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BUENOS AIRES, diciembre 26.— Los contratos de los trabajadores argentinos que fueron formalizados después de enero de 2023 no serán renovados, con lo cual quedarán sin plaza unos 7 000 empleados estatales.
La medida había sido anunciada por el presidente Javier Milei desde su alocución la noche del triunfo electoral, y forma parte de la estrategia, aplicada de forma drástica, para enflaquecer al Estado y arreglar las cuentas públicas.
El recorte en la administración pública también amenaza a quienes hayan firmado contratos antes de la fecha señalada, pues sus empleadores solo quedan autorizados a renovarlos por un período de 90 días, tiempo durante el cual el Gobierno realizará un «relevamiento exhaustivo» de su situación para evaluar renovarlos, explicó Página 12; de manera que no tienen el trabajo seguro.
La medida se pone en práctica en el contexto de un programa de ajuste fiscal criticado por los sindicatos y otros sectores sociales y que, según el Decreto publicado este martes en la Gaceta Oficial, persigue «lograr un mejor funcionamiento de la administración pública».
La aplicación del Decreto exceptúa a quienes tengan empleo regulado por ley u otras protecciones especiales o a quienes su sector considere indispensables, pero aun así se considera lesivo para miles de familias, que prescindirán de los ingresos en un momento de devaluación de la moneda nacional de más de un 50 por ciento y quita de los subsidios a las tarifas del transporte, entre otras medidas.
La medida se toma con base en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó la estructura nacional y redujo de 18 a ocho el número de ministerios, apuntó el rotativo.
Precisamente, Milei convocó al Congreso a sesionar desde este martes hasta el 31 de enero para debatir otros asuntos que complementan la aplicación del DNU. La agenda contiene 11 puntos entre los que se cuentan la ley de reforma del Estado y modificaciones al impuesto a las ganancias.
En este último aspecto, el proyecto cambiará la disposición vigente que cobra impuestos a quienes ingresen más de dos millones de pesos y se especula que estipulará que lo hagan en adelante quienes tengan salarios brutos mensuales superiores a un monto alrededor de los 975 000 pesos.
La aprobación en el legislativo podría resultar difícil pues La Libertad Avanza, el partido en el Gobierno, no tiene mayoría en alguna de las dos cámaras, y se comenta que la derechista alianza Juntos por el Cambio, de Mauricio Macri, su aliada desde la segunda ronda electoral y con puestos en el ejecutivo, está dividida en torno a la decisión de darle o no su apoyo al DNU.
