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Son asuntos internos. Que los resuelvan como puedan. Así podría decirse de tres resoluciones y medidas sobre sus propios miembros que tiene en agenda la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la cual reinició sus «negocios» este lunes, luego de un receso obligado por carecer de Speaker, o presidente, tras la destitución del republicano por California, Kevin McCarthy.
Ahora la preside Mike Johnson, republicano por Louisiana y fervoroso seguidor de Donald Trump y, según la publicación The Hill, está listo para opinar sobre una resolución que pide la expulsión del representante republicano neoyorquino George Santos, actualmente en proceso judicial por 23 cargos federales, casi todos relacionados con violaciones en sus finanzas de campaña y uso de tarjetas de crédito de sus donantes. También hay dos medidas de censura a debatir, una a la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, conocida por sus siglas MTG, y la otra contra Rashida Tlaib, demócrata de Michigan.
Oriunda de la pequeña localidad de Milledgeville, que en su tiempo simbolizó el Viejo sur de las plantaciones de algodón y la esclavitud, MTG es una
figura bien controvertida de la política, afiliada a la extrema derecha y promotora de la teoría de la conspiración QAnon, cuyos partidarios creían que cuando Trump era presidente estaba librando una guerra secreta contra «una camarilla de pedófilos caníbales satánicos» dentro de Hollywood, el Partido Demócrata y el llamado «Estado profundo» dentro del Gobierno de Estados Unidos. En los cargos de ahora, están sus comentarios y acciones problemáticas, como mostrar imágenes sexuales de Hunter Biden, el hijo del Presidente, durante una audiencia en la Cámara. Pecata minuta en el lavado de trapos de sucios.
Pero la pretendida censura a Rashida Tlaib es harina de otro costal, pues compromete seriamente la supuesta democracia en Estados Unidos, las libertades esenciales establecidas en su Constitución, y coincide esa posible decisión cuando también la Cámara considerará en esta semana una ayuda militar extra a Israel por 14 500 millones de dólares, contenida en una resolución que condena las manifestaciones de propalestinas en los campus universitarios, bajo el argumento de que apoyan a Hamás y Hezbolá.
Es que Tashida Tlaib, hija de una familia obrera de inmigrantes en Detroit, se convirtió en 2018 en la primera mujer palestino-estadounidense y la segunda mujer musulmana (junto con Ilhan Omar) en obtener un asiento en el Congreso, con el 84,6 por ciento de los votos de un distrito del estado de Michigan —cuya población es 40 por ciento latina, 25 por ciento afroamericana, 30 por ciento blanca y dos por ciento árabe-estadounidense.
Fue reelegida en 2020 y, por demás, pertenece al ala del progresismo dentro del Partido Demócrata. Suficiente para que se le quiera aislar y censurar, pues no ha callado verdades de la situación social estadounidense, menos aún las que competen a su pueblo de origen.
Por ejemplo, en 2021, cuando se votaban fondos suplementarios de ayuda militar a Israel, dijo: «No apoyaré ninguna medida que permita y apoye los crímenes de guerra, las violaciones contra los derechos humanos y la violencia. No podemos estar hablando solamente de la necesidad de seguridad de los israelíes en un momento en que los palestinos viven bajo un violento sistema de apartheid y están muriendo a causa de lo que Human Rights Watch ha calificado como crímenes de guerra. También deberíamos estar hablando de la necesidad de seguridad de los palestinos ante los ataques israelíes. Debemos ser coherentes en nuestro compromiso con la vida humana, punto. Todos merecen estar seguros».
Casualmente, quien primero actuó para forzar una votación de censura a Tlaib es la Greene, con la acusación clásica de «actividad antisemita» y «simpatizar con organizaciones terroristas». La representante demócrata ha calificado esa reprobación como «profundamente islamófoba», y resalta que también «ataca a los defensores judíos pacíficos contra la guerra», que ahora han organizado, encabezado y participado en las numerosas y multitudinarias protestas en no pocas ciudades de Estados Unidos y predios universitarios contra el genocidio que Israel está cometiendo con los brutales bombardeos a la Franja de Gaza y las redadas letales en la Cisjordania ocupada.
Censurar a Rashida Tlaib es ponerse al lado de quienes tienen en su registro criminal de ocupación y apartheid, y han sumado en tanto solo tres semanas, hasta el pasado lunes, estas escalofriantes cifras de limpieza étnica: más de 8 000 muertos —incluidos más de 3 450 niños y 2 100 mujeres—, más de 21 000 heridos y más de 1 500 desaparecidos, muchos de ellos se presumen enterrados bajo los escombros.
Bajo esas ruinas, la política ciega de Estados Unidos también entierra su democracia.
