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QUITO, noviembre 8.— El expresidente de Ecuador y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, calificó como «otra persecución» una glosa dada a conocer por la Contraloría de la República, y según la cual la diputada de Alianza PAÍS y exministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, tendría «responsabilidad civil» en el pago, considerado «excesivo», de 41 millones de dólares por terrenos comprados al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas para la ampliación del parque Samanes, en Guayaquil.
La acusación fue rechazada la víspera por medio de un documento publicado en Twitter por la propia diputada, que es señalada junto a otros siete funcionarios, revelaron medios de prensa ecuatorianos.
El señalamiento contra Aguiñaga tiene lugar cuando la propia Contraloría ha pedido la destitución del vicepresidente Jorge Glas, a quien le fueron retiradas todas sus funciones en agosto mediante decreto presidencial pero sin perder el cargo, y contra el que se dictó prisión preventiva a inicios de octubre, aun sin pruebas, por el supuesto delito de asociación ilícita. La imputación lo vincula con hechos de corrupción en el escándalo que ha estallado en casi todo el continente y África en torno a la firma Odebrecht.
Glas, quien ha defendido su inocencia, y se había presentado a declarar voluntariamente y pidió ser investigado para dar fe de ella, refutó la medida que calificó de «infame atropello» y la acató, dijo, «bajo protesta».
También planea contra el Vicepresidente sin funciones, electo en mayo, un pedido de juicio político que fue enarbolado por la oposición hace meses y vuelto a solicitar la víspera por legisladores de ese bloque de oposición y una miembro de AP, luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo rechazara por falta de pruebas. AP no se ha pronunciado de modo unánime en relación con el juicio.
Sobre el movimiento político fundado por Correa y que postuló al actual presidente Lenín Moreno pesan, además, las posiciones encontradas en torno al referendo constitucional propuesto por el Jefe de Estado, y que miembros de Alianza PAÍS han rechazado así como Correa, quien se encuentra al tanto de los acontecimientos en el país desde Bélgica, adonde partió después de dejar el cargo.
Entre otras preguntas, la consulta busca que se vote contra la posibilidad de postularse para la reelección presidencial, que había sido aprobada justamente por iniciativa de la agrupación política y para prohibir el ejercicio en cargos públicos de ciudadanos acusados de corrupción.
Según reportaron los sitios Ecuadorinmediato.com y Andes, 47 diputados de la bancada de Alianza PAÎS, que integran 74, extendieron este miércoles un documento de apoyo mayoritario a Lenín Moreno en el Palacio de Carondolet y de respaldo a la consulta, luego de una reunión sostenida la víspera por los legisladores de esa terna.
La semana pasada, la directiva del movimiento político acordó retirar la presidencia de esa agrupación a Moreno, de acuerdo con los estatutos y ante el abandono que el presidente Lenín Moreno había hecho de sus funciones en esa instancia, según reiteró este miércoles el excanciller Ricardo Patiño, nombrado para esa responsabilidad por la directiva de AP, lo cual fue rechazado por un Tribunal de Garantías de Quitumbe, en el sur de Quito.
Entonces se habló de una convención de AP con la presencia de Correa, pero sin detallar fecha.
