Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

El pasado 13 de mayo tomé prestado el título de un febril relato del narrador argentino Julio Cortázar —Casa tomada—, para sintetizar lo que sufría la lectora Yasmina Rodríguez no en fantasía, sino en la cruda realidad.

Yasmina labora en Trinidad y vive temporalmente allí en casa de sus padres, con permiso de tránsito. Su vivienda oficial, en Sancti Spíritus, permanecía cerrada, pero no abandonada, pues mensualmente le daban una vuelta.

El 30 de enero de 2010, cuando su padre hizo la acostumbrada visita, descubrió que desconocidos habían ocupado la casa. De inmediato, Yasmina fue con su padre —así lo hizo en todas sus gestiones posteriores— a decirles a los ocupantes ilegales que la casa no estaba abandonada, y pedirles que se marcharan. Los usurpadores dijeron que solo saldrían si la Policía intervenía.

Yasmina fue a ver al jefe de Sector de la PNR, quien le dijo que no conocía el caso. Luego, él llamó a la Primera Unidad de la PNR, para referir que debían visitar a los ocupantes y explicar que incurrían en un delito grave, penalizado por las leyes. Pero en tal sentido, la carta no precisaba nada más con respecto a la Policía.

Sí contaba ella que fue el 3 de febrero a la Dirección Municipal de la Vivienda y no pudo contactar con ningún funcionario. El 11 de marzo le llegó una citación oficial de que la localizaban de Vivienda municipal. Después de muchos trámites, aseguraba, no había tenido respuesta ni acción por parte de Vivienda municipal ni provincial, Gobierno municipal ni otras autoridades.

Recurrió entonces a instancias estatales nacionales, las cuales respondieron que habían trasladado su caso al Gobierno provincial. A la semana, el padre de Yasmina fue a este último, y allí le manifestaron que no les había llegado comunicación alguna.

Yasmina volvió a Vivienda municipal, y la respuesta fue: «El caso está pendiente; debe reunirse la comisión de extracción para poder ejecutar la acción». Fiscalía municipal la reconocía como propietaria y declaró ilegales a los ocupantes, pero con la misma respuesta: pendiente de que se reúna la comisión de extracción.

Yasmina se preguntaba hasta cuándo, si ya duraba más de un año la impunidad.

Ahora responde Yuliesky García, especialista de Atención a la Población de la Dirección Provincial de Vivienda, que la Dirección Municipal de Vivienda en Sancti Spíritus es responsable de ejecutar las resoluciones que dicte en el ejercicio de sus funciones; y en vista de ello ha seguido y monitoreado la que declaraba ocupante ilegal al que penetrara en la casa propiedad de Yasmina, la cual permanecía vacía.

Refiere el funcionario que en el caso que nos ocupa, se evaluó el lugar de retorno de dicho núcleo (los ocupantes), siendo imposible regresar estos al lugar donde anteriormente vivían. Y atendiendo a las condiciones críticas que presentan, se decidió reubicarlos,  causa esta que provocara la demora en la ejecución.

Precisa también que reubicada la familia ocupante, se le hizo entrega del inmueble a su legítima propietaria el 16 de junio de 2011. Y concluye señalando que «cuando una persona adquiere la propiedad de una vivienda no solo debe sentirse titular de derechos, sino que también asume la responsabilidad de cumplir con los deberes y obligaciones que se derivan de su adquisición, entre estos preservar la vivienda».

Agradezco la respuesta y la solución del caso, pero no puedo soslayar mi insatisfacción con la respuesta. Inquieta constatar que una ilegal acción de fuerza permanezca en la impunidad tanto tiempo —ha habido casos en el país con mucho más— y las autoridades correspondientes no hayan podido hacer nada en todo ese lapso para defender los derechos legítimos de la propietaria.

La situación habitacional del país es muy grave, y una familia sin vivienda y desesperada puede llegar a un extremo como este. Pero las instituciones no pueden validar tanto tiempo el quebrantamiento de la Ley con su morosidad y falta de acometividad. Hay que hacer respetar la propiedad personal con el mismo rigor con que se defiende la social y estatal. Si no, cada quien podría tomar la justicia por sus propias manos. Y eso es injusticia.