«Abuso de poder» y «expatriación ilegal»: esos son los cargos que la muy cuestionada —por golpista— Fiscalía hondureña, pretende «levantar» contra la alta jerarquía militar.
La acusación no pasará de ser otra engañifa, y eso se huele y percibe desde lejos. Por eso apenas hizo ruido la «noticia» de que el Ministerio Público ha pedido que se dicte «orden de captura» contra los miembros del alto mando castrense, aunque unos pocos la calificaran como una «sorpresa».
Tranquilo dentro de una impunidad que sabe seguirá gozando, el general Romeo Vázquez, jefe de la Fuerza Armada, respondió desde San Pedro Sula que desconocía la acción —presentada ante la Corte Suprema de Justicia por el fiscal Henry Salgado y el ministro Luis Rubí—, y afirmó que se presentará a declarar. Nada debe temer aunque mucho le debe al país: los señalamientos no pasarán de ser otra lavada de cara; una nueva cortina de humo para seguir «reconciliando» la vida nacional sobre una inconstitucionalidad flagrante y continuada que de ningún modo puede ser asiento de la ansiada normalidad, a pesar de que se ha vuelto cotidiana.
Las cartas acabaron de ser volteadas con el circo electoral del pasado 28 de noviembre y la esperada aprobación de EE.UU., a la que se adscribieron otras pocas naciones. Para quienes ansiaban tragarse el cuento, la maniobra con boletas y urnas terminó de afianzar la patraña de la «sustitución» con que se disfrazó la asonada contra Manuel Zelaya.
Pero todavía son pocos los que reconocen al «electo» Porfirio Lobo, quien debe asumir el 28 de enero. Sabedores de que las elecciones ilegítimas no han sido suficientes para ungirlo de reconocimiento y real poder, los mentores y protagonistas del golpe tratan ahora de atar los cabos sueltos. No debe ser mera coincidencia que la demanda interpuesta por los fiscales tuviera lugar durante otra visita a Honduras del estadounidense subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Craig Kelly, a pesar de que observadores dijeron que se fue con las manos vacías.
Poco después, el Frente de Resistencia y el propio Zelaya denunciaban la mentira agazapada tras el presunto deseo del Ministerio Público de que los gorilas «respondan»: el Congreso, también aliado del ejército y la Fiscalía, ya tiene lista la amnistía que decretará, se ha dicho, la semana próxima.
Con ello no solo quedarán bajo el perdón judicial quienes secuestraron y sacaron de Honduras al Presidente, protagonizando ese golpe de Estado militar que se sigue queriendo camuflar, sino el resto de los violadores de la Constitución y de los derechos humanos de los hondureños asesinados o desaparecidos, heridos, golpeados o torturados… sin contar los que continúan siendo burlados hoy con la imposición de un gobierno emergido de comicios sin alguna garantía constitucional.
En medio de la farsa, todavía resulta irrespetuoso que se quiera limpiar la honra de los altos generalotes responsables de la expulsión del Presidente y otros cuantos crímenes, acusándoles apenas de abusar de su poder y de expatriar de forma ilegal a Zelaya, mientras a este —todavía hospedado en la embajada de Brasil— el menor cargo que se le imputa es el de «traición a la patria».
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