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El primer ministro griego, Yorgos Papandreu, advirtió este domingo sobre las consecuencias que para la credibilidad de Grecia y sus bancos presupone una eventual «bancarrota desordenada» en este país, informó PL.
Papandreu demandó al Parlamento que apoye su impopular plan de recortes adicionales tras alertar que la nación se encuentra en una encrucijada crítica y la quiebra implicaría una catástrofe.
«Las divisiones no ayudan», reiteró el primer ministro al renovar el llamado de unidad a la población griega para que acepte los ajustes exigidos por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El gobernante, cuya gestión se someterá esta semana a un voto de confianza en el Legislativo, solicitado por él mismo, defendió la intervención de la UE y el FMI en la recuperación económica de Grecia.
Recordó que sin la ayuda de ambas instituciones las reservas de efectivo de este país se agotarán muy pronto y no queda otra alternativa que acatar los severos ajustes propuestos a cambio de su ayuda financiera.
El nuevo programa de recortes, que contempla más privatizaciones, desempleo y alza de impuestos, ha encontrado un amplio rechazo de los sindicatos y las fuerzas políticas griegas.
La UE y el FMI exigen al Gobierno de Atenas nuevas y más duras medidas de austeridad como condición para acceder al rescate concedido en 2010, equivalente a 110 mil millones de euros.
Este domingo los ministros de Finanzas del Eurogrupo debaten en Bruselas el pago del quinto tramo del auxilio ofrecido hace un año, el cual oscilará entre 12 y 18 mil millones de euros.
Analistas sostienen que sin esa suma, que depende de la aprobación del paquete de austeridad a debate en el Parlamento griego, el Gobierno de Atenas suspendería pagos este mismo verano.
La ayuda concedida el año pasado para enfrentar el abultado déficit griego no ha sido todo lo efectiva que se esperaba y ya los Veintisiete analizan la posibilidad a aprobar un segundo rescate en julio venidero.
El nuevo auxilio, estimado en alrededor de 120 mil millones de euros, mantiene divididos a los gobiernos comunitarios, que se debaten entre aceptar o no la participación de inversores privados.
