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La Unión Europea afecta a miles de refugiados con estas medidas a raíz de la cumbre de Malta. Autor: Telesur Publicado: 21/09/2017 | 05:55 pm
BRUSELAS, febrero 2.— La Unión Europea presentó este martes sus propuestas para convencer al Reino Unido de que permanezca en el bloque, entre ellas un recorte de los beneficios sociales a los migrantes europeos y la promesa de que una mayor integración de la zona euro no se hará en su detrimento.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, envió las propuestas para «una nueva membresía» del Reino Unido a los 28 miembros del bloque, dando inicio así a dos semanas de negociaciones entre bambalinas antes de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno del 18 y 19 de febrero.
El primer ministro británico, David Cameron, quiere sellar un acuerdo con sus socios para poder organizar en junio un referendo sobre la permanencia en la UE, que prometió celebrar ante la presión en su país de los euroescépticos, dentro y fuera de su partido.
En una declaración a las televisiones británicas, Cameron estimó que la propuesta de Tusk, que responde a lo que pidió Londres, «muestra progresos reales (...) pero queda trabajo por hacer».
Las propuestas sólo podrán ser efectivas si el Reino Unido decide en su referendo permanecer dentro del bloque.
El borrador señala que comenzarán a regir "en la misma fecha en que el gobierno del Reino Unido informe" de que decide "seguir siendo miembro de la Unión Europea".
Para la Comisión Europea, las propuestas toman en consideración todos los puntos señalados por Cameron, así como las preocupaciones de los otros Estados miembros.
Las propuestas incluyen una cláusula de "salvaguardia", tallada a medida para Londres, que apunta a excluir de las ayudas sociales a los migrantes europeos que se instalan en Gran Bretaña en caso de "llegada de trabajadores de otros Estados miembros de una magnitud excepcional".
El mecanismo, válido por hasta cuatro años, podrá activarse cuando los servicios públicos de un país estén desbordados o si la seguridad social es víctima de abusos repetidos.
Esta propuesta valdrá para todos los Estados miembros que quieran recurrir a ella, aunque una fuente europea señaló que no esperaban que otros de los 28 países miembros del bloque lo soliciten.
La medida, considerada discriminatoria por varios países, despierta la férrea oposición de Polonia, República Checa, Hungría y Eslovaquia, que tienen a miles de sus ciudadanos trabajando en Gran Bretaña.
El viernes Cameron se reunirá en Polonia con responsables polacos para suavizar las reticencias. También se reunirá con la canciller alemana Angela Merkel el 12 de febrero en Hamburgo.
- Garantías para los no miembros de Eurozona -
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Entre las propuestas negociadas con Londres también se incluye la promesa de que una mayor integración de los 19 miembros de la zona euro "respetará los derechos y competencias" de los países no miembros de la moneda única. En claro: que no se haga en su detrimento. Y esto, a pesar de las reticencias de Francia.
Los 9 países que no adoptaron la moneda única podrán señalar sus inquietudes y recibir "las garantías necesarias" sobre las decisiones de los 19 que utilizan el euro. Los detalles aún deben ser discutidos.
Tusk también propone dar mayor poder a los parlamentos nacionales que podrán, si suman un 55% de representatividad, detener o cambiar legislaciones europeas.
Un paso más en relación al actual sistema que sólo permite a los parlamentos pedir explicaciones a Bruselas sobre una ley.
Los euroescépticos británicos, incluido el aliado de Cameron, el alcalde de Londres Boris Johnson, criticaron esta propuesta para bloquear leyes comunitarias. Johnson expresó "dudas" sobre el complejo sistema propuesto y estimó que aún se necesitaba "mucho, mucho más trabajo".
El líder del Partido para la Independencia del Reino Unido (UKIP), Nigel Farage, tachó la propuesta de reforma como "francamente absurda" estimando que no había cambios en relación a la situación actual.
El viernes, los 28 emisarios de los mandatarios europeos se reunirán una primera vez para discutir el texto, que necesitará la unanimidad de los jefes de Estado y de gobierno en la cumbre de febrero para ser adoptado.
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