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Velatorio de las víctimas de la masacre de Juliaca. Autor: Dw Publicado: 14/01/2023 | 09:14 pm
Pocas horas después de que la nombrada presidenta peruana, Dina Boluarte, recibiera a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en «visita de observación» por los 17 muertos que la represión dejó, tan solo en un día, en la localidad de Juliaca, estado de Puno, los despachos noticiosos informaban de otro fallecido y de decenas de heridos a manos de policías y militares.
Desde que fue defenestrado el mandatario electo Pedro Castillo hasta mediados de esta semana, las víctimas fatales del accionar represivo estaban en el entorno de los 48 mientras, desde las redes sociales, distintas voces, incluyendo a la Coordinadora nacional de los Derechos Humanos de Perú, pedían la destitución de Boluarte y formulaban llamados urgentes a la solidaridad internacional para que se detenga la violencia.
Mirando de soslayo hacia la historia reciente peruana, cualquiera podría preguntarse si la inacción del Congreso derechista que por menos saña que la mostrada ahora destituyó a Rafael Merino —el breve sustituto del depuesto por vacancia Martín Vizcarra— se debe a la propia responsabilidad del legislativo por torpedear el mandato de Castillo hasta conducirlo a los oscuros sucesos que rodearon su pretensión de suspender el Parlamento, de modo que los diputados reaccionarios consiguieran la justificación para deponerlo, al acusársele a él de intento de golpe de Estado.
También asalta la pregunta de si son ellos quienes están detrás de la mano dura que toca mostrar a Boluarte para impedir una impensada reposición de Castillo, quien permanece detenido y a cuya familia México le concedió asilo político que le costó la expulsión de su Embajador en Lima. O si son las fuerzas políticas y económicas reaccionarias de siempre las que manejan los hilos, todavía bajo la conmoción del hombre humilde que llegó a la presidencia… aunque luego se dejara maniatar.
Una vez más, la mayoría derechista que propinó un golpe de Estado, a largo plazo, con su persecución al presidente electo, es responsable hoy de la inestabilidad que vive Perú, el país que más presidentes ha tenido en menos tiempo en los años recientes, con lo que disputa ese récord a Ecuador en las décadas de golpes y mandatos sin terminar que precedieron a los Gobiernos de Rafael Correa.
Se trata de un Parlamento en el que la mayoría derechista sigue respondiendo a sus intereses de clase sin pensar en el bienestar del pueblo, como lo ha demostrado su animadversión y maniobras sucias contra el maestro rural que ellos no soportaron ver en la primera magistratura, hasta llevarlo al cadalso político.
Ese cariz del poder legislativo, y la beligerancia de los movimientos sociales y populares de Perú, ya habían sido demostrados. Los sucesos de hoy se parecen a los de noviembre de 2020, de donde emergió la demanda de Asamblea Constituyente que Pedro Castillo no cumplió.
Entonces, la destitución por vacancia, bajo acusaciones de corrupción no probadas, de Vizcarra, condujo a movilizaciones segadas por el mandatario sustituto, Manuel Merino, al precio de dos muertos y cien heridos. Si no se tratara de seres humanos y de lo invaluable de sus vidas, podría decirse que aquel costo fue leve en comparación con lo que acontece ahora.
Los manifestantes en Perú no han asaltado las instituciones de Gobierno, justicia y legislación, ni pretendido promover una asonada ni una toma ilegal del poder, como ha ocurrido en Brasil; ni defienden a un golpista como es el caso de Fernando Camacho en Bolivia, a quien los cívicos y cruceñistas quieren «salvar», mediante la inestabilidad social, del necesario ejercicio de la justicia, porque se trata de un cabecilla del golpe contra Evo en 2019 que ejecutó varias matanzas y otras acciones sangrientas.
De hecho, los actos de fuerza contra la población en Perú fueron ostensibles desde la misma primera noche luego de la salida de Castillo, cuando todavía no se veían movilizaciones en las calles. Videos publicados en Twitter entonces, mostraron el arresto violento de un joven que pedía ayuda y gritaba su inocencia, llevado por hombres vestidos de civil solo porque estaba reunido en la vía con amigos.
Ahora quienes toman las calles exhiben distintos reclamos, no siempre coincidentes aunque parecidos: adelanto de las elecciones; disolución del Congreso, salida de Boluarte por su accionar represivo, Asamblea Constituyente, libertad para Castillo, quien permanece incomunicado y tendrá una audiencia los próximos días para que se valore si procede un recurso presentado por su defensa, al alegar que no se le realizó antejuicio político…
Aunque el ejecutivo de Boluarte se ha declarado presto a colaborar con la CIDH, y recibió a sus enviados, la mandataria ha dicho en días pasados no entender qué piden los manifestantes. No entiende, no oye, no sabe. Y tanto las movilizaciones como la represión, siguen. En alocución posterior, como si ya «supiera», dijo que había sectores radicales buscando «pescar a río revuelto», expresó pesar por los muertos, pidió perdón «por lo que se haya dejado de hacer para evitar esos sucesos trágicos», y habló de la promoción de un diálogo…. Pero con «representantes válidos» de la población. ¿Quiénes quedan excluidos? Ni su renuncia, ni la liberación de Castillo, ni Constituyente.
No puede decirse que la inacción institucional ante el empleo de la fuerza sea completa. Diputados de la bancada de Perú Libre se han pronunciado en el hemiciclo contra la represión, y la Fiscalía ha anunciado que se dispone a iniciar una investigación preliminar contra Boluarte.
Aunque, atendiendo a su cargo anterior como vicepresidenta de Castillo, a ella le tocaba ocupar la presidencia para remplazarlo, la manera sucia en que el profesor cajamarquino fue sacado de la primera magistratura con su aquiescencia, toda vez que Dina aceptó el poder, la acusa como cómplice ante miles de movilizados que demandan su salida, y la comparan con la boliviana Jeanine Áñez, mucho más alejada en la línea de mando que Boluarte al tomar el poder, pero parecidas, lamentablemente, en la fiereza con que su Gobierno está actuando.
Según se ha informado, la Fiscalía no solo investiga preliminarmente a Boluarte, sino, además, a su jefe de gabinete, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el titular de Defensa, Jorge Chávez, por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, tomando en cuenta lo acontecido durante el mes de diciembre en las localidades de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. Después ha seguido lloviendo sangre sobre las calles.
Muchos observadores califican la crisis como grave, y todo indica que empeorará. Lejos de desmovilizar, los sucesos represivos en Juliaca incrementaron las manifestaciones así como la fuerza de los uniformados contra ellas, en tanto ante el Congreso, el gabinete ministerial encabezado por Otárola recibía un voto de confianza que permite al ejecutivo seguir gobernando pese a las acusaciones en contra; un pronunciamiento del legislativo que fue calificado por la ex primera ministra Mirtha Vázquez, de indolente.
«Como si la muerte de peruanos en Puno no tuviera ningún valor; con total indolencia, el Congreso decide seguir con el pleno de manera normal para tratar incluso el voto de confianza a favor del Ejecutivo. Un congreso de espaldas y en contra de la dignidad de un pueblo», opinó Vázquez, según el diario español El País.
Si el ejecutivo no dialoga ni escucha a los movilizados, aunque Boluarte dijo haber indicado que se adelanten las elecciones, una salida plausible no parece visible a corto plazo.
