Acuse de recibo
Hoy desentierro una historia que apareciera aquí el 17 de enero de 2008. Mas para saber a estas alturas cuál es la situación a más de dos años de reflejada, primero recordémosla en toda su enigmática dimensión…
Entonces, Petronila Enamorado (Edificio 1, apartamento 3, reparto Fernando Echenique, Río Cauto, provincia de Granma) contaba que al fallecer su abuela Flora Ramírez, en noviembre de 1998, dejó una cuenta de ahorro en la sucursal del Banco Popular de Ahorro (BPA) en ese municipio, de la cual la nieta era beneficiaria.
Según constaba en documento oficial, el saldo inicial era de 6 139 pesos. Y dicho documento se le extravió a Petronila, pero lo halló, traspapelado, en 2006. Fue al BPA y allí buscaron en la computadora. Aparecía la cuenta… pero en saldo de cero. Como si alguien lo hubiera extraído todo.
Volvió Petronila a su reclamo, y la gerente del BPA le comunicó que la cuenta era muy vieja, y ni número tenía. Por eso no se podía determinar quién había hecho la extracción. Petronila retornó al BPA en abril de 2007, con un abogado que había contratado en el Bufete Colectivo, y le comunicaron que en 1997 su propia abuela había hecho la extracción y cerrado la cuenta. Algo absurdo e imposible, pues según la nieta, desde 1995 su abuela era una anciana inválida y encamada.
Después fueron sucesivas reclamaciones, hasta concluir en la Fiscalía provincial, la cual le comunica a la reclamante una respuesta del BPA no del todo convincente para ella: la cuenta que Flora abrió tenía saldo inicial de 250 pesos y no de 6 139. Esta última cifra, según BPA, era el número de la cuenta.
Pero Petronila sostenía que, según el documento oficial en sus manos, el número de la cuenta es 594, y el depósito 6 139. «¿Quién se apropió del dinero, si mi abuela no estaba en condiciones de personarse antes en dicha agencia, y yo era la beneficiaria y no lo hice?», preguntaba la remitente?
Nunca llegó la respuesta del BPA a esta sección. Y ahora vuelve Petronila por sus fueros para, a la altura de más de dos años, concluir:«parecen no haber surtido efecto mis reclamaciones como ciudadana… No han tenido ni tan siquiera el respeto de darme una respuesta convincente, permitiendo hacerme concepciones que quizá, con un buen tratamiento, y según los procedimientos establecidos, pudieran evitarse».
Desde Florencia, en la provincia de Ciego de Ávila, escribe el cartero Alfredo Díaz Chinea. Se convierte en cliente de su propio servicio y envía una inquietud que nadie le ha sabido fundamentar con toda propiedad por aquellos lares.
Alfredo, quien reside en El Merino, Número 23, en esa localidad, cuenta que desde hace unos once años se desempeña en Florencia como cartero, «oficio humilde pero necesario e imprescindible…». Y entre sus funciones esenciales está no solo repartir la correspondencia, sino también prestar servicios a domicilio como el pago de pensiones a jubilados y giros.
Por este servicio a domicilio, se le cobra al cliente 1,50 pesos. Y de esa suma total que se le cobra a los clientes, la mitad se ingresa en Correos y la otra mitad la recibe el cartero.
Pero desde marzo de 2009 se les informó en una reunión, por funcionarios de Correos de Cuba en la provincia, que el cartero solo recibirá el 40 por ciento de lo ingresado por ese servicio, mientras que Correos queda con el 60 por ciento restante.
La explicación para la medida es que con esa deducción «se justificaría el pago de vacaciones y de la jubilación de los carteros».
Alfredo se pregunta cómo hasta entonces acumulaban vacaciones los carteros y cómo se financiaba su jubilación. Y quiere conocer la razón de este cambio, lo cual evidencia que no comprende ni tiene clara la medida. Aun cuando fuera un solo cartero el que no dimensionara tal disposición, siempre hay que sopesar que cualquier cambio en el sistema de pago a un trabajador debe pasar no solo por la información, sino especialmente por la explicación y el convencimiento, si es que se fundamenta la medida.
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