Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Profundo en su sencillez y aparente llaneza indígena, Evo Morales ha identificado a la Asamblea Constituyente como la oportunidad de revertir lo que llama «el pecado original de Bolivia: haber sido fundada excluyendo al 90 por ciento de la población».

Se trata, ha dicho en reciente entrevista concedida a Página 12, de cambiar pacíficamente la estructura del Estado, recuperar el territorio y los recursos naturales, incorporar la justicia comunitaria desterrando la corrupción, y refundar la nación incorporando a las mayorías nacionales.

Ese es el camino que empieza a transitarse hoy, cuando los bolivianos eligen a los encargados de poner los cimientos institucionales sobre los que se levanta ya ese nuevo Estado.

Cierto que la refundación, concebida como el cambio de raíz, está en marcha mediante medidas audaces y verdaderamente revolucionarias que resultan la mejor «propaganda» a lo que se define este domingo en las urnas.

Retoma para la nación de los recursos naturales y las empresas que estaban en manos extranjeras de modo que, con la soberanía económica, haya verdadera soberanía nacional; repartición de la tierra; rebaja en los sueldos de los altos funcionarios y austeridad estatal; alfabetización y salud para los postergados; planes de apoyo y crédito al sector agrícola; programas para la creación de empleo...Y una discusión con las bases que, por primera vez, permite hablar allí de participación del pueblo.

No se ha andado con paños tibios el joven gobierno del MAS. Tampoco le estaba permitido. Se trata de un ejecutivo que ha asumido no solo con respaldo, sino también con un claro mandato popular delineado en el levantamiento de octubre de 2003 y la expulsión del entreguista y neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada. Entorpece la derecha, y compulsa y presiona la que podría llamarse «extrema izquierda» de los movimientos sociales...

Evo solo ha escuchado... «En cinco meses —afirma— nos consolidamos como gobierno atendiendo demandas sociales y, al mismo tiempo, abordando los temas estructurales».

Como la nacionalización de los hidrocarburos, la celebración de la Asamblea Constituyente es una aspiración antigua aceptada como compromiso por el sustituto Carlos Mesa cuando Lozada se fue... Pero esa transformación, recogida en la que los bolivianos llaman «agenda de octubre», debe tener sustento, además, en la ley. Eso es lo que está sobre el tablero.

No habrá «borradores» u otros textos previos. Solo principios y aspiraciones que los 255 hombres y mujeres que sean electos hoy, tendrán la responsabilidad de convertir en cláusulas y artículos. Les precede y asesora un Consejo integrado por intelectuales y otras personalidades, a los que se sumaron delegados de los tres poderes del Estado y de los partidos políticos. Pero será obra de la Asamblea establecer en blanco y negro, las pautas que marcarán los nuevos rumbos.

No debe sorprender entonces que en los despachos informativos fechados en La Paz, se afirme que la elección ha polarizado las posiciones políticas.

Los días precedentes se han parecido bastante a una campaña eleccionaria partidista cualquiera, marcada sobre todo por los vituperios del opositor partido PODEMOS (Poder Democrático y Social), del ex mandatario y derrotado en las urnas Jorge «Tuto» Quiroga. Sus acólitos no han parado mientes en capitalizar el disgusto de los oligarcas y el temor de los no excluidos pero asustadizos empresarios privados, para virarlos en contra del MAS y la refundación. Ellos han politizado un proceso que, siendo político, tiene, sin embargo, mucho de social.

En ese interés se manipula y blande el reclamo de las autonomías regionales, que no por gusto tiene bastión en la próspera y rica provincia de Santa Cruz y motivo de que, junto a la elección de los «constituyentes», se vote hoy un referendo para que cada departamento diga si quiere ser autonómico o no.

«Unidos por el Sí» fue el lema con que el llamado Comité Pro Santa Cruz cerró campaña para el referendo, el miércoles pasado.

