200 sucursales del BPA, el primero de marzo pasado se modificaron los procedimientos internos, de manera que los trabajadores estatales con similar situación que Francisco puedan solicitar su crédito en el municipio de residencia. Los fiadores solo deben presentarse una vez en la oficina bancaria, para firmar el contrato como garantes.

Precisa que Francisco fue visitado el propio día de la publicación de su caso, y al siguiente día inició el trámite de solicitud de crédito en la localidad donde reside.

Consigna también que, hasta la fecha, 162 000 personas han recibido información en las sucursales del BPA sobre el Decreto Ley 289, que regula los principios generales de los créditos a personas naturales, el cual entró en vigor el 20 de diciembre de 2011.

Asimismo, informa que más de 22 000 cubanos han formulado su solicitud de créditos, y ya hacen uso del financiamiento para comprar los materiales de construcción y pagar mano de obra, en reparaciones de sus viviendas.

¿Qué sucede con el cemento?

La pregunta la hace Jorge Cuesta Rodríguez, residente en Corrales No. 554, entre Antón Recio y San Nicolás, en el municipio capitalino de La Habana Vieja.

Jorge manifiesta su preocupación porque en la red de comercio minorista del Mincin, dígase los «rastros» en La Habana Vieja, en noviembre del pasado año había cemento, al precio de 110 pesos el saco. Sin embargo, hace más de dos semanas que desapareció totalmente.

El remitente construye con esfuerzo propio y tiene dinero invertido en otros materiales. Pero nada puede acometer, si no aparece el cemento. Él ha tratado de saber el porqué de esa súbita escasez, al menos en la capital. Pero la ausencia de información se une a la del cemento. Nadie le ha sabido responder por qué.

¿Hay cemento suficiente para satisfacer la demanda, o se registra déficit en estos momentos? ¿Acaso el importante material ha caído en manos de los acaparadores-revendedores-especuladores?

Se requieren respuestas para estas preguntas.