Unas cuatro o cinco cuadras ocupaba aquella feria agropecuaria del municipio capitalino de Playa: en calle 13, desde 74 hasta casi 82. Dicen que la iniciativa es tradición cada sábado para acercar a los pobladores de esta zona todo tipo de productos, y no solo los que da la tierra. Sin embargo, ideas como estas a veces son empañadas por quienes venden sus propias ofertas, violando hasta lo establecido y hoy no voy a hablar de los tan vapuleados precios.
Un ejemplo concreto: Hace algunas semanas, buen tramo tuvimos que andar para encontrar allí quien aceptara transferencias bancarias para adquirir los bienes que necesitaba (o necesitábamos). ¿Acepta transferencia? Fue la pregunta de un puesto a otro y la respuesta fue la misma en todo momento: «No». Algunos vendedores ni siquiera se molestaban en dar una explicación; otros esgrimían argumentos que rayan en lo absurdo.
Por suerte, siempre aparece alguien que cumple: claro que sí, respondió el dueño de una de las tarimas de productos agropecuarios. Pero, él no solo actuó en correspondencia con lo legalmente establecido, sino que tuvo, también, un gesto admirable hacia nosotros, frente a aquel colega suyo que no quiso aceptar nuestra transferencia de 180 pesos para comprar un mazo de habichuelas.
Entonces, le propusimos que nos diera ese equivalente en efectivo para transferírselo; y así ocurrió. Aplausos para él y los que aceptan transferencias, porque ese sábado en la feria muchos desaprobaron semejante asignatura, y más aún, quebrantaron nuestros derechos como consumidores; y con esas actitudes, además, se burlan y menosprecian lo estipulado, a la vez que siguen frenando el avance hacia la bancarización y modernización de los pagos en Cuba, un camino necesario e irreversible en los tiempos que vivimos.
La escena descrita y otras vividas por este reportero o colegas suyos en los más diversos sitios demuestra que en muchos lugares el cuartico sigue igualito, muy a pesar de que las autoridades cubanas, en los últimos años, han establecido regulaciones para garantizar que todos los proveedores de bienes y servicios en el mercado minorista cuenten con opciones de pago electrónico.
«Ya recogimos toda la transferencia que podíamos aceptar hoy», «No me están llegando las notificaciones del Transfermóvil», «A esta hora ya no se puede recibir transferencia», «Tengo que consultar con el jefe», «Si pagas por transferencia, debo cobrarte un porciento de más»… respuestas como estas y otras similares esgrimen quienes deberían acabar de aceptar modos electrónicos de pago como algo cotidiano.
Son meras justificaciones —y a veces, hasta desfachatez y burla— para limitar alternativas que le asisten por derecho a la ciudadanía. Y uno debe ser paciente para oírlas e, incluso, pretender que se las cree, para no entrar en confrontación directa con el encargado de transmitirlas, que muchas veces no es el que da la orden de actuar de esta manera.
A ellos, habrá que recordarles, una y otra vez, sin cansarnos, la Resolución 93/2023 del Ministerio de Comercio Interior que instauró «la obligatoriedad de las entidades dedicadas al comercio de asegurar a los consumidores el acceso y uso de los canales electrónicos de pago». Ello incluye terminales de punto de venta o pasarelas nacionales como Transfermóvil y Enzona. La norma aplica a todas las entidades, ya sean estatales o privadas, y solo exonera a aquellas ubicadas en zonas de silencio certificadas por Etecsa.
Y la fiscalización es de todos, de los organismos y entidades rectores, de los medios de comunicación y del pueblo, para que la impunidad no se instale en las tarimas o mostradores porque, como han explicado las autoridades, con quienes no garanticen las facilidades de pago, se procederá a la suspensión de su actividad comercial. Otras medidas que se adoptan son la imposición de multas, el cierre del establecimiento y en los casos reiterativos está previsto aplicar el decomiso de los instrumentos, equipos, mercancías o efectos que dan lugar a la contravención.
Por eso, sería imperdonable y, sobre todo, inaceptable, que la fórmula de «dinero contante y sonante», que impera hoy en muchos sitios, termine imponiéndose en la vida cotidiana. Así, donde están creadas las condiciones, deben imperar acciones severas de control, de exigencia, de enfrentamiento ante lo mal hecho…, para no seguir preguntando eternamente «¿Acepta transferencias?», como quien pide un favor o propone un trato vergonzoso. Apretemos las tuercas de la bancarización. Es derecho y deber ciudadanos.
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