Cuando se habla de procesos electorales en otras naciones, muchas veces la mirada crítica aflora ante los millones de pesos que necesitan los candidatos para ser postulados por sus partidos.
Sostener una campaña cuesta, mucho más si la disputa por el poder mueve intereses sucios, desde ofrecimientos oportunistas al electorado hasta la perversa maquinaria mediática que justifica el vandalismo político. Por supuesto, solo los que puedan obtener un respaldo financiero —de forma legítima o no— entran en la competencia. El resto está obligado a ver el espectáculo desde las gradas, sin derecho a saltar al terreno donde se define la vida de una comunidad, una provincia o un país.
Sin embargo, hay quien, aunque posea suficientes riquezas, puede verse limitado a ocupar un puesto en las instancias fundamentales de decisión, simplemente por razones de edad, como ocurre en muchos países que exigen para ser diputado contar con más de 25 años, y en algunos casos 30 para el escaño de senador.
En nuestro país, donde los candidatos surgen de la nominación hecha por el pueblo y no son postulados por el Partido Comunista, la Constitución estipula que todos los ciudadanos, con capacidad legal para ello, tienen derecho a intervenir en la dirección del Estado, bien directamente o bien por intermedio de sus representantes elegidos para integrar los órganos del Poder Popular.
En ese sentido, la Ley de leyes establece que si la elección es para diputados a la Asamblea Nacional se requiere que estos sean mayores de 18 años. En el caso de los delegados a las Asambleas Municipales la edad mínima es 16.
El protagonismo de los jóvenes cubanos se expresa en su participación en las distintas esferas de la vida económica y social, como obreros en el surco, médicos en una zona de geografía intrincada, trabajadores en una fábrica, maestros defensores de su aula o vendedores en una cafetería. Pero su influencia va más allá. También ellos tienen un espacio destacado en la vida política del país, como un derecho supremo dado por la Revolución.
En la propia composición de la Asamblea Nacional se manifiesta. El máximo órgano del poder del Estado cuenta con 52 parlamentarios en el rango de 18 a 35 años, y entre 26 a 50 años existen más de 360 diputados. En total, el 78 por ciento de los actuales legisladores nacieron con la Revolución. De la misma manera, organizaciones como la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) constituyen ejes fundamentales de las Comisiones de Candidatura que se crean desde los municipios hasta la instancia nacional.
Jóvenes son también muchos delegados de circunscripción, quienes desde la cotidianidad del barrio batallan por encontrar soluciones a distintos problemas, sorteando trabas e incomprensiones muchas veces, pero con la legitimidad que les otorga el voto de sus propios vecinos. Las recientes conexiones necesarias desarrolladas por la Unión de Jóvenes Comunistas —iniciativa que no solo ubica en su justa vanguardia a la militancia, sino a todo el universo juvenil— es otra prueba de que existe un pensamiento inclusivo, que asume la diversidad de criterios y el dinamismo de los nuevos tiempos. Ello demuestra que el ejercicio democrático en la Isla no se agota en el momento de las elecciones; lo supera.
Fundamentalmente ahora, cuando se llega a la etapa más compleja de implementación de los Lineamientos aprobados por el Sexto Congreso del Partido, mayor es la responsabilidad de los pinos nuevos en la construcción de ese socialismo próspero y sostenible al que aspiramos, con el aporte activo y perfectible de todos los ciudadanos.
Aquí el Estado crea plenas posibilidades y defiende el derecho a que salten al terreno y definan, ellos mismos, su ruta.
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