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El peronismo se movilizó, y jubilados, estudiantes, movimientos sociales y sindicatos marcharon contra la proscripción a Cristina Kichner. Autor: Página 12 Publicado: 12/06/2025 | 03:11 pm
Cristina Fernández fue la primera en denunciar la judicialización de la política —que es lo mismo que la politización de la justicia— como instrumento manipulador de la derecha contra los líderes progresistas de América Latina.
Ella se ha convertido en otra de las víctimas del lawfare desde el martes 10 de junio, fecha en que la Corte Suprema ratificó las penas confirmadas hace un año por la Cámara Federal de Casación Penal y emitidas antes por un juzgado porteño, y que la condenan a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida.
En realidad, la expresidenta es objeto de persecución judicial y mediática desde hace años. Solo que ahora, por primera vez, una de las varias sentencias que planean sobre ella, se ha hecho firme.
La causa conocida como Vialidad es apenas una entre casi una decena de procesos judiciales que la han involucrado y señalado por supuestos cargos que pretenden ligarla a la corrupción. Pero nada se ha demostrado.
Incluso este proceso, que tiene por escenario a la provincia de Santa Cruz donde, supuestamente, su fallecido esposo y exmandatario Néstor Kirchner y luego ella habrían desviado recursos de obras en construcción, ya había sido sobreseído por un tribunal regional. Los cargos incoados contra la también exvicepresidenta se desestimaron por falta de pruebas.
Así ha ocurrido con otras cuatro causas, de las que tres se mantienen abiertas: jueces probos las cierran al no hallar argumentos que avalen las acusaciones, y luego llegan los tribunales ligados a los poderes fácticos para reabrirlas.
Es el modus operandi para intentar sacar de en medio a las figuras políticas de prestigio, capaces de conducir a las bases que aspiran a los cambios.
Pero, para apartarlas, no se procura solo encerrarlas entre cuatro paredes, como hicieron en Brasil con Luiz Inácio Lula da Silva en 2018 de modo de impedirle participar en los comicios en que, por su no presentación, Jair Bolsonaro resultó electo a la presidencia.
Además —o tal vez, sobre todo—, el propósito es «eliminar» los liderazgos populares mediante la satanización, lo que busca también desacreditar las causas que los acusados, defienden. Es una malévola pero extendida y a veces eficaz manera de manejar, y subvertir las mentes de las ciudadanías.
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, condenado a ocho años en ausencia pues cuando se abrió el proceso ya no estaba en el país, también ha sido criminalizado así como su vice, Jorge Glas, a quien se le han bloqueado todos los habeas corpus presentados por la defensa después de su apresamiento. Ellos, y los muchos cuadros del correísmo que han salido del país por la persecución, también son ejemplos de cómo funciona «el sistema».
Acusar a Correa y a Glas ha sido parte de la campaña de atomización de Revolución Ciudadana, que antes fue el movimiento Alianza PAÍS; solo que el traidor presidente que sucedió a Correa, Lenín Moreno, se robó el nombre de la agrupación, desvirtuó sus principios y pretendió atomizarla.
Los fieles siguen apegados a la defensa del programa que implementó Correa; pero los daños causados por la judicialización y la manipulación son alimentados por otras malas prácticas, siempre que un cuadro de ascendencia, como ha demostrado serlo la excandidata presidencial Luisa González en los comicios ecuatorianos recientes, sale a la palestra y muestra posibilidades de recuperar la dirección del país.
También las infamias lanzadas sobre Lula pretendieron sepultar al Partido de los Trabajadores y persiguieron y condenaron a sus dirigentes, pasando por el golpe de Estado parlamentario infligido a Dilma Rousseff en 2016.
Pero algunos años después, se hizo la luz. Quizá en algún momento ocurra en Argentina lo que, en Brasil, demostró la inocencia de Lula y abrió los tribunales para el sobreseimiento, una a una, de las varias causas que, como ha ocurrido a Cristina, fueron injustamente abiertas contra él.
