Ecuador y las bases militares extranjeras: ¿se repetirá la historia?

El pretexto es viejo: la necesidad de contar con «mejores» recursos militares para enfrentar el narcotráfico. El propósito: mostrar aceptación al cortejo que le hace el Comando Sur desde su asunción del Gobierno y, si fuera preciso, citar otro, tratar de acaparar más simpatías entre la ciudadanía, con vistas a las elecciones del próximo febrero.

La reforma constitucional que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acaba de enviar al Congreso para que vuelva a autorizarse la presencia de bases militares extranjeras en el país, busca hacer saltar los cerrojos puestos por una medida estatuida en la Constitución vigente desde octubre del año 2008 para dar más garantías a la soberanía y la tranquilidad nacional. En referendo, la Carta Magna contentiva del artículo V, que ahora se quiere derogar, contó con los votos de más del 60 por ciento del electorado.

Aprobar ahora la propuesta de Noboa significaría, por tanto, dar marcha atrás a una decisión que en su momento contó con el respaldo mayoritario y casi entusiasta de la población, y gracias a la cual, sin mayores titubeos, el ejecutivo de Rafael Correa dejó sin efecto el convenio con Estados Unidos que permitía a sus marines usar la muy conocida base de Manta. Correa se negó a la renovación del acuerdo en 2009, cuando se cumplía la década prevista para su funcionamiento.

Pero lo importante fue que la salida de los uniformados yanquis constituyó un adiós con pretensiones de que no regresaran jamás.

A esas alturas, las denuncias de atropellos contra los lugareños por parte de la soldadesca, y el papel del enclave como parte de la estructura de vigilancia y acción del Pentágono diseminada por la región, había convertido en sentida demanda el cierre de una instalación considerada entre las estructuras militares más grandes de América Latina, y que conectaba con la Fuerza de Tarea Inter-Agencial Conjunta del Sur con sede en Key West, Florida, y de otros 11 países.

Aunque entonces, como ahora, los halcones han argüido que el interés de su presencia militar en Latinoamérica es combatir el tráfico ilícito de estupefacientes, siempre se supo que el propósito de la diseminación de sus asentamientos por la región tenía un objetivo contrainsurgente.

Entre otras, una buena prueba fueron las presunciones dadas a conocer por altos jefes militares ecuatorianos de la época, de que en el ataque contra el campamento de las FARC-EP instalado en Sucumbíos, localidad fronteriza con Colombia y comandado por el conocido dirigente guerrillero Raúl Reyes —dedicado a tareas de carácter «diplomático» del extinto movimiento insurgente, razón por la cual se le conocía como su «canciller»— participaron fuerzas de EE. UU. asentadas en Manta. Estaba en su apogeo el llamado Plan Colombia.

Poco después se confirmó que al menos uno de los aviones que bombardeó el campamento de madrugada, había partido de allí. Lo más notorio es que los hechos ocurrieron en territorio ecuatoriano y la operación fue ejecutada directamente por las Fuerzas Armadas colombianas, sin que el Gobierno en Quito fuera informado absolutamente de nada.

Maniobra electoral

Los primeros en manifestar el rechazo a la propuesta de Noboa han sido, con razón, los organismos ecuatorianos defensores de los derechos humanos.

Durante el último período de vida de la base de Manta, proliferaron las denuncias de la población acerca de hundimientos de barcos de pescadores artesanales y hasta de arresto y extradición a EE. UU. de ciudadanos locales.

La historia ha sido evocada por activistas como Luis Saavedra, director de la Fundación Regional de Asesoría en DD.HH., quien hablando con el periódico El Universal recuerda que la base no contribuyó en nada en la lucha contra el narco, y afirma que los jóvenes de hoy no saben; incluso, el Presidente «no conoce nada de lo que pasó en la Base de Manta durante los diez años.

«El problema de las bases militares extranjeras es su capacidad de maniobra sin consentimiento del Gobierno ecuatoriano», advierte.

Sin embargo, es obvio que el joven Presidente sí sabe lo que hace.

