AUNQUE es un proceso ineludible y necesario para la economía cubana, ya el ordenamiento monetario revela una de sus complejidades, recién iniciado con su consiguiente reforma de precios. Y requerirá un monitoreo sistemático para reconsiderar y atenuar sus impactos en la población.
Habrá que ir examinándolo con los días y las evidencias de la realidad, que suele ser terca. Salta a la vista que, aun con una reforma general de salarios, pensiones y prestaciones de la asistencia social, se impone un detector perenne de los costos sociales y vulnerabilidades resultantes. La asistencia social, de hecho, está desafiada en su dinamismo y capacidad de cobertura.
Por lo pronto, se han tenido que reconsiderar ciertos precios y tarifas centralizados, como los de la electricidad y el gas licuado, más otros de decisión territorial. Y se necesita también atajar a tiempo que la descentralización de atribuciones para fijar precios no sea manejada para buscar ganancias e ingresos a todo costo; o más bien a costa del bolsillo ciudadano.
Las autoridades del país no han dado señales de un golpe seco e irreversible, como los paquetazos sordos que campean por el mundo. El propio Presidente cubano ha defendido la idea de la
reconsideración y el reanálisis de los desbordes y excesos, teniendo siempre en cuenta los estados de opinión de la población. Pero ello no puede desvirtuarse en la cadena transmisora hacia abajo, de manera que prime el sálvese quien pueda. El propio Gobierno tendrá una ardua tarea para llegar a las raíces profundas de los nuevos problemas.
Aunque era previsible un desencadenante inflacionario en esta cura de caballo de nuestra economía, urge prever que los saldos no se agraven por el desentendimiento, la desidia, el inmovilismo funcionarial y la resistencia burocrática a los consiguientes cambios liberadores que sobrevienen como parte de la nueva estrategia económica.
Si algo se revela ya, es un consumidor más activo y defensor de sus derechos, que está constantemente colmando de preguntas, inquietudes y solicitudes de esclarecimiento la agenda de los propios ministros, quienes comparecen y dan el rostro como nunca antes en los espacios comunicacionales a los estados de opinión de la población, unos con más agudeza que otros. Y esa interacción tiene que calar el cuerpo de la nación hasta abajo, y de abajo hacia arriba.
El hecho de que los precios y tarifas minoristas hayan aumentado, constituye un verdadero desafío a los tradicionales problemas de calidad de nuestros productos y servicios, y la mediocre conformidad y desentendimiento de administraciones y funcionarios públicos, que simulan cumplir con la política orientada desde arriba más con palabras repetitivas que con el rigor, el orden y el ejemplo que necesita el ciudadano.
El agónico ejemplo del pan normado es solo la punta del iceberg. Por lo general, salvo honrosas excepciones, ese cuasi mendrugo ha sido la vergüenza de cada día y la mejor metáfora del engaño: desde antes, cuando costaba cinco centavos. Y ahora, con el valor de un peso, los consumidores están renunciando a comprarlo, en una suerte de rebelión pacífica de la autoestima.
Este podría ser el inicio de una recuperación de la cultura devocionaria hacia el ciudadano y su complicada vida cotidiana entre tantas afrentas provenientes del desfalco, la sustracción, la chapucería y el irrespeto a su bolsillo. La gente está situando sobre el tapete sus denuncias, y solo toca controlar y hacer cumplir en cada lugar la autoridad que el Estado ha conferido. Mientras se rediseña el modelo económico, de manera que trabajando, en lo estatal como en lo no estatal, la gente prospere y no caiga en tentaciones, ¿es tan imposible que cada responsable, hasta el más modesto sitio, vele por la defensa del ciudadano? ¿Habrá que reconsiderar un nuevo proceso de idoneidad para jefes y subordinados?
Igualmente se requiere revolucionar nuestro cuerpo jurídico, y darle más autoridad y mecanismos de resarcimiento a la protección del consumidor, que durante años ha caído en un terreno tan movedizo e inseguro, el cual genera desesperanza y desconfianza. Un consumidor cautivo y con escasas opciones, en unas reglas del juego desiguales, diseñadas desde quien presta el servicio. Aquello de lo tomas o lo dejas.
También el hecho de que las estructuras de protección al consumidor estén insertadas en el propio diseño de las entidades que violan sus derechos, mengua bastante la efectividad de los procesos vindicativos de ese ciudadano, los enlentece y en algunos casos llega a entorpecerlos.
Algún día, no sé si sueño demasiado, aun cuando existan los departamentos de Atención en las propias entidades, debería existir una especie de institución independiente y dinámica de arbitraje, al estilo de la Contraloría General de la República, que represente a ese menoscabado en sus derechos, ante quienes siempre deberían servirle con respeto.
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