A ojos vista, fueron la osada revelación del abogado constitucionalista, editor y articulista estadounidense Green Greenwald, y las maneras en que pudo acceder a las conversaciones sostenidas mediante Internet por el entonces juez Sergio Moro con los funcionarios judiciales que materializaban sus falsas incriminaciones, las que desnudaron las fabulaciones maquinadas contra Lula en las páginas de la publicación The Intercept.
¿Quiénes exactamente mueven los hilos detrás de la campaña contra Cristina?
El momento
Nada mejor que el momento que vive Argentina para dejar entender el trasfondo político de la sentencia ratificada hace unos días.
Cristina no solo había expresado ahora su intención de postularse como candidata a legisladora de la provincia de Buenos Aires. Además, ya había emergido como aclamada presidenta del Partido Justicialista lo que, pese a cualesquiera diferencias dentro del peronismo, la volvía a situar como líder indiscutible de las bases antineoliberales.
Ella es una dirigente con capacidad de convocatoria y conducción cuya labor puede aunar voluntades luego de la derrota electoral del peronista Unión por la Patria —antes Frente de Todos— en las elecciones presidenciales de noviembre de 2023.
Entonces, la victoria de La libertad avanza y Javier Milei se cebó en la crisis económica derivada de los pagos de la deuda contraída antes por el derechista Mauricio Macri, las secuelas en la producción y la industria provocadas por el paso de la Covid-19, la sequía… y las ostensibles diferencias en el seno de un ejecutivo donde no siempre las decisiones del entonces presidente Alberto Fernández fueron bien recibidas por su agrupación política.
Todo ello pasó factura… y también la ausencia de un candidato de sólido arraigo en el peronismo.
Luego de un aparente y temporal alejamiento de la acción política pese a la insistencia de las bases, que en su momento le pidieron y aclamaron porque fuera candidata a la presidencia, la «reaparición» de CFK en los escenarios públicos —porque jamás ha estado ausente de la política—, significa un peligro para las huestes reaccionarias, en un panorama nacional donde las recetas de recortes con motosierra aplicadas sin compasión por Milei, no están dando paso, precisamente, a una Argentina más próspera.
Posiblemente por ello, los poderes agazapados tras la Corte Suprema entendieran que era el momento de emitir el dictamen final, tras la primera confirmación de la sentencia y el recurso presentado por la defensa, en noviembre pasado.
Pero la apelación ni siquiera fue examinada, razón por la cual la dirigente insiste en la aseveración que adelantó desde el primer dictamen de este proceso, iniciado desde el lejano año 2008: la decisión de condenarla hace tiempo estaba tomada.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof se ha referido al proceso tildándolo de «causa tramitada de manera irregular y con un calendario político», lo que remarca no solo las manipulaciones ejercidas para condenarla sino, además, el carácter oportunista y politizado del pronunciamiento judicial.
«No hay una sola prueba directa que la comprometa», adujeron los abogados de la defensa y los observadores desde marzo de 2023, cuando el Tribunal Federal Oral 2 emitió 1616 páginas para persuadir de que Cristina había participado en licitaciones indebidas para obras viales en la provincia de Santa Cruz.
«El tribunal no pudo respaldar la acusación de la fiscalía y, a falta de pruebas directas, se basó en indicios», denunció entonces la defensa. Nada de eso ha cambiado.
De momento, las autoridades judiciales afirman que no procederán a su inmediata detención, en tanto se afirma que pudiera cumplir la onerosa pena que injustamente se le impone, mediante reclusión domiciliaria.
Como resultado de la satanización y el lenguaje de odio contra su figura, ya Fernández de Kirchner fue objeto de un fallido intento de asesinato en septiembre de 2022.
Ahora intentan lapidar su imagen política. Pero la indignación recorre al peronismo y a las organizaciones sociales que le acompañan, y ha dado lugar a marchas de respaldo a Cristina que auguran la posibilidad de un terremoto social.
Podrán encerrarla; pero no, silenciarla.