En medio de la lucha callejera que mantenían quienes reclamaban al dimitente Carlos Mesa la nacionalización de los hidrocarburos y una nueva Constitución, en enero de 2005 Santa Cruz y Tarija daban ya un clarinazo autonómico con fuertes visos separatistas que, en opinión de muchos, amenazaba auspiciar la fragmentación nacional. Le llaman «la agenda de enero».

«No estamos peleando con el centralismo, no contra un gobierno, sino contra una estructura estatal centralizada», acaba de asegurar el portavoz del Comité Pro Santa Cruz, Daniel Castro.

Sin embargo, se sabe que detrás hay más, y preocupa el latente deseo de los oligarcas y la derecha de que los recursos de cada departamento queden al albedrío de las autoridades de la localidad. Ello conspiraría contra los deseos del MAS de hacer crecer económicamente a Bolivia, devolver el control al Estado, y repartir igualitariamente y mejor.

«Solo quieren autonomía para una burguesía, para los ricos y no para los pueblos; así no sirve para nada, no sirve para los bolivianos», ha advertido Evo.

Pero los líderes empresariales santacruceños han «metido en vena» de los pobladores el egoísta razonamiento de que se trata, en todo caso, de «preservar» para ellos la riqueza departamental.

La puja data de atrás y, en favor del entendimiento nacional, ha sido asumida por un ejecutivo que concilia «las dos agendas», aunque esté en el deber de denunciar aquellos intereses mezquinos. Las autoridades bolivianas, no obstante, han dejado a la población e, incluso, a los militantes del gubernamental Movimiento al Socialismo, en libertad de votar.

Así, junto a los nombres de los aspirantes a «constituyentes», se marcará hoy en las urnas la respuesta a una explícita pregunta: «¿Está usted de acuerdo en el marco de la unidad nacional, en dar a la Asamblea Constituyente el mandato vinculante para establecer un régimen de autonomía departamental, aplicable inmediatamente después de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, en los departamentos donde este referéndum tenga mayoría, de manera que sus autoridades sean elegidas directamente por los ciudadanos y reciban del Estado competencias ejecutivas, atribuciones normativas, administrativas y los recursos económicos-financieros que les asigne la nueva Constitución Política del Estado y las leyes?».

Como se ve, el referendo es vinculante con la Constituyente, lo que significa que será la Asamblea quien diga la última palabra sobre las características que asumirá dicha autonomía, solo en los departamentos donde este domingo tenga mayoría el Sí.

No puede menos que pensarse en campaña tendenciosa de mentiras y satanización, cuando funcionarios de la Casa Blanca y el mismo Bush hablan de «erosión a la democracia» en Bolivia.

Los aspirantes a «constituyentes» se han elegido y postulado desde las bases, a nivel de circunscripciones simples y departamentales, según lo estipulado en la Ley de convocatoria firmada por Evo Morales en el mes de marzo.

La instrumentación parece rápida, sin embargo, el proyecto existía ya, mucho antes de que el MAS ascendiera a la presidencia el pasado mes de enero.

No nació la demanda en el programa electoral de algún partido político, sino entre quienes más necesitaban la refundación: esos excluidos que, afirma Evo, constituyen el pecado original de Bolivia.

En 1990, la marcha indígena Por la dignidad, la tierra y el territorio fue la primera en enarbolar el reclamo, que empezó a tomar fuerza y generalizarse en el año 2000. Las movilizaciones de 2003 lo convirtieron en bandera.

¿Erosión de la democracia, dicen...? Evo y el MAS no están haciendo otra cosa que lo que pedían ayer: gobernar obedeciendo.

•3 720 000 ciudadanos están registrados para votar, según datos confirmados por la Corte Nacional Electoral. Se han abierto 23 000 mesas.

•La Asamblea Constituyente será instalada el 6 de agosto en la ciudad de Sucre, declarada capital constitucional del país, y tendrá un plazo entre seis meses y un año para concluir su trabajo.

•Antes de entrar en vigor, la nueva Constitución será sometida a consideración del pueblo.

•El referendo se aprobará por mayoría simple y, en los departamentos donde así resulte, se accederá al régimen autonómico una vez promulgada la nueva Carta Magna, sin desmedro de la unidad del país.