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«Mucho de lo que hoy hacemos, lo hacía ya hace 25 años la CIA de manera encubierta». Quien hace estas sorprendentes declaraciones es Allen Weinstein, historiador y primer presidente de la National Endowment for Democracy (NED) —Fundación Nacional para la Democracia—, una asociación estadounidense «sin ánimo lucrativo» y con objetivos particularmente «virtuosos»: promover los derechos humanos y la democracia.
La NED aún no existía cuando el 26 de febrero de 1967 The Washington Post desató un escándalo con repercusiones internacionales: develaba que la Agencia Central de Inteligencia (CIA), financiaba en el exterior a sindicatos, organizaciones culturales, medios de comunicación, así como a reputados intelectuales. Por el artículo se supo cómo hacía llegar el dinero.
Para reducir la presión, el presidente Lindon Johnson ordenó una investigación, aunque él sabía que la CIA estaba mandatada para ese tipo de actividades desde su creación en 1947.
Nace la criaturaA partir de 1975 la CIA vuelve a ser investigada por el Senado de su país, principalmente por su responsabilidad en complots y crímenes contra varios dirigentes políticos del mundo (Patricio Lumumba, Fidel Castro, Salvador Allende, etc.).
Paralelamente, los éxitos de varios movimientos revolucionarios en África y América Latina, obligaron a Washington a aceptar que la labor de infiltración de las organizaciones de la «sociedad civil» era decisiva, pero la vía no era la adecuada. Se recordó entonces que «para llevar la batalla de ideas a foros internacionales, la administración Johnson (...) había recomendado el establecimiento de un mecanismo público-privado para financiar abiertamente actividades en el extranjero».
Con tal fin, en 1979 se establece la American Political Foundation (APF). Era una coalición de los partidos Demócrata y Republicano, dirigentes sindicales y patronales, académicos conservadores y organismos oficiales de la política exterior.
El 14 de enero de 1983 el presidente Ronald Reagan firma la Directiva secreta NSDD-77. Ahí ordena implementar lo que anunció en su discurso ante el Parlamento británico el 8 de junio de 1982: una «infraestructura» para «contribuir a la campaña global por la democracia». La Directiva precisa que para ello «se requerirá una fuerte colaboración entre los recursos de política extranjera, sean económicos, políticos y militares, así como una estrecha relación con los siguientes sectores de la sociedad americana: laborales, empresariales, universitarios, filantrópicos, partidos políticos y prensa (...)».
Sin mencionar que era parte del desarrollo de la Directiva, Reagan presenta la propuesta de la APF al Congreso, llamada «The Democracy Program». Así, el 23 de noviembre de 1983, nace por ley la National Endowment for Democracy (NED).
Cuatro corporaciones son la base de la NED, y responsables de su gestión. Una rama de la central sindical AFL-CIO, Free Trade Union Institute (FTUI), que pasó a llamarse American Center for International Labor Solidarity (ACILS), la única existente antes que la NED. Las otras se crearon ad hoc: el Center for International Private Enterprise (CIPE), de la Cámara de Comercio; el International Republican Institute (IRI), del Partido Republicano; y el National Democratic Institute (NDI), del Partido Demócrata.
Aunque jurídicamente es una asociación privada, su financiamiento es aprobado por el Congreso, figurando en el presupuesto del Departamento de Estado. Además de librar de responsabilidades al gobierno, su estatuto tiene otra ventaja estratégica. Para el ex funcionario del Departamento de Estado, William Blum, lo «no gubernamental hace parte de la imagen, parte del mito (...), contribuye a mantener en el exterior un grado de credibilidad que una agencia del gobierno de Estados Unidos no podría tener».
En octubre de 1986 se destapa el escándalo que casi tumba al gobierno Reagan-Bush. Se constata que desde la Casa Blanca se organiza el financiamiento ilegal para acabar con el gobierno sandinista de Nicaragua, que incluyó el tráfico de cocaína. Coincidencia: coordinado por el coronel Oliver North, bajo la dirección del Consejo Nacional de Seguridad (NSC), toda la estructura se llamaba... «The Democracy Program».
Aunque se conoció que la NED tuvo rol de primer orden, curiosamente las investigaciones se centraron en el financiamiento del aparato militar, la «contra». Menos interesó que esta organización «no gubernamental» estuviera supervisada desde su nacimiento y hasta 1987 por Walter Raymond, alto oficial de la CIA y miembro del Directorio de Inteligencia del NSC.
«Hija del Proyecto Democracia de Ronald Reagan, la NED (...) puso recursos en manos de numerosos grupos, entre ellos la Fundación Nacional Cubano Americana, FNCA», asegura Jorge Mas Canosa, en ese entonces presidente de la organización extremista, creada por el NSC en las mismas fechas que la NED. Bajo el eslogan «la libertad de Cuba pasa por Nicaragua», la FNCA actuó contra los sandinistas. Continúa Mas Canosa: «Los orígenes de esta colaboración se dieron cuando Theodore Shackley, ex adjunto de la dirección de operaciones de la CIA, y jefe de la sección de servicios clandestinos, pidió a los miembros de la FNCA apoyo a la política centroamericana...».
La habilidad demostrada por la NED para canalizar fondos, crear ONG, manipular elecciones y la intoxicación mediática, fue la prueba incontestable de que había heredado la gran experiencia de la CIA, de la sección del Departamento de Estado encargada de la cooperación, la USAID, y de numerosas personalidades de la «élite» conservadora ligadas a la política extranjera estadounidense.
Con excepción del terrorismo, el gobierno de Reagan utilizaría los mismos métodos en los países socialistas de Europa del Este. Las fisuras que tenían esos estados, y la distancia entre gobernantes y gobernados, le hicieron la tare
