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En la ciudad colombiana de Cúcuta esperan la ayuda humanitaria Autor: AP Publicado: 19/02/2019 | 09:22 pm
Haití está en riesgo de crisis humanitaria luego de las protestas de los últimos días, según una ONG española que lucha —dice en su presentación— «contra las desigualdades» y busca «contribuir a proteger los Derechos Humanos en América Latina, África, Oriente Medio y Europa».
Cualquiera podría apostillar esa aseveración de Alianza por la Solidaridad —así se llama la ONG— que esa crisis en Haití es más antigua pues está asentada en la misma pobreza de una nación invisible para el Primer Mundo que la saqueó e, incluso, es la causa misma de los disturbios de estos días, cuyos protagonistas responsabilizan al presidente Jovenal Moise.
Depreciación de la moneda hasta un 23 por ciento en los últimos tres meses con alto impacto en la inflación y el costo de la vida para una población donde ya el diez por ciento está en crisis humanitaria y dos millones necesitan ayuda urgente —según los datos, probablemente someros y «cortos», de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)— son algunos de los elementos que muestran cuánto debería preocupar Haití.
Sin embargo, la situación, agravada los últimos días por más de una cincuentena de muertes, dos centenares de heridos y medio millar de arrestados —según la propia ONG española con base en fuentes no identificadas— no ha provocado el menor pronunciamiento de alguien que no sea aquella ONG... Y puede que ello no sea del todo malo, si se analiza la historia reciente de la propia Haití, pródiga en ejemplos de las falsedades que encierran ciertas «preocupaciones humanitarias».
Luego de un golpe de Estado protagonizado por sus militares en 1994, el presidente haitiano Jean Bertrand Aristide fue repuesto en su sitio por una intervención militar organizada por EE. UU.… al precio de dejar al país ocupado, y con más inestabilidad y hambre.
No fue aquella una intervención definida como humanitaria, sino «para restituir la democracia». No obstante, podría decirse que la justificación resultaría otro ensayo de lo que vendría con el envío de militares a otras naciones, presuntamente, para proteger a la población, aunque se provocara exactamente lo contrario.
Algún observador llamó en su momento a las guerras humanitarias como Doctrina Clinton, porque la práctica cobró fuerza con el expresidente demócrata estadounidense.
Su administración fue parte de los bombardeos presuntamente «humanitarios» desatados por la OTAN contra Yugoslavia en marzo de 1999 en virtud de «proteger» a los civiles de Kosovo, ataques que arrasaron el país y dieron al traste con la integridad yugoslava. Los costos no políticos fueron más de 2 000 muertos y daños valorados entre 30 000 y 100 000 millones de dólares. Los daños políticos: terminar el desmembramiento de un país y su sistema.
Fue, posiblemente, el mayor desastre provocado hasta entonces en virtud de la supuesta defensa de los derechos de la gente aunque se haya tratado, y se siga tratando de vender la idea de que una intervención militar «humanitaria» es una guerra justa.
Un referente anterior es el de Somalia, en 1992, luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU votara a favor del uso de la fuerza para garantizar la distribución de ayuda en ese país, lo que posibilitó el despliegue de unos 1 800 marines y el uso de unos 30 000 soldados.
Sin embargo, no fue la primera vez que se invocó una presumible gestión de buena voluntad para invadir a otro Estado.
Un artículo publicado en el año 2003 por Robert Kolb, Doctor en Derecho Internacional, y a la sazón profesor en el Centro Universitario de Derecho Internacional Humanitario, en Ginebra, calificaba entonces la intervención humanitaria como «una forma de intervención extranjera coercitiva» que era práctica frecuente en el siglo XIX, pero modificada por la adopción de la Carta de la ONU y, especialmente, sus artículos 2 y 5, según los cuales los Estados miembros deberían abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, y que establece el derecho de los Estados miembros a la legítima defensa en caso de ataque armado.
El debate sobre el asunto cobró fuerza después de los ataques a Yugoslavia, pero la práctica no se detuvo, si bien continuó provocando críticas.
A raíz de la invasión de 2003 a Irak bajo el supuesto jamás probado de que allí había armas nucleares y el alegado propósito de enfrentar el terrorismo y salvaguardar la seguridad internacional, un artículo publicado en The Nation en 2003 y que reprodujo después nada menos que El País, de España, bajo el título de «¿Guerra humanitaria o preventiva?», explicaba que «la consecuencia inevitable de ensalzar la intervención humanitaria como respuesta deseable a las guerras y a las crisis de refugiados será un nuevo orden colonial».
