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Los enfrentamientos en Chicago, entre agentes migratorios y manifestantes ya deja varios arrestos Autor: Getty Images Publicado: 15/10/2025 | 11:16 am
WASHINGTON, octubre 15.— El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU. ha publicado una licitación buscando compañías privadas que puedan emplazar al menos 30 analistas en centros de vigilancia del ICE en Williston (Vermont), y en la ciudad californiana de Santa Ana para realizar una operación de vigilancia constante, las 24 horas del día, de los inmigrantes utilizando la última tecnología, incluyendo inteligencia artificial, que respalde e incremente las redadas y deportaciones.
El Gobierno solicita «servicios de análisis y generación de pistas» que «cumplan con la misión de aplicación de la ley del ICE» para localizar a quienes «representen un peligro para la seguridad nacional», según documentos que publicó People Dispatch, información que ha sido reproducida por El País y Telesur.
Las informaciones recabadas partirán «de bases de datos comerciales y policiales, así como de otras fuentes accesibles al público, incluidos medios abiertos y plataformas de redes sociales», cuya vigilancia estará integrada en el flujo de trabajo de «selección de objetivos» del ICE. Los documentos también indican que la IA aumentará la eficiencia en la identificación de individuos.
La iniciativa es parte de la histórica ofensiva migratoria de la Administración de Donald Trump, que ha prometido deportaciones masivas y ha establecido cuotas de arrestos diarios de, según numerosos reportes, hasta 3 000 detenciones por jornada.
El ICE se ha convertido en la agencia más poderosa del Gobierno federal, con acceso a los datos de otras dependencias, como el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Salud. Además, ha recibido miles de millones de dólares —entre 70 000 y 170 000 millones, dependiendo de lo que se incluya en el cálculo— de la reforma fiscal de Trump aprobada en el verano, que establece una partida de 5 900 millones para «nueva tecnología», lo que le permite un alcance masivo de la vigilancia que ofrecen las empresas privadas de tecnología, lo que ha puesto en alerta a defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes por los riesgos que presenta esta práctica a la libertad de expresión, la privacidad y la democracia.
«Casi cualquier cosa que la gente publique en redes sociales puede potencialmente ser usada en su contra. Cualquier publicación en un grupo de WhatsApp o en una página de Facebook puede ponerlos en el radar del ICE», explicó Alberto Fox-Cahn, abogado y fundador del Proyecto de Supervisión de Tecnología de Vigilancia (STOP, por sus siglas en inglés), que aboga por los derechos civiles con un enfoque en la vigilancia gubernamental.
