Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Bush y su guerra según Alexander Zudin, publicada en Obshaya Gazeta, diario de San Petersburgo, Rusia. Dicen que el mayor caso de corrupción relacionado con la guerra de Iraq está ahora siendo investigado y hasta lo catalogan como el más grande escándalo de soborno en toda la historia militar de Estados Unidos.

Por ahora solo está implicado uno, el mayor del ejército John L. Cockerham, un oficial dedicado a procurar contratos para las fuerzas armadas, quien desde su cuartel en Fort Sam Houston, en Texas, escucha los cargos: aceptar coimas por 9,6 millones de dólares y propuestas de recibir otros 5,4 millones por conducir lucrativos tratos con los contratistas que «reconstruyen» Iraq. Los negocios los hizo durante el lapso 2004-2006 en que estuvo estacionado en Camp Arifjan, en Kuwait.

Fue Stuart W. Bowen Jr., el inspector general especial para la reconstrucción de Iraq, quien acuñó en declaraciones al diario San Antonio Express-News que «este es el mayor caso de soborno que ha salido en la experiencia de la reconstrucción de Iraq».

Al parecer se trataría de un negocio de familia, puesto que la esposa de Cockerham, Melissa, y su hermana Carolyn Blake también están acusadas de ayudarle a lavar el dinero. La Blake trabajaba para una compañía en Kuwait y aceptó 3,1 millones en nombre del mayor, mientras se guardaba para sí 313 512 dólares.

Por lo menos ocho contratistas no revelados aún están envueltos en este caso de corrupción, aunque dos de esas compañías basadas en Kuwait, TransOriente y Green Valley Co., han sido identificadas, incluso esta última apareció en mayo en una lista oficial que prohíbe que agencias federales hagan negocios con esas empresas porque existen alegaciones de que están involucradas en la obtención de contratos mediante el soborno y el fraude.

Pero Cockerham parece ser un peje de menos cuantía, y otros oficiales de mayor rango pueden salir a escena a medida que avancen las pesquisas; lo de Camp Arifjan huele muy mal y puede abarcar a múltiples militares estadounidenses, incluso a uno que murió en circunstancias misteriosas, cuando ya estaba bajo investigación, aseguran las informaciones.

Los Cockerham, que aducen inocencia, casi se están presentando como chivos expiatorios de una conspiración del gobierno en su contra, y si se busca en las turbias historias de los contratos de Iraq, lo de confabulación dentro de la administración Bush-Cheney no es ningún cuento de ciencia ficción, ni una excusa para salvar el pellejo.

Realmente el sumario del mayor de Fort Sam Houston es apenas uno entre 65 investigaciones sobre fraude de los contratistas de la reconstrucción de Iraq que están siendo estudiados por el inspector general especial, de los cuales cerca de 30 ya han sido referidos al Departamento de Justicia de Estados Unidos para ser procesados.

Ello demuestra una extensión de la corrupción en el programa estadounidense para supuestamente reconstruir Iraq; sin embargo, el inspector general especial Bowen asegura que ese es un componente menor en el total del presupuesto estadounidense en el país mesopotámico: el despilfarro es un asunto más serio y significativo, dicen los auditores, y se conoce cuando se ha gastado en vano del Fondo para la Reconstrucción y la Ayuda a Iraq.

Lo mejor del caso es que la oficina de Bowen ha sido a su vez acusada de malgastar fondos en un proyecto para producir un libro sobre las lecciones aprendidas durante la ineficiente reconstrucción de Iraq. Al menos eso dijo el diario USA Today en un reporte de este año.

Efectivamente, los investigadores federales hablan ya de toda una red de sobornos y fraudes que no solo constituyen un grave delito con los dineros del Tesoro, sino que han inflado los costos de la guerra.

Recordemos que una de las empresas más destacadas en esas fechorías ha sido KBR, la antigua Kellogg, Brown & Root, subsidiaria de Halliburton, la empresa del vicepresidente Dick Cheney que, para burlar las pesquisas, dejó de ser estadounidense y se convirtió en un consorcio de Dubai, país del Medio Oriente que, casualmente, no tiene tratado de extradición con Estados Unidos, una garantía para que la compañía no pueda ser encontrada culpable de actividad criminal alguna, ventaja que se une a las amistosas regulaciones impositivas de Dubai.

Al menos ocho empleados de la KBR y de una subcontratista, la Eagle Global Logistics Incorporated, fueron instruidos de cargo en su momento porque del 2002 al 2005 habían aportado «gratuidades» —linda forma de llamar a las mordidas o coimas— a funcionarios que otorgaban contratos para el negocio de Iraq.

