Durante décadas, las pequeñas ciudades del interior de Estados Unidos han aprendido a convivir con un hecho: las grandes decisiones casi siempre llegan desde otro lugar. Pero ahora, comienzan a alzarse contra los centros de datos responsables de la inteligencia artificial
Primero fueron las fábricas que cerraron. Después, los empleos que emigraron hacia las costas. Más tarde, aparecieron las plataformas digitales, que transformaron la economía sin pedir permiso a nadie. Ahora, cuando la inteligencia artificial promete inaugurar una nueva revolución tecnológica, muchos habitantes de esas mismas comunidades sienten que la historia vuelve a repetirse. La diferencia radica en que en esta ocasión pueden ver el cambio desde la ventana de sus casas.
En Clinton, una ciudad de Iowa situada junto al río Mississippi, en Estados Unidos, la alarma comenzó con unos topógrafos que aparecieron en campos de maíz. Nadie explicó qué hacían allí. Meses después, los vecinos descubrieron que detrás de aquellas mediciones se ocultaba el proyecto de uno de los mayores centros de datos para inteligencia artificial del país: diez edificios gigantescos, distribuidos sobre más de mil acres de terreno, impulsados por una inversión vinculada a Quality Technology Services (QTS), empresa propiedad del fondo Blackstone.
Lo que ocurrió luego parece extraído de una novela sobre política local. Republicanos y demócratas, personas que apenas se hablaban entre sí, comenzaron a sentarse en la misma mesa. Agricultores, empleados públicos, especialistas tecnológicos y amas de casa formaron una organización con un nombre tan directo como el motivo de su existencia: Clintonians Against Data Centers (Clintonios contra los centros de datos).
La escena podría parecer anecdótica si no fuera porque se replica en numerosos puntos de ese país, en medio de un escenario donde el oficialismo quiere cambiarle hasta el nombre a la tecnología, por capricho, a superinteligencia (lo cual, científicamente hablando, ni se acerca).
La inteligencia artificial necesita una cantidad colosal de infraestructura. Los modelos que generan textos, imágenes o videos requieren miles de procesadores funcionando, de manera simultánea, día y noche. Todo ese poder de cálculo reside en edificios que, vistos desde fuera, recuerdan enormes almacenes industriales. Dentro, sin embargo, se concentra una parte creciente de la economía mundial.
Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la demanda eléctrica de los centros de datos aumentó un 17 por ciento durante 2025. Los complejos especializados en inteligencia artificial crecieron todavía más rápido, impulsados por inversiones que ya superan los cientos de miles de millones de dólares. La propia AIE advierte que el ritmo de expansión comienza a generar tensiones sobre las redes eléctricas en distintas regiones.
La carrera tiene una lógica empresarial evidente. Quien controle la infraestructura tendrá ventaja en la competencia tecnológica más importante de la década. Pero, existe otra realidad menos visible.
Cada nuevo centro de datos necesita suelo, líneas de transmisión, agua para refrigeración y enormes cantidades de energía. Lo que para Silicon Valley representa una oportunidad estratégica, para muchos condados estadounidenses se traduce en una transformación radical de su entorno.
Cuando una persona formula una pregunta a un chatbot, difícilmente piensa en tuberías. Sin embargo, el agua se ha convertido en uno de los principales puntos de conflicto.
La revista Fortune documentó este año varios enfrentamientos entre comunidades rurales y desarrolladores de centros de datos en Arizona y Georgia. En ambos casos, vecinos denunciaron consumos de agua no autorizados en territorios que ya enfrentaban estrés hídrico.
En Virginia, una propuesta de Google provocó inquietud cuando trascendió que podría requerir inicialmente dos millones de galones diarios de agua y que la cifra podría multiplicarse en el futuro.
