Acuse de recibo
Desde el 2001, cuando fueran afectados por el huracán Michelle, Israel Portieles Salabarría y su esposa sufren las angustias de la construcción. Con 77 años él y 73 ella, aquejados de unas cuantas enfermedades, estos espirituanos residen desde entonces en una «facilidad temporal», que se fabricaron con restos de la casa anterior.
Allí, en Calle Campo Florido número 1, Guasimal, Sancti Spíritus, han tenido paralizado su nuevo hogar a la altura del arquitrabe. Su misiva, publicada en estas líneas el 23 de julio, daba cuenta además de múltiples gestiones, trámites y «peloteos», de respuestas poco argumentadas por parte de técnicos, jefes de brigada de la construcción y autoridades de la localidad.
Ahora llega la respuesta de Leydis Montiel y Yonalel Rodríguez, especialistas de Atención a la Población y de Inversiones, respectivamente, en la Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda (UPIV). Según informan, la casa de Israel y su esposa se está edificando por la vía estatal; y se encuentra a cargo de la Unidad Básica de la Construcción de Sancti Spíritus.
Detallan los funcionarios un levantamiento de la cantidad de materiales necesarios para finalizarle el hogar a la pareja de veteranos.
«Se acordó comenzar la asignación de los recursos a partir de este septiembre, según las disponibilidades de la provincia y el municipio», afirman. Por otra parte, enfatizan que la UPIV y la Unidad Básica de la Construcción evaluarán y darán seguimiento mensualmente a la evolución del inmueble.
Agradecemos la respuesta de Leydis y Yonalel. Y esperamos que finalmente se le ponga el impulso imprescindible a la casa de esta anciana pareja del Yayabo. Lamentamos que, como en otras ocasiones, la contestación deje lagunas en cuanto a las largas gestiones que Israel y su esposa han tenido que acometer hasta este punto.
¿Quién responde por la dilatada espera de los dolientes? Hay que evitar el simple borrón y cuenta nueva que obvie las explicaciones a quienes fueron vulnerados…
Resulta paradójico que mientras el país realiza ingentes esfuerzos para fortalecer la legalidad, existan barreras para quienes desean habitar legalmente. La idea viene al paso por la misiva que Laura Dreque Góngora nos envía a título personal y de sus vecinos.
Hace 17 años, por acuerdo de una Empresa de la Construcción, les entregaron una nave perteneciente a la Escuela de Cuadros del Ministerio de la Construcción, sita en la Avenida 26 de Julio, s/n, entre 247 y 249, reparto Abel Santamaría, en el capitalino municipio de Boyeros, para que erigieran allí sus viviendas, narra la remitente.
Con esfuerzo propio acondicionaron en el sitio los 24 hogares que hoy ocupan, lamentablemente como «ilegales». «Durante cuatro años consecutivos, tanto la Dirección de la Vivienda como el Gobierno municipal nos han planteado que ya lo informaron en sus estadísticas como viviendas terminadas… pero en verdad no ha habido ninguna legalización».
Por tal motivo, estos capitalinos no han podido disfrutar de los servicios de Oficoda, contratos de la luz, del agua y demás facilidades a que tienen derecho habitualmente los ciudadanos. ¿Quién los saca del limbo en el que los han sumido?
La camagüeyana Mirtha Carmenates Pérez (Edif. 9, Apto. 18, Cuatro Caminos, Najasa) tuvo un vínculo de trabajo estatal durante 15 años. Después laboró por cuenta propia hasta el 2000, año en que quedó inválida por una enfermedad en los músculos…
Hace alrededor de dos años le comenzaron a pagar una pensión de 65 pesos, que posteriormente subió a 85. Ella alega que «en el mes de julio pasado vino el técnico de Asistencia Social y recogió la chequera. Le pregunté y me dijo que era una orientación nacional».
Aparte de desconcertada por una medida que nadie le explicó previamente, Mirtha se alarma, pues ella y su esposo ahora quedan solamente con la pensión de unos cien pesos que él recibe como jubilado. Y sabemos cuán difícil puede ser sobrevivir con tal estipendio…
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