En el caso de KBR era el suministro a los militares estadounidenses de alimentos, combustible, albergues y otras necesidades. Según The New York Times el dinero pagado a KBR alcanzaba nada menos que los 20 000 millones de dólares.

Los ejecutivos de la Eagle utilizaron una artimaña de altura para subir los precios de sus servicios, consistentes en llevar cargas militares desde Dubai y los Emiratos Árabes Unidos hasta Bagdad: aprovecharon la circunstancia de que en noviembre de 2003 un avión de la compañía DHL había sido alcanzado por un misil y llegó a la capital iraquí con un ala envuelta en llamas, y «cargaron» los costos de flete en 50 centavos de dólar más por cada kilogramo de carga bajo el acápite de «recargo por riesgo de guerra».

Los datos suministrados por un reportaje del New York Times daban cuenta de cuánto se embolsaron en los 379 vuelos que hizo Tagle entre noviembre de 2003 y julio de 2004: 13,3 millones de dólares, incluidos 1,1 millón del recargo.

Mientras cosas como estas suceden en el mundo de los negocios que siguen la ruta del dinero, la carnicería traza otro camino, este sangriento, que se ha llevado ya la vida de 3 646 estadounidenses y más de 600 000 iraquíes —cifra esta no confirmada porque a Washington no le interesó ni le interesa que, en el desastre que ha provocado, se cuenten los cuerpos de sus víctimas.

El único conteo que les importa es el de sus ganancias. David Lesar, presidente ejecutivo (CEO) de Halliburton ha incrementado su capital personal en 50 millones de dólares desde el fatídico 11 de septiembre. Según datos suministrados por la publicación Counterpunch, Dick Cheney recibió 24 millones de dólares a cambio de garantizar a Halliburton que sería el contratista militar número uno durante la administración Bush. Según el senador demócrata de New Jersey, Frank Lautenberg, en el año 2005 el vicepresidente de Bush todavía tenía en su poder 300 000 acciones de Haliburton, cuyo valor se había incrementado en 3,281 por ciento sobre el año previo.

Por supuesto, esa gerencia no es la única beneficiada, la lista de Excess Report (Reporte de Excesos) da a George David, CEO de United Technologies —una de las más importantes firmas de la industria bélica, fabricante de los helicópteros de combate Black Hawk— como el que mayores ganancias personales ha obtenido de la guerra: más de 200 millones de dólares desde la caída de las Torres Gemelas de Nueva York. Los ejecutivos de los 34 más importantes contratistas del Pentágono doblaron desde entonces sus ingresos.

Estos son los pejes gordos que han engordado sus arcas abriendo en Iraq una caja de Pandora para liberar así todos los males.

Para obtener ganancias cada vez mayores, los que han invertido en la guerra de Iraq no paran mientes. Sobornos, fraudes y cuentas infladas no son métodos únicos. Las firmas estadounidenses en Iraq explotan también a los trabajadores, como se decía recientemente en Iraq Slogger, sin importarles las medidas diseñadas para evitar abusos laborales perpetrados por los contratistas.

Los civiles extranjeros que trabajan en los campamentos militares de los ocupantes tienen salarios bajos, acceso limitado a la atención médica, alojamientos abarrotados y en malas condiciones, y comida cuestionable, además de que sus empleadores les retienen los pasaportes, a pesar de que una orden de abril de 2006 prohibió esas prácticas.

La publicación citaba el caso de obreros srilankeses que habían sido empleados supuestamente para trabajar en Kuwait y terminaron en Mosul; iban a hacer dos o tres veces más que su salario normal y resultó que no le habían pagado todavía a excepción de 50 dólares de adelanto. Trabajadores paquistaníes cerca de Falluja se quejaban de la retención de sus pasaportes y cuando lograron su devolución la primera página estaba rota. Otros empleados procedentes de la India relataron escenas concordantes con la esclavitud: fueron apaleados y uno de ellos esposado a un poste durante horas.

Algunas de estas anécdotas corresponden a Camp Stryker, donde la empresa KBR es la encargada del mantenimiento y las comidas. Un vocero del consorcio aseguraba rápidamente que tales incidentes no eran ciertos, que su compañía no toleraba que sus trabajadores permanecieran en tales condiciones laborales y menos aún contra su voluntad.

Uno a uno van saliendo los trapos sucios de una guerra que se hizo no solo para lograr el control de una estratégica región del planeta y su principal riqueza: el petróleo, sino también para corromper o exprimir en busca de cada billete verde...