El estado de excepción declarado recientemente en diez provincias, ha sido calificada por la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos como un factor que complejiza el «grave deterioro democrático del país». Autor: Tomado de la fuente Publicado: 20/06/2026 | 02:21 pm
QUITO, junio 20.— Colectivos de derechos humanos en Ecuador solicitaron este viernes la intervención urgente de organismos internacionales para monitorear el impacto del Decreto Ejecutivo No. 424, firmado por el presidente Daniel Noboa.
La medida, que profundiza el estado de excepción declarado recientemente en diez provincias, ha sido calificada por la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos como un factor que complejiza el «grave deterioro democrático del país».
En una misiva dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los procedimientos especiales de la ONU, las organizaciones exhortan a solicitar información técnica y jurídica al Estado ecuatoriano. El decreto controversial avala la participación de fuerzas extranjeras en operativos de seguridad dentro del marco del conflicto armado interno y les otorga inmunidad durante sus actuaciones.
Las organizaciones denunciaron el anuncio de Noboa de otorgar beneficios penales a estos grupos que, según su perspectiva, genera una «expectativa institucional de protección o tratamiento excepcional respecto a conductas futuras aún indeterminadas». Estos colectivos de derechos humanos señalan que la inclusión de estos permisos podrían interpretarse como una protección anticipada frente a responsabilidades futuras, contraviniendo la jurisprudencia interamericana sobre graves violaciones.
Los firmantes advierten que esta disposición no delimita con claridad las actividades de los llamados «Estados cooperantes», ni establece mecanismos de supervisión efectivos o reglas precisas sobre el uso de la fuerza. A su vez, el principal temor de los activistas es que la inmunidad ratificada «dificulte la determinación de responsabilidades ante eventuales violaciones de derechos humanos», dejando a las potenciales víctimas sin garantías de acceso a la verdad, justicia y reparación.
Este nuevo despliegue llevará a unos 13 000 soldados a cuatro provincias de Ecuador para hacer frente a las actividades criminales como uno de los objetivos del nuevo estado de excepción decretado en el país. «A partir de esta decisión, militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad», declaró Noboa al anunciar las nuevas tropas que entrarían al país.
Ante este escenario, las organizaciones requieren transparencia sobre las reglas de operación, los mecanismos de control y los procedimientos judiciales aplicables. La solicitud se produce en medio de una escalada de violencia vinculada al crimen organizado, que ha llevado al gobierno a implementar medidas excepcionales de seguridad con apoyo internacional.
