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Inmigrantes hacen fila en oficina de inmigración en Bruselas. CAPITALES LATINOAMERICANAS, junio 20.— Los presidentes, gobiernos, parlamentos, e instituciones sociales y de defensa de los derechos humanos de América Latina cuestionaron, rechazaron o denunciaron la nueva directiva o ley de la Unión Europea sobre la inmigración, mientras en Madrid se anunciaba que el ejecutivo español iniciará una campaña de Explicación de que «no es aplicable a España», decía DPA.
La llamada Directiva del Retorno —aprobada el miércoles en el Parlamento Europeo por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones—, concitó numerosas declaraciones de muy variados matices, pero concordantes en criticarla, ya que autoriza a los gobiernos de los 27 países integrantes de la UE a mantener detenidos durante año y medio, mediante una orden administrativa y no judicial, a los extranjeros que carezcan de la documentación exigida para su radicación en Europa, mientras se tramita su expulsión al país de origen o a un tercero.
También establece que los inmigrantes menores de 18 años no acompañados de sus padres o tutores serán repatriados y que todos aquellos que sean expulsados no podrán volver a ningún país del bloque por los siguientes cinco años, apunta IPS.
El anuncio de Madrid lo hizo este viernes la vicepresidenta primera del Ejecutivo español, María Teresa Fernández de la Vega, en rueda de prensa tras el consejo de ministros, como respuesta a la repulsa fuerte y generalizada de América Latina, a la que se sumó Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano, al considerar que «no contribuye a fortalecer un clima de confianza mutua y de respeto entre el Norte y el Sur», según lo citó IPS.
Entre las voces primeras estuvo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, quien no solo la rechazó «con toda el alma», sino que habló de no vender petróleo al Viejo Continente, a donde exporta unos 400 000 barriles diarios, y sugirió la posibilidad de cancelar las inversiones o el retorno de ellas a los países que apliquen las expulsiones de los inmigrantes. Aclaró, empero, que su condena es a los gobiernos y partidos «de derecha y de ultra- derecha, algunas muy cercanas al fascismo», y no a los movimientos sociales y políticos contrarios a la medida.
La contrarréplica de Bruselas no se hizo esperar, cuando algunos de los líderes defensores de la nueva ley hicieron mención específica al presidente venezolano Hugo Chávez.
Según Reuters el primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa, cuyo país ostenta la presidencia de la UE, calificó de «tal vez exagerada» las declaraciones de Chávez.
Sin embargo, el repudio es bien generalizado. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, propuso crear un frente regional de protesta y la calificó de «directiva de la vergüenza», y el boliviano Evo Morales apuntó que los parlamentarios y gobernantes de la UE debían ponerse «la mano en el pecho y revisar la historia» y les recordó que «en 500 años nunca se decidió expulsar a nadie» de América Latina pese a que «nos han saboteado, saqueado, humillado, odiado y explotado».
El gobierno de Brasil «lamentó» la normativa que «contribuye a crear una percepción negativa de la migración», y posición semejante asumieron Argentina y el Senado de Uruguay; Alan García en Perú llamó a la OEA al análisis para definir una postura continental ante lo que consideró injusto y «discriminatorio»; y el presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, tildó de ingratitud de Europa hacia América Latina cuando «criminaliza» la inmigración. La Cámara de Diputados de ese país calificó la ley europea de «abusiva y atentatoria» contra los derechos humanos, según reportaron IPS, AP y AFP.
Los gobiernos o cancillerías de Honduras, Guatemala, Colombia y Chile se sumaron al reclamo de tratamiento justo y humanitario para los inmigrantes en correspondencia con el que tradicionalmente América Latina les ha brindado a los nacionales europeos en sus territorios, señaló ANSA.
En Quito, la titular de la Secretaría Nacional del Migrante, Lorena Escudero, señaló que el diálogo político entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea para alcanzar un tratado de libre comercio «no puede continuar» si los europeos hacen oídos sordos a los reparos andinos a las nuevas leyes de inmigración.