La preocupación no se limita a especialistas ambientales. En Georgia, residentes del condado de Coweta impulsaron un referendo para frenar nuevos proyectos después de asistir durante meses a reuniones donde, según denunciaron, sus inquietudes fueron ignoradas. «Nuestro objetivo es proteger el carácter rural de la comunidad», explicó la activista Melanie Tomlinson a The Guardian.
Los centros de datos no siempre consumen las mismas cantidades de agua. Existen sistemas de refrigeración con diferentes niveles de eficiencia. Aun así, el tema se ha convertido en la principal fuente de resistencia ciudadana en numerosos proyectos. Un análisis de Compute Atlas, plataforma que monitorea conflictos asociados a estas instalaciones, concluyó que las quejas relacionadas con el agua aparecen con más frecuencia que las vinculadas con el consumo eléctrico.
Sería fácil reducir la polémica a una discusión técnica sobre recursos naturales. Los testimonios recogidos en Iowa, Virginia, Utah, Georgia y otros estados apuntan hacia algo más profundo.
La Associated Press observó hace tiempo que la expansión de los centros de datos suele enfrentar dos visiones del desarrollo. Por una parte, gobiernos locales atraídos por nuevas inversiones, ingresos fiscales y promesas de empleo. Por otra, residentes que perciben decisiones tomadas a puertas cerradas por empresas con recursos inmensamente superiores a los de cualquier comunidad.
Un reportaje en The Atlantic identifica precisamente esa sensación de impotencia como el combustible principal de la llamada «rebelión de los centros de datos». Los habitantes de Clinton no solo discutían sobre ruido, iluminación nocturna o consumo energético. También cuestionaban quién tenía derecho a decidir el futuro del lugar donde viven.
La misma tensión apareció en Utah, donde el multimillonario Kevin O'Leary impulsó un megaproyecto asociado a inteligencia artificial. La iniciativa generó protestas por la velocidad del proceso de aprobación, las dudas ambientales y la percepción de que las comunidades locales apenas habían participado en las decisiones iniciales.
Incluso, políticos tradicionalmente favorables a la industria tecnológica comienzan a percibir el cambio de humor. Encuestas recientes muestran que una mayoría de estadounidenses rechazaría la construcción de un gran centro de datos cerca de sus hogares. En Virginia, considerado durante años el corazón mundial de esta industria, el respaldo ciudadano ha caído de manera notable.
Durante buena parte del siglo XX, las ciudades competían por atraer plantas automotrices, acerías o complejos petroquímicos. Hoy lo hacen por edificar un centro de datos.
La comparación ayuda a entender el momento actual. Estas instalaciones representan infraestructura crítica para la economía digital, del mismo modo que las fábricas representaban la infraestructura crítica de la economía industrial. La diferencia consiste en que sus beneficios resultan menos visibles para quienes viven junto a ellas.
Un centro de datos puede aportar ingresos fiscales y actividad económica. También puede consumir enormes cantidades de energía sin generar miles de empleos permanentes. Una vez terminada la construcción, muchas instalaciones funcionan con plantillas relativamente reducidas.
Esa contradicción alimenta varias cuestiones por responder. ¿Cuánto debe sacrificar una comunidad para integrarse a la economía de la inteligencia artificial? ¿Quién asume los costos ambientales? ¿Quién recibe los beneficios?
Mientras gobiernos, inversionistas y empresas tecnológicas aceleran la carrera por dominar la próxima generación de servicios digitales, esas interrogantes comienzan a resonar en lugares donde hasta hace poco casi nadie hablaba de inteligencia artificial.
En Clinton, Iowa, la batalla aún no ha terminado. Pero, quizá, la historia más importante no sea la del centro de datos. Tal vez sea la de una comunidad que descubrió que, detrás de cada respuesta producida por una máquina, existe una infraestructura tan física como los caminos, las presas o las fábricas. Y que, cuando ese conjunto de instalaciones llegan a la puerta de casa, el tema ya no trata de algoritmos, sino del lugar donde has decidido vivir.
