Pocos parecen estar de acuerdo. Incluso, supuestos beneficiarios de esa ley de amnistía que disgusta a tantos nicaragüenses, preferirían que los dejen sin ella. Mientras ladrones bien probados ansían que la Asamblea Nacional dé el sí a la legislación que limpiaría sus recargados expedientes, otros como Antonio Lacayo, uno de los yernos de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, se niegan a entrar en el abultado saco donde lavarían sus pecados más de mil funcionarios públicos que durante 16 años «tocaron» el erario para llenar sus cuentas con un total de ¡870 millones de dólares!, en tanto contribuían a mantener vacíos los estómagos de decenas de miles de nicaragüenses… Esos que trataban de olvidar el hambre sin tortillas de maíz ni frijoles: aspirando el polvo blanquecino de los campos infértiles en tiempo de seca.
Lacayo alega que durante el mandato de la Chamorro no se malversó y, por tanto, no acepta. «Querer incluirnos en algo que no hemos pedido; es querer ensuciarnos con algo que no tenemos que ver», afirmó.
Su reacción es entendible. La jugarreta —promovida por diputados del Partido Liberal Constitucionalista, del ex presidente Arnoldo Alemán— podría salpicar a todos. Tan dura parece la decisión, que el Parlamento no pudo debatir este martes el proyecto por «falta de quórum»: los diputados acudieron al hemiciclo pero no se registraron, con lo que evitaron el debate.
El estallido se da en medio de los habituales tejes y manejes del espectro político de Nicaragua, donde la saturación de la gente con los viejos y desgastados partidos tradicionales no ha provocado, sin embargo, el cisma visto en otras naciones latinoamericanas. Por eso el proyecto de ley para amnistiar a todos los culpables de delitos de corrupción entre el 25 de abril de 1990 —fecha de la toma de posesión de la Chamorro—, y el 9 de enero de 2007, ha devuelto a los cintillos de los periódicos nombres hiperconocidos, como los de los ex presidentes Enrique Bolaños y Arnoldo Alemán, quien, a pesar de su descrédito y del tiempo transcurrido desde que bajó del candelero, todavía goza de vida política.
Solo que, esta vez, las negociaciones interpartidarias tan comunes serían más costosas. Se está tocando algo muy sentido para el común, porque el escándalo pone en primer plano uno de los virus que más estragos ha hecho en Nicaragua: la corrupción.
Bastaría solo recordar lo que se apropió Alemán. En el verano del ya lejano 2001, la seria revista Envío daba a conocer el intento de recolectar 50 000 firmas para pedir a la Contraloría que investigase la fortuna del entonces mandatario y la de su familia hasta el cuarto grado de consaguinidad, pesquisa respaldada por el presidente del Parlamento, Víctor Hugo Tinoco. Pero la Contraloría —increíblemente— desestimó la iniciativa porque el apropiamiento ilícito de dinero «no estaba tipificado» en la legislación.
A esas alturas, el patrimonio de Alemán contaba ya con 56 propiedades, conseguidas, aseguraron los denunciantes, con dinero público y donaciones que se adjudicó.
Sobreseído de sus cargos posteriormente, Alemán, sin embargo, ha sido reclamado a mediados del año pasado por la justicia panameña, que con sobradas razones presume lavado de dinero y le pide que responda por 58 millones de dólares depositados en varias cuentas bancarias de la nación istmeña para la creación de «sociedades anónimas».
¿PROBLEMA ELECTORAL?
Algunos estiman que la presentación, ahora, del proyecto que mantendría a Alemán —y a otros estafadores— en la impunidad, busca resguardar al ex mandatario luego de que las cortes reabrieran las causas donde se le acusa de estafa, fraude y asociación ilícita para delinquir. Pero otros piensan que nuevamente la política está al final del túnel. Según esos criterios, la iniciativa legislativa quiere lavar los historiales enlodados con vista a las elecciones del año que viene, donde ya es un hecho que el presidente Daniel Ortega tendrá la oportunidad de presentarse a la reelección.
Sobre esa cuerda caminaría también el ex canciller Eduardo Montealegre, un hombre de los tiempos de Alemán y titular de Hacienda cuando Bolaños, a quien se responsabiliza con la emisión fraudulenta de bonos de la deuda que la incrementaron en 290 millones de dólares. Aspiró inútilmente a la primera magistratura en 2006 y optó sin éxito a la alcaldía de Managua en 2008; por eso fue de los que soliviantó propagando la falsedad de que no fueron transparentes los conteos en esos comicios.
Si llegar a la casa de gobierno es el derrotero de la llevada y traída ley, quizá debe agradecérsele el alerta acerca del tipo de contendientes que desfalcaría, y hasta vendería a Nicaragua desde la Presidencia.
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