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BOGOTÁ, enero 14.— El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió este martes temporalmente la decisión de la Procuraduría General de destituir e inhabilitar por 15 años para ejercer cargos públicos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, informó su defensa.
De acuerdo con lo señalado por el representante de Petro, el ex fiscal Mario Iguarán, el Tribunal admitió este martes una acción de tutela (amparo judicial) que fue interpuesta por un ciudadano en diciembre pasado, cuando el Ministerio Público profirió la medida de suspensión en primera instancia.
El dictamen contra Petro fue reafirmado la víspera, en segunda instancia, por el procurador general, Alejandro Ordóñez, lo cual desató una oleada de cuestionamientos y rechazos.
La víspera, en su discurso ante la concentración masiva de bogotanos congregados en la Plaza Bolívar en su respaldo, el Alcalde citadino recomendó calma a sus conciudadanos porque estaban en marcha otras medidas.
La justicia llega, a veces se demora, pero llega. La decisión del Procurador, aunque esperada, no es la única, vienen otras, esperen las otras decisiones, manifestó.
A la Plaza Bolívar llegaban continuamente ciudadanos que reclaman la permanencia del alcalde a la voz de «Petro se queda» y también el respeto a su derecho al voto libre y soberano en las urnas. «Nosotros lo elegimos, nuestro voto no es basura», reiteraban.
El magistrado José María Armenta se pronunció a favor de la acción de tutela (protección de derechos) interpuesta a fines de diciembre por el ciudadano José Pérez «en su propio nombre y como agente oficioso de Petro», quien alegó que el dictamen violaba su derecho de elegir y ser elegido.
Al argumentar su decisión, contenida en tres folios, Armenta señaló que se ordenaba la suspensión provisional del dictamen del procurador Ordóñez «hasta cuando se adopte la decisión de fondo que ponga fin a este proceso de tutela».
El Tribunal de Cundinamarca ordenó también al presidente Juan Manuel Santos «abstenerse de darle cumplimiento a la decisión administrativa disciplinaria sancionatoria con destitución impuesta por la Procuraduría a Petro».
La acción legal favorable al Alcalde capitalino es una de las 350 interpuestas desde el 9 de diciembre, cuando el procurador Alejandro Ordóñez dictó su fallo contra Petro.
«La suspensión provisional de la destitución es un triunfo democrático de la justicia y la ciudadanía. Aún vamos hacia fallos definitivos», escribió Petro en su cuenta de Twitter apenas conoció la decisión del Tribunal de Cundinamarca, cuya capital es Bogotá.
«Cuando la justicia y las multitudes van de la mano», dijo luego a periodistas, «se puede detener la arbitrariedad», subrayó, según PL.
FARC-EP proponen sustitución de cultivos ilícitos
Por otra parte, en La Habana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) pusieron a consideración del Gobierno que asuma la dirección del país tras las elecciones de este año, un Programa nacional de sustitución de cultivos de la hoja de coca, amapola o marihuana, donde proponen la búsqueda de medios para regularlos o sustituirlos.
En lo que consideraron el documento más importante que presenta la guerrilla durante la discusión del tercer punto de la agenda que se sigue en la mesa de diálogo —precisamente dedicado a la erradicación de cultivos ilícitos y el narcotráfico—, el delegado insurgente Pablo Catatumbo recalcó, al leer el texto ante la prensa, que el proyecto estaría financiado en su totalidad por el Estado.
Para ello, apuntan, se conformaría un fondo que, sin afectar al presupuesto nacional, podría engrosarse con la reducción de los dividendos que hoy se utilizan para seguridad y defensa, así como con incautaciones hechas a narcotraficantes en Colombia o en el exterior del país, así como otros medios de financiamiento.
Con vista a la correcta implantación del programa, la guerrilla propone una «Veeduría internacional de seguimiento y control del Programa» en todos sus niveles, conformada por representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la comunidad académica.
Asimismo, precisa que en las zonas donde se procediera a sustituir los cultivos ilícitos se tendría que contar con la participación directa de la fuerza insurgente y de las comunidades involucradas.
