Trump siempre ha tenido la intención de eliminar el voto por correo. Autor: Bloomberg Publicado: 02/11/2026 | 10:49 am
WASHINGTON, 2 de noviembre.— El Departamento de Justicia, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha mostrado disposición a intervenir directamente en las elecciones de mitad de mandato de este martes, rompiendo con décadas de práctica orientada a evitar la apariencia de que sus facultades de aplicación de la ley se utilizan para beneficiar a un partido político o a un candidato, dijo la agencia Reuters.
En California, el Departamento de Justicia intentó anular votos emitidos por correo por cerca de 20 000 personas, alegando que, probablemente, no son ciudadanos estadounidenses y, por tanto, no tienen derecho a votar.
El Departamento también ha solicitado registros en el marco de una investigación penal relacionada. Por su parte, California ha afirmado que ha implementado medidas para evitar que personas que no son ciudadanas voten, y ha argumentado que el Departamento de Justicia carece de autoridad para invalidar votos.
En Alaska, el Departamento ha intensificado una investigación penal para determinar si un candidato al Senado —que comparte nombre con el actual senador republicano Dan Sullivan— entró en la contienda con el fin de confundir a los votantes. Asimismo, intentó impedir la certificación de los resultados en caso de que Sullivan perdiera por un margen estrecho; sin embargo, un juez federal desestimó dicha demanda el domingo.
Aunque los tribunales han rechazado las demandas presentadas por el Departamento contra ambos estados, estos casos ponen de relieve la disposición del Departamento de Justicia a intervenir en disputas electorales antes de que se contabilicen los votos y se certifiquen los resultados.
El Departamento ha apelado la decisión tomada en Alaska.
Los críticos señalan que el DOJ podría facilitar cualquier intento de Trump por sembrar dudas sobre las elecciones de mitad de mandato, las cuales determinarán el control del Congreso y los resultados de decenas de contiendas para gobernador.
«Parece que la administración quiere que el Departamento tenga una incidencia que antes estaba prohibida», afirmó Mark Blumberg, quien anteriormente dirigió la respuesta del Departamento de Justicia ante amenazas a los derechos civiles en el contexto electoral y, posteriormente, fundó el Rule of Law Project, agregó Reuters.El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, sostiene que las acciones del Departamento son legales y tienen como objetivo proteger la integridad del voto.
«El Departamento no está ayudando a ninguna campaña. Está haciendo cumplir la ley», declaró Kiersten Pels, portavoz del Departamento, en un comunicado.
La Constitución de Estados Unidos asigna a los estados la responsabilidad de administrar las elecciones; sin embargo, el republicano Trump argumenta que los estados gobernados por demócratas no están haciendo lo suficiente para impedir que personas que no son ciudadanas estadounidenses ejerzan el voto, algo prohibido por la ley federal.
Trump sigue afirmando, falsamente, que un fraude generalizado provocó su derrota en las elecciones de 2020. No obstante, estudios independientes y auditorías estatales han determinado que el fraude electoral es un fenómeno poco frecuente.
Grupos externos alineados con Trump presentaron más de 60 demandas para impugnar su derrota en 2020; todas ellas fracasaron. Durante su primer mandato, los funcionarios del Departamento de Justicia rechazaron las presiones para involucrar a la institución en dichos esfuerzos.
«Los grupos extremistas de derecha no tendrán que hacer eso este año, porque el Departamento de Justicia está claramente preparado y dispuesto a hacerlo», señaló Lis Frost, abogada especializada en derechos electorales del bufete Elias Law Group, que representa con frecuencia a los demócratas ante los tribunales. Históricamente, las intervenciones del Departamento de Justicia en materia electoral se han centrado en hacer cumplir leyes federales destinadas a garantizar que las minorías raciales o las poblaciones vulnerables puedan votar sin impedimentos.Tradicionalmente, el Departamento de Justicia ha procedido con cautela en las investigaciones electorales, ya que su intervención puede generar incertidumbre o ser aprovechada por candidatos o partidos políticos.
Según exfuncionarios del Departamento de Justicia, su Sección de Integridad Pública —integrada por expertos de carrera en derecho electoral— ha aconsejado a menudo a agentes y fiscales que esperen a que los resultados sean certificados antes de intervenir.La administración Trump ha reducido drásticamente el tamaño de esta unidad y ha eliminado el requisito de que los fiscales federales la consulten en investigaciones sobre corrupción electoral.
Funcionarios del Departamento de Justicia sostienen que las fiscalías federales (oficinas de los Fiscales de los Estados Unidos) están mejor posicionadas para determinar si procede presentar cargos.Por el contrario, se ha comunicado a los agentes y fiscales que las cuestiones no resueltas serán decididas por personas designadas por Trump, según tres fuentes al tanto de estas conversaciones.La Oficina del Fiscal General Adjunto mediará en las disputas entre agentes y fiscales; un papel directo que, según exfuncionarios del Departamento de Justicia, rara vez se ha desempeñado en investigaciones electorales. Pels señaló que «resolver disputas que no pueden solucionarse sobre el terreno es, precisamente, la función para la que existe esa oficina».
