Acuse de recibo
El pasado 3 de marzo reflejé la inquietud de la santaclareña Lourdes Margarita Machado, acerca de la suspensión del servicio de mensajería que se prestaba en el correo central de esa ciudad a los familiares de los colaboradores cubanos que se encuentran en misión en Venezuela.
Al respecto, responde Lázaro Mas Betancourt, director territorial de Correos de Cuba en Villa Clara, que dicho servicio funcionó de manera gratuita para los familiares de los colaboradores cubanos, desde diciembre de 2006 hasta abril de 2011. Y la decisión de suspenderlo fue informada al Partido, el Gobierno, el órgano de atención a los colaboradores y a la Delegación del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones en esa provincia, así como a todas las unidades de Correos del territorio, para que se lo comunicaran a los clientes.
Explica que se decidió debido a los significativos gastos de insumos y de conectividad, entre otros factores, que generaba dicho servicio. Pero, a la vez, reconoce que dicha decisión no se dio a conocer por los medios de difusión del territorio, pues se consideró que tal suspensión afectaba a un segmento reducido de la población.
Aparte de aclarar que se visitó a la lectora en su domicilio y se le explicaron las razones, manifiesta Lázaro que Correos de Cuba estudia alternativas para ofrecer a sus clientes opciones de ese servicio, en dependencia de las posibilidades económicas y tecnológicas, y que los clientes deberán pagar en correspondencia con los costos de la operación.
Agradezco la respuesta, y alerto, a partir de esta historia, de la importancia de la comunicación a tiempo de cualquier decisión en un servicio, aun cuando se vincule directamente solo a un sector limitado de la población. Todo lo que se hace debe fundamentarse, aunque sea ante tres o cuatro personas.
A la capitalina Onelia Aidé Borroto (Calle 253 No. 13609, entre 136 y 144, Río Verde, Boyeros) ya se la ha humedecido la paciencia. Según cuenta, desde hace 12 años viene reportando a diversas instancias la situación de una fosa del hogar colindante a su vivienda, cuyos desperdicios la afectan sobremanera.
Al estar la cuadra en una loma —explica— estas aguas negras «desembocan en mi patio y pasillo lateral derecho, contaminando todo con una pudrición enorme. Los frutales que se hallan al costado se están muriendo y la estructura de mi casa se está afectando hasta el límite de que las paredes de los cuartos y el baño están sumamente deteriorados».
Dos años atrás, la veterana lectora volvió a la carga con la denuncia de esta situación. Fue al Poder Popular municipal, donde la atendió la compañera Irma Barreras; su delegado de circunscripción la visitó varias veces y también contactó con la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda, Comunales, y todo se quedó en promesa.
La lectora recientemente supo que en el Gobierno municipal la situación suya con dicha fosa aparece reportada como terminada, cuando en realidad se trata de «un trabajo que ni siquiera ha sido iniciado», se duele.
El problema tiene dimensiones aun mayores, pues aparte de dañar la construcción de Onelia Aidé, donde hasta los azulejos del baño están aventándose por la humedad, afecta también a otros vecinos que soportan la hediondez reinante.
«Sé que no puedo cansarme de enviar mi queja, pero también sé que alguien puede escucharla y dar una respuesta afectiva al caso», apunta.
Aunque la lectora no se refiere a las gestiones hechas o no por sus vecinos, hay algo claro en medio de la negrura de estas aguas: quien no contamina no debe estar pagando desde hace tanto por la responsabilidad de otros. Y ahí sí las autoridades deberían tomar partido en aras de la sana convivencia.
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