Muchos opinan que el propósito de su propuesta es netamente electoral. Ecuador tendrá comicios presidenciales en febrero para un mandato completo, pues entonces se cumple la gestión inconclusa del predecesor Guillermo Lasso, y Noboa aspirará a repetir durante cuatro años completos. Para ello, debe mostrar los resultados que no tiene, sobre todo en materia de seguridad, que fue la primera razón por la que lo votó el 52,1 por ciento de los electores en octubre, y en segunda vuelta, frente al 47,8 por ciento que obtuvo la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, una aspirante que no quedó lejos.

El enfrentamiento a la violencia rampante provocada por la irrupción con fuerza del narcotráfico desde el mandato de Lenín Moreno, mal que engordó después con Lasso, fue la principal promesa de Gobierno de Noboa y, en menos de un año, no la ha cumplido.

Cierto que el lapso ha sido breve. Disminuyeron en menos de un 20 por ciento los asesinatos, dicen los reportes oficiales, pero la actividad delictiva continúa con una impunidad que asusta para asaltar centros penitenciarios y otras instituciones. En lo que va de año se reportan 3 508 muertes violentas, contando los asesinatos a políticos.

Por esa razón, Noboa declaró en enero pasado el estado de conflicto interno que permitiera a las fuerzas armadas y policiales actuar con más libertad, así como ha debido proclamar en emergencia a diversas provincias.

Proponer que se cuente con la ayuda militar «extranjera» —se sabe que la principal fuerza sería estadounidense— puede constituir una maniobra para mostrar que algo se hace, pues el Presidente conoce que intentar la cristalización de la reforma propuesta es difícil.

La Asamblea Nacional está dominada por los legisladores «correístas» —los de Revolución Ciudadana (RC)— y se da por descontado que el mandatario no logrará el respaldo de los dos tercios de los curules necesarios.

Observadores no descartan que la maniobra consiste precisamente en propalar la supuesta necesidad de militares de EE. UU. asentados en el país, y manipular la negativa de RC a autorizar sus bases como elemento en contra de su candidato —o candidata— a las presidenciales, para responsabilizar a esa agrupación de que las bandas delincuenciales prosigan asolando a la nación.

Otras razones

Pero en este entramado también destaca el reverdecido interés del Pentágono, y concretamente, del Comando Sur, de posicionarse mejor en Su-
damérica.

Las frecuentes visitas de su Comandante, la general Laura Richardson, a naciones como Argentina, donde ya Javier Milei anunció una «base naval conjunta» con EE. UU., a Ecuador, y más recientemente a Chile, país que participó en ejercicios conjuntos con los militares estadounidenses y argentinos el mes pasado, corroboran esa aspiración, latente siempre en las mentes de Washington, pero tal vez algo relegada por una administración como la de Joe Biden, enrolada como ha estado en dar sustento a Ucrania para golpear a Rusia, defender y apoyar la alevosías de Israel, detener el avance tecnológico de China y lo que resulta para la Casa Blanca: su «preocupante» presencia en la región.

Precisamente, se opina que la profusión de lazos comerciales y de intercambio que ha establecido el gigante asiático con naciones latinoamericanas y caribeñas constituye una de las motivaciones de Richardson, más allá de la confesada y reiterada ambición por los recursos naturales de esos países, fundamentalmente el litio, considerado el mineral estrella de estos tiempos de tanta tecnología, y que ella ha reivindicado varias veces.

Del otro lado, Noboa no ocultó nunca su admiración por Estados Unidos, país al que viajó, incluso, antes de tomar posesión, supuestamente, para buscar «señas» en el combate al flagelo del narcotráfico, pero obviamente deseoso de convertirse en «socio» fuerte del poderoso vecino.

En ese anhelo, su propuesta de que la Constitución vuelva a admitir bases militares extranjeras en Ecuador significa para él, se apruebe o no, un punto a favor, y una muestra de que la Casa Blanca puede confiar en él como seguro servidor.

Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana