Acuse de recibo
Fue tajante y extremo, sin matices. No lo pudieron impedir, asegura en su carta José Alberto Nasco, residente en Edificio 10, apartamento 10, calle Calixto García, entre Capdevila y Santana, en la localidad avileña de Chambas.
Sucedió el 17 de diciembre de 2009, alrededor de las 10 de la mañana. Llegó una comisión de la Dirección de Vivienda y la Forestal, acompañada de un operario con una motosierra. Y se taló sin distinción todo lo que pareciera vegetal, en el área común trasera que tienen con otro edificio, donde daban sombra y verdor árboles de mango, guayaba, naranja, aguacate y plátano junto a plantas ornamentales.
Los vecinos intentaron reclamar ante aquel «destrozo sin sentido», pues la orientación del Director de Vivienda en el municipio había sido que se iban a podar aquellos árboles que afectaran la reparación de los edificios.
Pero llegó una contraorden de otra funcionaria de esa entidad, señala Nasco: Había que picar todo, no podía quedar nada en pie; los árboles en el patio de un edificio son una ilegalidad.
«Había que hacer cumplir la ley por encima de todo —manifiesta Nasco—, sin contar con nadie ni explicarle a nadie por qué se hacía aquello. Solo llegaron e impusieron lo que ellos creían que era correcto. Se olvidaron de que viven en una sociedad socialista y democrática. Lo menos que podían hacer era hablar con los convivientes de esos edificios».
Nasco quisiera saber cuál es esa ley que prohíbe sembrar árboles en espacios vacíos. Porque, incluso, visitó la ciudad de Ciego de Ávila, cabecera provincial, y presenció cómo los patios de los edificios, para suerte de sus vecinos, están colmados de árboles y plantas.
Y se pregunta si quienes aplicaron una medida rasante e impopular no se han percatado de que nuestro planeta muere por actos tan irresponsables como ese.
Este redactor agregaría que, al margen de las razones ecológicas esgrimidas por Nasco, y de si era imprescindible ser tan tajante hasta arrasar, nada debe hacerse unilateralmente, sin una explicación e información a los afectados. Ese no puede ser el método.
«¿Qué diría Hemingway?», preguntaba este redactor el pasado 3 de marzo al reflejar la denuncia del doctor Jorge Martínez, sobre el maltrato que sufre la playa El Cachón de la localidad capitalina de Cojímar. Entonces, el lector contrastaba con nostalgia aquel balneario de su infancia tan respetado y querido, con el depósito de contaminantes sólidos y líquidos en que se ha convertido.
Al respecto, responde Mariana Hechavarría, especialista en Comunicación Institucional de la Dirección Provincial de Servicios Comunales, quien considera que es válida la preocupación de Martínez. Y explica que esa playa es una bolsa donde desemboca el río Cojímar, cuyas corrientes arrastran desde arriba todo tipo de desechos que luego quedan en la arena de la playa.
En tal sentido, se movilizaron fuerzas de Comunales en el municipio, de conjunto con Áreas Verdes, para restablecer su limpieza. Y decidieron hacer allí un saneamiento general una vez al mes, al propio tiempo que el jefe de Zona de Comunales mantenga la fiscalización periódica, por si es necesario aumentar la frecuencia de esas labores.
Pero, según se deduce de las palabras de Mariana, estas medidas serían paliativos, pues ella aclara que, aun cuando mantendrán su disposición, esa entidad no tiene en su objeto social allí la limpieza de playas, ni fuerza aprobada para ello.
Agradezco la respuesta y el interés en colaborar en el asunto. Ahora lo importante es saber qué entidad es la responsable de al menos mantener limpia El Cachón con regularidad. Y algo más sustancial: ¿Se ha adoptado algún programa para detener la contaminación del río Cojímar y focalizar a los centros depredadores? ¿Qué se hará para penalizar a quienes arrojan desechos en ese litoral?
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