Acuse de recibo
«Ilegal», así titulamos el 29 de mayo último el caso de Idalmis Valle García (Lealtad No. 712, entre Estrella y Maloja, Centro Habana), quien reclamaba un elemental derecho: ocupar su vivienda, allanada —ilegalmente— por un ciudadano.
Narraba entonces la capitalina que pasó un buen tiempo trabajando en una microbrigada del municipio de Playa, pero las labores de esta se paralizaron por falta de materiales. El edificio en el que finalmente tendrían sus hogares los constructores se quedó a la mitad: en dos plantas de las cuatro que se proyectaron. Entonces, los futuros propietarios fueron finalizando por esfuerzo propio sus inmuebles.
En el caso de Idalmis, en un momento se vio precisada a cerrar su vivienda, pues debía dedicarse a cuidar a su hijo enfermo. Aseguró la entrada con una rústica puerta de hierro y madera y un candado, y se entregó por completo a la atención de su muchacho.
Aprovechando esta coyuntura, un hombre, al parecer vinculado a alguno de los residentes en la edificación, penetró sin autorización en el domicilio de Idalmis.
Desde el instante en que lo supo, contaba la propietaria, se ha desgastado en trámites, todos infructuosos. El 5 de marzo de 2007, narraba, fue la primera vez que la Dirección Municipal de Vivienda lo dio por ilegal. Y el 16 de enero de 2010, la instancia provincial de este instituto ratificó este dictamen. Pero nada se ha hecho para que, efectivamente, abandone el intruso la casa tomada.
Añadía la lectora, el 29 de mayo, que el Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana, con fecha 30 de septiembre de 2008, le había otorgado la razón a ella. Todo en vano.
«Ese hombre se mantiene en mi casa y yo, que estuve construyéndola desde los cimientos, estoy todavía sin mi apartamento. Solo quiero que se haga justicia», finalizaba la carta.
Pues bien, este lunes, a casi cinco meses de publicado el reclamo, volvió la tenaz mujer a la redacción de JR, con otra carta en sus manos y más detalles de esta «novela».
En los primeros días del pasado julio fue Idalmis nuevamente a la Dirección Provincial de Vivienda. «La compañera que estaba dando atención jurídica me mandó a ver al director de Vivienda en Playa, con un papel que decía: “Por favor, dar solución”».
El Director atendió muy amablemente a la mujer e indicó al jurídico, Jardines, proceder con una resolución 115, que es la de ilegalidad, narra Idalmis. Esto fue el 14 de julio. El abogado Corbeda le orientó a la afectada pasar a los 90 días a recoger la resolución.
La capitalina asistió en los primeros días del mes en curso, pero le dijeron que la fecha señalada era el 17. «Cuando fui (ese día) me empezaron a “batear”, a decirme que a mí no tenían que darme copia de la resolución, que faltaba la firma de Jardines y del director, que (las resoluciones) se mandan al Poder Popular para que diera un mejor derecho…», relata.
Idalmis advirtió que el número de su expediente (1276) ya estaba en el libro de la recepcionista, con lo cual, pensó, el documento suyo debía estar listo para recoger.
«Fui a ver al director —evoca— y me dijo que volviera la semana entrante, que él se iba a encargar. Por fin, cuando logro ver a Jardines, casi corriendo, en la calle, me dice que la tenía la compañera Marbelis, en Vivienda Provincial».
Idalmis no entiende. Y este redactor tampoco.
¿Cómo es posible que un ciudadano ilegal —nombrado Carlos Alberto Barrios Ortiz— continúe plácidamente entre las paredes que no le pertenecen, en Calle 48, No. 2513, entre 25 y 27, en Playa, mientras la dueña de la casa se deshace en gestiones y peloteos? ¿Por qué la dilación en las entidades de Vivienda?
El derecho y el decoro dictan solo una cosa en este caso: justicia.
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