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¿Será que en Colombia no todos quieren la paz? Autor: Twitter Publicado: 29/01/2019 | 12:21 am
Bogotá, enero 28.— La insistencia del Gobierno del presidente Iván Duque en que Cuba extradite a los negociadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN) e incumpla los Protocolos acordados para el Diálogo de paz, ha recibido críticas en análisis y comentarios en la prensa de Colombia, que favorece el apego a lo tratado en La Habana en presencia de los Estados garantes, como en otros medios internacionales.
Rodrigo Uprimny, investigador de justicia y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, publicó en el diario El Espectador, un comentario titulado Una diplomacia sin protocolo, en el que a la vez que condena el «atroz atentado» cometido por el ELN «no justifica que el Gobierno de Duque pretenda que Cuba capture y entregue a los negociadores del ELN, pues eso incumple el protocolo que el Estado colombiano había firmado con esta guerrilla y frente a los Estados garantes».
«Sin estos protocolos ningún proceso de paz es posible, ni ningún tercer país aceptaría ser garante o sede de unas negociaciones de paz», asegura el profesor, quien recuerda que en el pasado los Gobiernos colombianos pactaron y respetaron ese tipo de protocolos y cita las rondas de negociaciones en La Habana y Caracas durante la presidencia de Uribe, que aplicó esos acuerdos tras el término de las conversaciones, y se pregunta: «¿Por qué en ese momento eso fue posible y ahora parece imposible?».
Uprimny explica jurídicamente que el protocolo, «aunque no sea un tratado, debe ser cumplido de buena fe por el Gobierno de Duque», porque aunque esté firmado por el Gobierno de Juan Manuel Santos «compromete al Estado colombiano como un todo» y «debe ser respetado por los Gobiernos ulteriores».
«La posición del Gobierno no tiene sustento jurídico y por eso no ha recibido ningún apoyo internacional significativo, pues contrario a lo que insinúa el Gobierno, ni Chile, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni el Consejo de Seguridad han apoyado la tesis colombiana».
«Sus comunicados —agrega el jurista—, condenan el atentado del ELN, señalan que los responsables deben ser sancionados y reiteran deberes de los Estados frente al terrorismo. Todo lo cual es obvio. Pero ninguno dice que Cuba debe incumplir el protocolo y entregar a los negociadores del Eln, que es el punto en discusión» y que tanto Noruega y Cuba, señalan como garantes que su deber es cumplir el protocolo.
Apunta, además, que «lo peor es que políticamente ese llamado al incumplimiento del protocolo hace prácticamente imposible cualquier proceso de paz o cualquier gestión humanitaria en el futuro, pues la guerrilla no confiará en ninguna garantía ofrecida por el Estado, ni ningún país aceptará labores de mediación frente a un Estado faltón como el colombiano».
Concluye el investigador llamando al Gobierno colombiano a que reconsidere su posición porque esa actitud le hace perder credibilidad al Estado colombiano, y asevera: «una diplomacia que irrespeta los más elementales protocolos se vuelve una diplomacia ineficaz».
Otra voz en Colombia que se ha sumado a esta posición, es la del excomisionado de Paz y exministro de Defensa y de Trabajo Rafael Pardo, quien también fue consejero presidencial para el posconflicto.
El diario El Tiempo, al citar a Pardo, afirma que «por primera vez, un funcionario del Gobierno anterior replica severamente al actual Gobierno y lo acusa de “falsedades”» al enjuiciar la decisión del Gobierno de Duque de desconocer el protocolo que el Gobierno anterior firmó con el ELN durante las conversaciones de paz, sobre la eventualidad de un rompimiento de las negociaciones de La Habana.
Pardo desmiente a las actuales autoridades de su país: «¿Qué tan cierto es que el Gobierno anterior no entregó al Gobierno actual un informe sobre la implementación de los Acuerdos de paz?
«Completamente falso. Le puedo asegurar que la administración Duque no solo leyó los múltiples informes de empalme sino que calcó la política de posconflicto, hoy rebautizada como de estabilización. Esa es la mejor demostración de que en el empalme sí les dejamos una hoja de ruta definida», señala Rafael Pardo.
Agrega que el Gobierno actual también falsea cuando dice «que no se ha podido proteger debidamente a los líderes sociales porque el Gobierno anterior no dejó lista de líderes en riesgo...» y al respecto pregunta: «¿por qué la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada en 2017, dejó de sesionar desde el 7 de agosto de 2018? La Comisión Nacional de Garantías fue creada para hacer seguimiento al más alto nivel y asegurar el respeto a la vida de defensores y líderes sociales. Sesionó varias veces durante la administración Santos. ¿Por qué el Gobierno de Duque optó por crear una versión recortada de esta en el Plan de Acción Oportuna para la Protección de Líderes?».
Apunta que «el odio y el miedo ojalá no sean usados para manipular. Duque recibió un país unánime y unido contra el terrorismo, y eso le duró poco porque embarcó al país en una discusión absurda sobre los protocolos».
En sus respuestas al diario El Tiempo, asevera que «el protocolo es un principio básico del derecho internacional humanitario. Una cosa es levantar la mesa, que es una decisión autónoma del Jefe de Estado. Otra cosa es incumplir los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Es un gran error que bajo el argumento del “Gobierno de turno” terminemos burlándonos de la jurisprudencia que hemos suscrito como Estado».
