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Como un punto oscuro que se cierne sobre la mesa de diálogo, calificaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) la decisión del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de ratificar la exclusión del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Esta disposición —alegan— impacta negativamente en las conversaciones de paz.
Al iniciarse el vigésimo segundo ciclo de diálogos que mantienen con el Gobierno de Colombia desde hace más de un año en La Habana, las FARC-EP rechazaron lo que catalogaron de «absurda decisión política».
Ante la prensa, el Jefe de la delegación insurgente, Iván Márquez, afirmó que resulta casi imposible «desligar esta determinación de los propósitos electorales» de la derecha en Colombia.
Santos confirmó el miércoles la separación de Petro y anunció que su Gobierno no se acogía a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del alcalde.
La remoción del funcionario de 53 años, ex guerrillero del M-19 y elegido por voto popular para el periodo 2012-2015, había sido dictada desde el 9 de diciembre de 2013, cuando el Procurador General, Alejandro Ordóñez, lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años, tomando como justificación supuestas irregularidades en la puesta en marcha de un nuevo esquema de limpieza de la ciudad de Bogotá, ideado por el ahora ex alcalde.
Según Márquez, esta decisión «genera un impacto muy negativo» en la mesa de conversaciones y afecta de manera grave la confianza, certeza y eficacia en torno a lo que se está aprobando. Se refería de esta forma a lo acordado entre las partes en el punto anteriormente tratado, sobre Participación Política, donde se ajustaron «los términos para expandir la democracia en Colombia», aseveró.
Este tipo de conductas y decisiones no «favorecen la democracia: aquí hay un desconocimiento de la voluntad popular que llevó a Petro a la alcaldía de Bogotá», añadió.
Asimismo, culpó al Procurador General, y lo tildó de «funcionario arbitrario e inicuo» que solo castiga a los opositores al régimen y asume posiciones cómplices frente a los crímenes de una élite derechista.
Por otra parte, y en respuesta a preguntas de la prensa, Márquez afirmó que la delegación de las FARC-EP en La Habana no cuenta con «información cierta» sobre el supuesto asesinato de dos policías y el secuestro de cinco trabajadores de una empresa petrolera en Colombia, hechos que el Gobierno atribuye a la guerrilla.
En ese sentido, recalcó la necesidad de un alto al fuego bilateral en el país, petición que las FARC-EP han formulado en disímiles ocasiones desde que se iniciaron los diálogos en noviembre de 2012 y que el Gobierno, asumiendo una actitud «equivocada, mala y contumaz», ha rechazado siempre, señaló el Jefe insurgente.
Antes, en una declaración leída a la prensa por el propio Iván Márquez, la insurgencia enfatizó la necesidad de crear una comisión de la verdad histórica del conflicto interno colombiano, tal como se ha desarrollado en otras naciones del mundo, con el objetivo de establecer responsables y víctimas de más de medio siglo de conflicto armado.
Para el final de este nuevo período de diálogo se espera se cierre el tercer tema de la agenda, referido a los cultivos ilícitos, que ya se vienen debatiendo desde fines de 2013.
