Mientras leemos este texto, uno de cada diez niños en el mundo trabaja, «voluntaria» o forzadamente, para lograr subsistir. A pesar de pronunciamientos, acciones gubernamentales y hasta de proclamar un día del año contra el trabajo infantil, unos 160 millones de infantes laboran, y la cifra, dolorosamente, crece a medida que se acrecientan los conflictos de todo tipo, las enfermedades y las crisis económicas.
La mayoría de estos pequeños viven en África, Asia y el Pacífico, en países de bajos y medios ingresos. Y aunque el número es alarmante por sí solo, de seguro esconde a muchos que, desde el hogar, solapadamente, también deben abandonar estudios y juguetes para ejercer trabajos domésticos, tanto o más forzosos que otros.
Aunque Cuba no está exenta del fenómeno, pues puede quizá usted conocer a algún niño expuesto al trabajo, las leyes aquí son claras y apuntan a la prohibición del trabajo infantil; de hecho, es penado por la ley quien emplee a un menor de 17 años, edad establecida en el Código de Trabajo como determinante para establecer contratos laborales.
Excepcionalmente, el propio Código ampara la posibilidad de trabajar para aquellos adolescentes de 15 o 16 años, previa autorización de sus padres o tutores, que hayan finalizado la enseñanza profesional o de oficios o expongan alguna justificación de peso para laborar.
Para estos adolescentes existen protecciones especiales; además de que gozan de iguales derechos que los demás trabajadores, sus jornadas no pueden exceder las siete horas diarias y 40 semanales, con tal de garantizar su pleno desarrollo y favorecer la adaptación a la vida laboral. Tampoco pueden realizar en esta etapa trabajos de riesgo o en condiciones que puedan poner en peligro su salud, estabilidad física y emocional.
Sí, porque más allá de las conocidas carencias materiales, la Mayor de las Antillas es un país que apuesta por sus niños y adolescentes, donde la instrucción es derecho y deber, una educación basada también en la enseñanza de la utilidad del trabajo, pero sin que su práctica constituya obligación forzosa ni vía para mantener a la familia.
Aquí cada norma jurídica deja clara la responsabilidad de padres o tutores de mantener económicamente al menor y velar por su seguridad, en tanto el
Estado ha de garantizarles acceso a la educación gratuita a todos los niveles de enseñanza, para formar hombres y mujeres de bien, instruidos. Ese también es el propósito de la Política integral de niñez, adolescencias y juventudes que en julio del pasado año aprobara la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Este año, ese Día Mundial se centra en la celebración del aniversario 25 de la adopción del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, y recuerda a todas las partes interesadas cuánto deben hacer para lograr su aplicación, y la del Convenio sobre la edad mínima de trabajo, adoptado en 1973, pues en los últimos años se ha retrocedido en el tema, en lugar de avanzar hacia la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, referente a eliminar el trabajo infantil en todas sus formas para 2025.
Todo apunta a que dicha meta seguirá siendo un propósito incumplido, uno más a nivel mundial, y de los que más duelen. Entre tanto, Cuba sigue esforzándose porque cada infante, en primer lugar, estudie, y desde la escuela, aprenda el valor de ese trabajo que solo estará en el deber y derecho de ejercer cuando sea mayor y esté apto, física y mentalmente, para aportar a la sociedad que lo formó.
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