Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Los alimentos normados, esos que el Estado subsidia y se les denomina la canasta básica, deben ser algo sagrado e inviolable, porque de ellos dependen muchas familias, especialmente las de modestos ingresos. Y cualquier irregularidad con los mismos es una violación flagrante de los derechos de los consumidores.

La primera historia de hoy la cuenta Lucila Casamayor Kumba, residente en Águila 505, apartamento 24, entre Barcelona y San José, en el municipio capitalino de Centro Habana.

Refiere Lucila que en los finales de 2006 visitó a su mamá, Rosa Elia Cumbá, quien reside en calle 25, Edificio 12, apartamento 6, Reparto Agüero, en la ciudad de Santiago de Cuba. Y pudo comprobar que en el supermercado de calle 25, en ese reparto, se suscitan numerosas irregularidades en la distribución de varios productos.

Cuando Lucila revisó la libreta de abastecimiento de su mamá, comprobó que en el año 2006 habían dejado de venderle cuatro envíos del pollo para toda la población, y seis del específico para personas con dieta. Tampoco la señora había podido adquirir «una vuelta» de jamonada y otra de huevos de 15 centavos.

Lo curioso es que cuando Lucila se personó en el supermercado y le planteó esa inquietud al administrador, este le respondió que desconocía ese caso. Arguyó que la dieta no tiene reclamación, pues se supone que no falte a ningún enfermo, y en cuanto al pollo «de población» sí aceptó que habían tenido varias irregularidades. Según sus palabras, las cajas vienen con faltante y luego hay que reclamar el producto a las entidades suministradoras, las cuales no suministran en tiempo y forma lo solicitado. En cuanto a los huevos, que se habían echado a perder, y la mortadella, se había reclamado sin llegar aún.

Lucila cuenta que, a consecuencia de su demanda, en los primeros días de enero le distribuyeron cuatro envíos pendientes de pollo de dieta, todos correspondientes a los meses de marzo, mayo y junio de 2006. «¿Tiene que esperar un enfermo casi un año para comerse el pollo que le corresponde?», pregunta la remitente. Y se cuestiona el hecho de que un administrador «se desayune», por la queja de un consumidor, con una situación de ese tipo.

La segunda carta la envía Maritza del Rey Alonso, vecina de Padre Olallo 404, entre Triana y Tío Perico, en la ciudad de Camagüey. Y está relacionada con ciertas disposiciones impuestas a los pacientes que adquieren sus medicamentos por el conocido tarjetón, disposiciones que ella califica de burocráticas.

Señala Maritza que ella es asmática, y como tal adquiere en su farmacia el spray Salbutamol. El último de 2006 lo compró el 10 de diciembre, pues tenía bastante controlado el asma. Sin embargo, en enero tuvo hasta neumonía, y quiso adquirir el que le correspondía por ese mes el día primero. No pudo hacerlo: tuvo que esperar hasta el día 10.

No comprende Maritza por qué si ella tiene el medicamento asegurado dentro del mes, le imponen un día fijo para poder adquirirlo: un mes exacto después de la última compra. Y compara con el arroz normado: dentro del mes hay flexibilidad para adquirirlo. Entonces en el caso de un medicamento por qué esa sujeción. ¿Es que acaso las crisis de asma se registran por decreto a partir del día 10?

«A veces —abunda ella— el día 10 no lo hay, y tengo que comprarlo el 12. Pues entonces, hasta el 12 del siguiente mes no puedo adquirirlo».

Maritza ha indagado en la farmacia, y le responden que es una orientación de arriba. «¿De arriba de dónde?», cuestiona. «¿De donde nadie necesita medicamentos por tarjetón, o es una simple disposición fría desde un buró por alguien...?».

Ella, que debe adquirir regularmente cinco medicamentos por tarjetón, y con todos le sucede lo mismo, bien sabe lo que representa esa orientación, que no duda en calificar de «descabellada». Y aclara que en su provincia nadie ha sido capaz de darle una respuesta fundamentada al respecto.

Lo peor, según la reclamante, es que tales disposiciones no tienen en cuenta que en cualquier momento a un paciente se le puede agudizar su dolencia. «Y eso nos obliga a acudir a los revendedores de medicamentos a sobreprecio. Eso no es justo».