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Tras las revelaciones en 2004 de las torturas en Abu Ghraib, la CIA destruyó los videos. Autor: The Washington Post Publicado: 21/09/2017 | 05:59 pm
WASHINGTON, diciembre 23.— La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó la víspera una carta al fiscal general Eric Holder, demandando una investigación a los responsables de las torturas que aplicó la CIA a supuestos acusados de terrorismo.
En el documento entregado a Holder, la ACLU pide que se nombre un fiscal especial para investigar lo que parece ser «una vasta conspiración criminal, con apariencia de legalidad, de cometer torturas y otros delitos graves».
Según reporta la agencia Prensa Latina, entre las principales figuras políticas del gobierno estadounidense que estarían bajo la lupa de la justicia, figuran George W. Bush y Dick Cheney.
Otros encartados en el escándalo por torturas y tratos crueles son el jefe de gabinete de Cheney, David Addington; el ex director de la CIA George Tenet; y John Yoo y Jay Bybee, abogados de la Oficina de Asesoría Legal que redactaron lo que se conoce como los memorandos de la tortura.
La misiva entregada al Departamento de Justicia, coincidió con un editorial publicado este lunes por el diario The New York Times, que pidió también enjuiciar al ex presidente Bush y al ex vicepresidente Cheney.
El Times pide además que se considere investigar a José Rodríguez, el funcionario de la CIA que ordenó la destrucción de las cintas de video; los psicólogos que idearon el régimen de la tortura; y los empleados de la agencia de espionaje que aplicaron los métodos crueles e ilegales de interrogatorio.
Tanto ACLU como el Times coinciden en que se debe investigar la crueldad empleada con métodos como la alimentación rectal, la simulación de ahogo (waterboarding), detenidos colgados por las muñecas, confinados en ataúdes, golpeados y amenazados de muerte o mordeduras de perros, los que califican como actos delictivos.
«Estos son, simplemente, los crímenes. Están prohibidos por la ley federal que define la tortura como la imposición intencional de dolor físico o mental severo o sufrimiento. Ellos también están prohibidos por la Convención contra la Tortura, el tratado internacional que Estados Unidos ratificó en 1994 y que requiere el enjuiciamiento de todo acto de tortura», subraya el editorial.
A su vez, criticó a la administración del actual presidente Barack Obama por no llevar ante la justicia a los responsables de estas torturas.
«Es difícil imaginar que la actual administración tenga el coraje político de ordenar una investigación completa que incluya las principales figuras de la administración Bush (...)», enfatizó.