«En la mayoría de los casos, la acción militar consiste, en la práctica, en sustituir al Gobierno del país en cuestión por el Gobierno del interventor humanitario o por algún otro agente externo, que suele ser la ONU, o si no, un sustituto local que de hecho está controlado por el interventor externo».
En el caso iraquí, el propósito era derrocar a Saddam Hussein y el saldo debió resultar aleccionador: unos 5 500 soldados y mercenarios de empresas privadas de seguridad perdieron la vida. Pero fue peor, desde luego, para los intervenidos, que sufrieron unos 500 000 muertos de los cuales más de la cuarta parte eran civiles.
El mundo vivió después, pese a todo, el desastre causado en Libia por la intervención de EE. UU. y la OTAN en 2011, y que según expertos citados recientemente por Russia Today «hizo más para socavar los derechos humanos que para protegerlos».
Sobran los casos para constatar que el proclamado, pero no demostrado deseo de EE. UU. y otras potencias de «hacer respetar los derechos humanos, la seguridad o la integridad» de las personas se usa cada vez más con un carácter político interventor.
Se han realizado con, o sin el aval de la ONU, y han encontrado la animadversión de quienes anteponen que aún el más sincero carácter de servir tiene que tomar en cuenta el respeto a la soberanía nacional de los Estados.
En marzo de 2001, un artículo publicado en el sitio web del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) por Anne Ryniker, afirmaba que «Desde el punto de vista del Derecho Internacional humanitario, existe una contradicción inmanente cuando se habla de “intervención” o “injerencia” “humanitarias”, pues el término “humanitario” debe reservarse a la acción encaminada a mitigar el sufrimiento de las víctimas. Ahora bien, la “intervención humanitaria”, tal como se entiende hoy, es una intervención armada que implica a menudo un programa político».
Objetivos geoestratégicos que toman en cuenta no solo el cambio de regímenes políticos, sino también el deseo de control sobre los recursos naturales de los países invadidos, también las animan.
Contra Venezuela
Es en este y no en otro contexto que debe ubicarse el discurso de Estados Unidos en torno al envío de una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela: un trampolín para la intervención militar que podría ser abierta, o solapada.
Usar el mecanismo y el término contra la nación bolivariana entraña, de por sí, varios propósitos que pretenden pasar por encima a la falacia de que Washington envíe 20 millones de dólares en «ayuda» y ocasione pérdidas, en cambio, por más de 30 000 millones con sus medidas punitivas al Estado venezolano, que analistas como el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Celag, aseguran se cobran pérdidas mayores ascendentes, desde el año 2013, a 350 000 millones de dólares.
Aceptar que en Venezuela hay una «crisis humanitaria» por demás inexistente, equivaldría a presentar la institucionalidad de ese país como la de un Estado fallido, y sentar causa para lo que se busca: apoyo a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que dé carta blanca a Estados Unidos para una mayor injerencia directa.
Pero, además, el asunto humanitario sigue fabricando excusas y buscando adeptos y «momentos» creados por EE. UU. para esa opción militar que el presidente Donald Trump no descarta, ya que no ha conseguido el reconocimiento dentro de Venezuela a su títere Juan Guaidó y, con ello, el cambio de Gobierno que desea; ni ha avanzado en el intento de imponer a los venezolanos, desde afuera, una celebración de nuevas elecciones presidenciales que desconocerían las que dieron la reelección a Nicolás Maduro el 20 de mayo pasado.
Resulta una provocación portadora de gran peligro el envío de esa supuesta ayuda, en contra de la voluntad del Estado venezolano, por zonas limítrofes con Colombia como la región de Cúcuta desde el fin de semana pasado, usando incluso aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y con la irrespetuosa y grosera presencia en esa localidad colombiana del furibundo antibolivariano y anticubano senador por Florida, Marco Rubio, uno de los que atiza la agresividad yanqui contra los países «distintos» de América Latina.
Algún analista ha estimado que con el show humanitario, Washington establece desde ya una suerte de línea de suministro para futuras operaciones militares, en una acción progresiva que contemplaría también el uso por la desmembrada oposición derechista representada en Guaidó, del dinero congelado por las sanciones a Venezuela para protagonizar una implosión armada.
Pero la injuriosa vía militar podría resultar aún más sencilla si el propio Guaidó «pide» la entrada en el juego de las fuerzas de Estados Unidos —como ha anunciado podría hacer— y estas acuden… con un «fin humanitario» que nadie en el mundo podría creer, si no fuera por la gigantesca operación mediática que sataniza lo que ocurre en Venezuela.
Sería esa variante un acto criminal, y otro ejercicio yanqui de burla al Derecho Internacional y de rancia hipocresía. Todavía las fuerzas honestas del planeta lo podrían detener.
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