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Decisivo es el apoyo del pueblo a la lucha de Maduro contra la corrupción. Autor: AVN Publicado: 21/09/2017 | 05:40 pm
Caracas.— Aunque toda la nación reconoce —por encima de cualquier ideología— que la corrupción y los lastres económicos son los dos principales problemas que enfrenta el Gobierno de Venezuela, el camino hacia una Ley Habilitante, que repercutiría en ambos campos, no se encuentra para nada exento de complejidades y obstáculos.
Lo que está en juego no es la simple aprobación de una legislación que otorgaría al presidente Nicolás Maduro poderes especiales para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley sobre estas dos cuestiones básicas. Se trata, en el fondo, de la luz verde para el inicio de un proceso de cambios necesarios para que la Revolución Bolivariana siga en pie, porque, como reconoció el propio Jefe de Estado el 8 de octubre en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, no podrá haber modelo socialista ni un país con una nueva ética si no se derrota la corrupción y se eliminan las distorsiones económicas del pasado que aún permanecen.
Por eso, no resultó extraño que la bancada opositora, inmediatamente después del histórico discurso de Maduro —indiscutible material de consulta— expusiera que la Habilitante busca «la persecución» a partidos políticos, empresarios y trabajadores.
Apenas unas horas más tarde de la intervención del mandatario, cuando aún no se había creado la primera comisión en el Parlamento para estudiar la propuesta, ya varios cables de las llamadas agencias de noticias señalaban con su tono tendencioso que «la oposición rechaza la ley», como apuntó en uno de sus despachos la española EFE.
Y hace unos días, varios órganos de prensa, como Últimas Noticias, anunciaron que los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) «mantienen su posición de no respaldar la solicitud de la Ley Habilitante que realizó el presidente Nicolás Maduro» y también que estaban «completos».
Con lo que el diario quería decir que ninguno de los 67 parlamentarios opositores tiene planificado apoyar la Ley, por lo tanto esta no sería aprobada en la Asamblea. Sucede que son 98 los diputados de los partidos que apoyan la Revolución, pero la legislación necesita el voto de 99 asambleístas (las tres quintas partes) para que pueda ser autorizada y aplicada.
De todos modos, si ese escenario se concretara quedaría al desnudo una vez más que a los políticos de la nombrada Mesa no les interesa un ápice luchar contra la corrupción y mucho menos cambiar las condiciones que, como dice la petición de la Habilitante, permitirían al Presidente dictar o reformar normas «destinadas a planificar, racionalizar y regular la economía, como medio para propulsar la transformación del sistema económico y defender la estabilidad económica para evitar la vulnerabilidad de la economía».
Por cierto, la presentación de la ley también se pronuncia contra el financiamiento ilegal a los partidos políticos, la fuga de divisas, el acaparamiento, la especulación, y a favor de la defensa de la moneda nacional y otros asuntos trascendentales.
Maduro ha señalado con insistencia que el diputado número 99 es el pueblo de Venezuela y que cuenta con él para la aprobación de la ley. Su aparente metáfora descansa en que si se genera un amplio y verdadero debate en la sociedad sobre la necesidad de reformar la economía y batallar a fondo contra la corrupción, muchos legisladores opositores, presionados por las masas, se verían en el deber de apoyar la propuesta.
El Presidente precisamente planteó casi en la arrancada de sus palabras que lo primero es generar un debate histórico y de altura en todo el país, más allá de la aprobación de leyes o decretos. Esa sería una vía inestimable.
Pero aún esa discusión popular no se aprecia en las calles ni en otros ambientes. Entonces, la senda resulta escabrosa, llena de luchas; necesita de análisis, razonamientos, ofensiva casa a casa, argumentaciones... y más.
