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Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador. Autor: Internet Publicado: 21/09/2017 | 05:11 pm
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró que la inseguridad no está subiendo en el país, aunque reconoció que aún los niveles de delitos son altos pese a que se ha avanzado en la disminución de la mayoría de éstos, informa PL.
Sostuvo que la prensa manipula la información y destaca muertes violentas en Guayaquil y no informan el incremento de la extracción de gas en el Golfo, y con la cual los ciudadanos jamás se sentirán seguros, a pesar de que baje la inseguridad.
Admitió que hay niveles de inseguridad altos, pero las estadísticas muestran que existe una disminución del índice delincuencial. «Seamos más científicos, más técnicos, serios y responsables para analizar eso en base a estadísticas», manifestó.
En otro tema, el Jefe de Estado afirmó que el Gobierno deberá apelar y defenderse ante los recursos de amparo que sectores de oposición han interpuesto contra las medidas que eliminan el subsidio de las tarifas eléctricas de alto consumo.
Lamentó que acciones jurídicas detengan la gobernabilidad, y se refirió a una decisión tomada por la jueza de Guayas, Mariela Zunino, quien admitió la propuesta en contra de Esteban Albornoz, ministro de Electricidad y Energía Renovable, por la mencionada medida.
El Mandatario, durante un conversatorio con medios de comunicación guayaquileños, explicó que la iniciativa será apelar la decisión y revertirla.
«Pero más allá de eso, alertó, pensemos en el país. Imagínense qué nivel de gobernabilidad va a tener un país donde el Gobierno ni siquiera puede alzar las tarifas de luz», reflexionó.
«¿Qué seguridad jurídica hay?», cuestionó, al tiempo de rechazar que con trabas de esta naturaleza, se quiera impedir la gobernabilidad en Ecuador.
Mencionó que ojalá pronto se proclamen oficialmente los resultados de la Consulta Popular, para iniciar las transformaciones judiciales que puedan eliminar esta clase de prácticas que son muy acogidas por sectores opositores.
Explicó que el marco legal propuesto en la Consulta, establece sanciones contra los jueces que incumplan su rol social y excedan sus atribuciones, y propone la eliminación del exceso de amparos en medidas de esta naturaleza, «con lo cual es imposible gobernar».
