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CIENTO sesenta países y 32 organizaciones internacionales han brindado información que, junto a la suministrada por Cuba, nutre el voluminoso Informe del Secretario General de la ONU en torno al proyecto de Resolución cubano contra el bloqueo, que según el viceministro del Minrex, Abelardo Moreno, ya circula en Nueva York bajo la identificación A/71/L.3.
Precisamente, del documento presentado por la Isla y que se debatirá el próximo 26 de octubre por la Asamblea General brindó detalles Moreno, quien en encuentro con la prensa consideró importante el mismo título de la Resolución: «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba».
Este año, hizo notar el Viceministro del Minrex, mayor cantidad de países y organismos internacionales, incluso fuera del marco de la ONU, engrosaron el Informe de su titular, como se recoge en el primero de los párrafos dispositivos del documento cubano.
Mientras exista bloqueo se seguirá presentando dicha Resolución (aprobada de manera aplastante ya en 24 ocasiones consecutivas), como se desprende del párrafo dispositivo que pide al Secretario General que el año próximo elabore otro informe sobre esta criminal política, continúe pidiendo opiniones al respecto a países y organizaciones, e incluya el tema en la agenda del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea.
Trascendente en ese sentido es la ratificación de que a pesar de las 24 resoluciones cubanas aprobadas en ONU que demandan poner fin al bloqueo este sigue vigente, y expresa la preocupación por sus efectos negativos sobre la población cubana y los ciudadanos de nuestro país residentes en otros países.
A PESAR DE LOS AVANCES
Otra postura importante recogida en el Preámbulo de la Resolución, es la que acoge con beneplácito los progresos alcanzados en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales con EE.UU., reconoce la voluntad expresada en cuatro ocasiones por el presidente Barack Obama de trabajar por poner fin al bloqueo, y toma nota de las medidas adoptadas en este lapso (desde el 17 de diciembre de 2014) por su administración, pero deja claro que si bien son medidas positivas tienen un carácter limitado, al tiempo que recuerda que el Presidente posee facultades para horadarlo que puede hacer valer.
Dotada de un Preámbulo y una parte dispositiva, la Resolución cubana acoge también en la primera parte la ratificación del apego de Cuba a los principios y propósitos de la Carta de la ONU tales como la igualdad y el respeto a la soberanía de los Estados y el compromiso del no uso de la fuerza, así como el establecimiento de relaciones de amistad con respeto a la libre determinación, todos los cuales resultan violados por la política de cerco de Washington contra Cuba.
El derecho de todos los Estados a la libertad de comercio y la libre navegación también es apuntado en el texto, que asimismo recoge las declaraciones especiales emitidas por las distintas cumbres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) contra el bloqueo.
En el Preámbulo se estampa también la manera continuada en que Washington practica la extraterritorialidad, con lo cual el bloqueo excede lo concerniente a Cuba y Estados Unidos y afecta a terceros países, a los que se obliga a regirse por las leyes estadounidenses, y vulnera su soberanía. Ahí están, por ejemplo, las cuantiosas multas impuestas a empresas y bancos de otras naciones que violen lo decretado por EE.UU. en relación con la Isla.
Existen, recordó Moreno, numerosas muestras de la aplicación de ese carácter extraterritorial que la ley Helms-Burton imprimió al bloqueo y lo cual, estimó, ha hecho que países como los miembros de la Unión Europea (que desde el año 1996 votan a favor de la Resolución cubana y piden la palabra para explicar su posición) introduzcan el elemento de la extraterritorialidad cuando hacen uso de la palabra durante el debate.
La exhortación a EE.UU. a levantar las medidas de carácter extraterritorial aparece entre los párrafos dispositivos, que instan a Washington a respetar los postulados de la Carta de la ONU y del Derecho Internacional, al tiempo que invitan a todos los Estados donde se aplican esas medidas, a derogarlas.
