Que las edades más jóvenes sean prioridad en un país como el nuestro no sorprende cuando la Revolución atestigua este principio en más de 60 años de historia. Por ello, el nuevo proyecto de Código de Niñez, Adolescencias y Juventudes vino a ratificar lo obvio y a poner el foco sobre cuestiones inminentes en lo que respecta a nuestra realidad más actual.
De acuerdo con la Constitución de la República aprobada en 2019 y el Código de las Familias en 2022, grandes logros de la democracia popular, la estructura legislativa cubana cambió. Por ende, el impacto en otras normativas fue evidente, y más aún, en aquellas que databan del siglo pasado. Ante tal contexto resultaba imprescindible para Cuba abordar desafíos para las nuevas generaciones como la protección digital, la equidad intergeneracional y la participación ciudadana.
El texto, sometido a consulta popular a partir del pasado mes de febrero, no solo sintetiza principios constitucionales, sino que responde a diagnósticos puntuales de nuestra nación.
Según datos del Anuario Demográfico de Cuba 2023 de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el 21,38 por ciento de la población cubana tiene menos de 19 años, y una parte importante de los jóvenes de edad entre los 15 y 34 años enfrentan desafíos vinculados con el acceso a vivienda y tecnologías. A esto se suman problemáticas globales como el acoso en línea, el éxodo juvenil y las brechas educativas pospandemia.
En primera instancia, incluso cuando solo hablábamos de una política integral para estos grupos de edades, quedó claro el propósito de articular una respuesta integral desde el Estado cubano, reconociendo a niñas, niños, adolescentes y jóvenes más que como «futuros ciudadanos», como actores con voz y derechos.
Por lo que, ya en las disposiciones preliminares de este anteproyecto, se ratifica el objeto principal de propiciar su desarrollo integral, el ejercicio y respeto pleno de sus derechos y establece el marco institucional destinado a orientar, impulsar e implementar políticas, planes, programas y proyectos que garanticen su protección, participación, inclusión y su contribución al desarrollo social.
Asimismo, la propuesta de norma incorpora artículos para proteger a menores y jóvenes en entornos virtuales, un tema crucial si se tiene en cuenta que hasta principios de 2025 el acceso a internet por usuarios cubanos se había triplicado con respecto a años precedentes y se pronostica seguir en aumento de forma paulatina.
De ahí, y por otros motivos que integran la complejidad de nuestro entramado social, el texto penaliza el ciberacoso, la explotación sexual en línea y la difusión de contenidos nocivos; aspira a una educación digital responsable para evitar riesgos como la desinformación o la adicción tecnológica, y regula el uso de datos personales de menores por empresas y plataformas.
Por otro lado, profundiza en el enfoque antidiscriminatorio del Código de las Familias, al reconocer a grupos históricamente vulnerables como son los adolescentes y jóvenes de la comunidad LGBTIQ+, con medidas contra el bullying homofóbico en centros de enseñanza y otros espacios públicos; y en el caso de jóvenes con discapacidad, garantiza su acceso a servicios de salud, rehabilitación, educación, esparcimiento y capacitación previa para un empleo digno.
Así también lo hace para las niñas y adolescentes en riesgo de embarazos precoces, en medio de una dinámica demográfica retadora cuando la tasa de fecundidad adolescente (nacimientos por cada 1 000 mujeres entre 15 y 19 años) en Cuba fue de 54,1 al cierre del año 2023, superior a la media nacional, según este mismo informe de la ONEI.
Entre otros puntos, sitúa debates nacionales como centros de atención al proponer una participación real y no simbólica de adolescentes y jóvenes, quienes deben ser escuchados en correspondencia con sus intereses y aspiraciones. Sobre todo este último grupo, considerado como prioritario para la elaboración de políticas públicas, programas educativos y proyectos comunitarios nacionales, lo que incluye mecanismos para que tengan mayor representación en gobiernos locales y organizaciones de masas, y el apoyo a iniciativas juveniles autónomas en cultura, medio ambiente, emprendimiento y activismo social.
Aunque el anteproyecto es ambicioso y justo en igual medida, su éxito dependerá de contar con lo necesario para la implementación de programas de prevención de violencia, cambios en las dinámicas educativas y acceso a tecnologías, así como de un arduo trabajo de capacitación institucional y sensibilización social que resulta un ejercicio que comenzó desde la consulta popular del Código de las Familias.
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