23
LIMA, julio 19.— Los reclamos de salida de Boluarte, adelanto de elecciones y convocatoria a una Constituyente retornaron con masividad y fuerza ayer miércoles en distintas ciudades del país y varias plazas de esta capital, donde el inicio de la llamada tercera toma de Lima se describía rodeado de tensa calma.
Actos masivos estaban convocados para la tarde pero desde la mañana comenzaron a reunirse los contingentes para iniciar sus movilizaciones, que fueron antecedidas por otras marchas, describió Telesur.
Un fuerte despliegue calificado como «servicio policial extraordinario» fue preparado con antelación de una semana y desplegó a 24 000 efectivos, según dijo el ministro del Interior, Vicente Romero, para registrar a las personas que lleguen a la capital con el fin de participar en la protesta.
Pero como se suponía, una buena cantidad de ellos «custodiaba» las plazas capitalinas este miércoles.
El cerrado «blindaje» para entrar en la capital provocó que el desplazamiento de los manifestantes se realizara, en gran parte, en forma individual.
No podía esperarse menos del alcalde de Lima, el derechista Rafael López Aliaga, quien pidió a la Policía «redoblar esfuerzos en los puntos de entrada» para «detectar quién viene y con qué intención», narró Russia Today.
Incluso el defensor del pueblo designado por el Congreso, Josué Gutiérrez, advirtió que los gendarmes intervendrían si se producían actos violentos o se apelaba a lo que llamó «el anarquismo».
Luego de varios meses sin movilizaciones, la protesta volvió a expresar el fuerte rechazo a la presidenta designada luego de la democión por el Congreso, en diciembre pasado, de Pedro Castillo, luego de sabotear constantemente su gestión.
La marcha fue convocada por la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc), a la que pertenecía Castillo, quien fue campesino rondero; la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGP), gremios docentes, movimientos indígenas y otros colectivos, a los que se sumaron gremios regionales y líderes políticos como el exmandatario Martín Vizcarra —también depuesto mediante vacancia presidencial— o la exaspirante a la presidencia Verónika Mendoza.
Dirigentes de los diferentes sindicatos y movimientos sociales aseguraron que las manifestaciones serían pacíficas, pero la represión con que Boluarte enfrentó las manifestaciones de inicios de año con costo de 70 víctimas fatales, hicieron tomar recaudos a organismos de defensa de los derechos humanos que anunciaron estarían atentos a los acontecimientos.
Russia Today reportó que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) arrojaron bombas lacrimógenas a manifestantes en la ciudad de Huancavelica, departamento homónimo, en medio de la marcha nacional, según imágenes captadas por medios locales.
Ignorando nuevamente el clamor popular como en otras ocasiones, Boluarte volvió a justificar en conferencia de prensa la víspera, la imposibilidad de adelantar elecciones porque dos proyectos de ley en tal sentido fueron rechazados por el Congreso, e insistió en la acusación de que detrás de las protestas del miércoles habría intereses políticos para generar caos, agregó Telesur.
Sin embargo, evadió mencionar que su renuncia bastaría para habilitar la convocatoria a nuevos comicios, y que ella es una presidenta designada y no electa, que llegó a la primera magistratura desde la vicepresidencia para completar el mandato de Castillo, a quien algunos consideran ella traicionó.
Hace tres semanas, observadores dijeron que la aceptación de la Presidenta había «tocado el suelo», ante un rechazo expresado en encuestas del 83 por ciento de la población.
